El desvío de este afluente del río Ranchería ha causado gran debate entre Cerrejón y las comunidades.

Hace unos días se conoció que el Consejo de Estado, en un fallo de segunda instancia, ordenó al Ministerio del Interior y a Cerrejón realizar consulta previa a varias comunidades indígenas que al parecer no habían sido tenidas en cuenta en el proyecto de desvío del arroyo Bruno en La Guajira.

El ente judicial revisó una tutela interpuesta por Marcela Lorenza Gil, de la comunidad de la Horqueta 2, y que fue fallada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de La Guajira. En ese momento se ordenó a Cerrejón la suspensión durante un mes de los actos administrativos de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira, en los que autorizaba la intervención de las aguas del arroyo.

Aunque muchos anunciaron nuevamente la suspensión de las obras, esto es algo que todavía no se puede afirmar. Semana Sostenible consultó con Corpoguajira y con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y en ambos casos sus directores aseguraron que no han sido notificados de la decisión.

“No tenemos en nuestras manos el fallo y por lo tanto no conocemos todos los alcances del documento”, aseguró Luis Manuel Medina, director de Corpoguajira. Según el funcionario, al parecer la decisión cuestiona el proceso de consulta previa, más no el sustento técnico de la obra. Sin embargo, no dio más detalles pues desconoce el texto completo.

Medina también agregó que en primera instancia se suspendieron las obras por la misma razón y que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior indicó que la comunidad que interpuso la tutela no debía ser objeto de consulta previa para el proyecto. “En ese momento también se hizo una revisión técnica y se determinó que la comunidad de La Horqueta no vería afectado su abastecimiento de agua por cuenta de la intervención del arroyo”, añadió.

Por su parte, Claudia González, directora de la Anla, aseguró que “la actuación de la entidad depende de los acuerdos a los que se lleguen durante la consulta previa”. Y es justo ese punto el que queda en el aire, pues no se sabe a partir de cuándo corren los 30 días de plazo para realizarla.

Lo más probable es que las notificaciones a todas las partes lleguen después del 10 de enero cuando la rama judicial regrese de vacaciones. Por ahora, habrá que esperar hasta el 2017 para conocer con claridad que pasará con las obras en el arroyo Bruno.  

Relacionados

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.