Foto: León Darío Peláez/SEMANA

El trazo natural del arroyo Bruno se encuentra actualmente a apenas 500 metros del tajo La Puente, que hace parte de la mina El Cerrejón. Esta semana se pararon las excavadoras, sierras y camiones que pretenden desviar 3,6 kilómetros el rumbo natural del afluente del río Ranchería. Esta obra permitirá expandir la mina en unas 170 hectáreas, accediendo a un suministro estimado de 35 millones de toneladas de carbón, eso sí con un costo alto para población Wayúu ya que el desvío del arroyo los dejará sin una de sus principales fuentes de agua.

El mes pasado el ANLA aprobó la desviación del arroyo en medio de polémica por la falta de consulta a las comunidades cercanas. El Tribunal Administrativo de La Guajira le pidió al Ministerio del Interior una revisión a la consulta previa a la comunidad Campo Herrera, localizada a dos kilómetros del Bruno. Por esta razón las obras se suspendieron, aunque ya se han avanzado los procesos de tala y movilización de flora y fauna en 27 hectáreas cercanas. Otras comunidades, como La Horqueta, argumentan que no fueron tenidas en cuenta para tomar la decisión. (Vea: Agua que gastan las centrales de carbón abastecería a 1.000 millones de personas)

El Cerrejón, con el aval de Corpoguajira, afirma que el desvío del arroyo no tendrá consecuencias ambientales. Los vecinos del lugar, por el contrario, aseguran que el río es fundamental para su supervivencia, en especial en una zona desértica como La Guajira. El Bruno es de los pocos afluentes que no se seca y ha sido crucial en momentos de sequía extrema como los de hace pocos meses. De allí se llenaban carrotanques que suplían a la región y según estudios de la ONG Censat Agua Viva, es el principal surtidor de líquido de las comunidades ribereñas.

Otra preocupación es la potencial contaminación del arroyo. Cerrejón no ha especificado qué tan cerca estará la extracción del afluente. Además, se pueden poner en riesgo las aguas subterráneas de la zona. La empresa insiste en que no tiene la intención de explotar el actual cauce del Bruno.

Organizaciones del pueblo Wayúu, residente en la zona, han clamado por el cese de las obras,  que también plantea desvíos en otros dos arroyos a futuro. Según ellos, las diferentes intervenciones a fuentes hídricas han condenado a los indígenas a la sed y el hambre. En total, 15 afluentes del río Ranchería, el principal del departamento, han sido desviados, reduciendo drásticamente su caudal. (Vea: Naciones Unidas augura conflictos por escasez de agua en el futuro)

Los habitantes de la región temen que se repita el caso de Aguas Blancas, un arroyo desviado en los noventa. En su momento se afirmó como hoy que su modificación no tendría afectación alguna, pero eventualmente el arroyo se secó como resultado de las obras. Felipe Rodríguez, del Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira, confirma el temor de la comunidad porque se repita de nuevo lo ocurrido con Aguas Blancas.

Por esto, están promoviendo el hashtag #elaguaesnuestra, una campaña por redes sociales que ha  presionado para proteger las fuentes hídricas de La Guajira. Defienden que el derecho al agua es para la humanidad y no para las multinacionales. Mientras tanto, el Ministerio del Interior tiene un mes para determinar si hubo irregularidades en la consulta a comunidades que le dio validez a la decisión de desviar al Bruno, uno de los pocos afluentes permanentes del agua que tanto le hace falta a La Guajira.

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