Después de un mes en el Hospital Simón Bolivar, el pasado sábado en la madrugada falleció Carmen Torres. No logró superar las heridas causadas por cuatro filas brasileros que la mordieron el 3 de mayo pasado. El ataque ocurrió cuando esta abuela de 81 años estaba entrando a su casa en el barrio El Bagazal del oriente de la ciudad.

Más allá del drama familiar que causó esta tragedia, el caso de Carmen Torres puso en evidencia las fallas de las instituciones responsables de este tipo de caso. Los animales son propiedad de los vecinos de la señora y ya contaban con un extenso historial de violencia. La nieta de Carmen, Nancy Vera, cuenta que ya hace varios años habían tenido problemas con estas mascotas.

En 2009, Nancy fue víctima de los perros, cuyos dueños rehúsan a amarrar. “Repetidamente se les ha solicitado que usen correas pero ellos se niegan porque dicen que viven en una finca”, explica Nancy. Varios miembros de la familia fueron mordidos y los caninos causaron la muerte de la mascota de los Vera, un labrador Golden.

Ante esta situación, los Vera acudieron tanto a la Alcaldía local de Chapinero como a la Policía. Visitaron el sector, vecino a los proyectos de lujo ilegales de Rosales, y comunicaron a la familia Prieto Cortés, propietaria de los perros, que debían estar amarrados. Ellos prometieron cumplir con la medida, que hace parte del Código de Policía local y nacional, pero todo se quedó en palabras.

En 2015 los perros atacaron a Carmen Torres, lo cual también fue reportado pero no obtuvo respuesta. La agresión de mayo tampoco fue atendida por la Policía y la Alcaldía local. La familia Vera puso una demanda ante la Fiscalía el 4 de mayo y el 10 de junio se les asignó un fiscal. “Nos dijeron que el proceso avanzará muy lento y que buscarán es una conciliación”, dijo Vera.

La concejal Gloria Stella Díaz instó a un mayor control sobre la situación de las mascotas. “Se necesita tomar medidas, en especial para casos persistentes como el de la familia Vera”. La funcionaria compartió unas estadísticas alarmantes, de 13.824 incidentes de mordeduras reportadas anualmente. Esto significa que se dan en promedio dos ataques por hora en Bogotá.

Asignar culpas es un trabajo complejo. Viendo el caso de los Vera se hace evidente que fallaron los dueños por su falta de cooperación y las autoridades por su falta de acciones más contundentes. Por ahora se espera que el juicio siga su curso, ahora con mayores implicaciones por la muerte de Carmen Torres. “Lo único que pedimos es, que aunque ya sea muy tarde, se haga justicia”, concluyó Vera.

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