De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, al menos ocho ríos (Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá, Quitó y Dagua), han sido contaminados y su cauce desviado por la intervención de los complejos mineros.

Según la Corporación Autónoma Regional (Codechocó), el año pasado había 54 dragas trabajando en la explotación aurífera, es decir que hubo un incremento del 184 por ciento en relación con la maquinaria que había en 2012. No obstante, se trata de indicadores en proceso de verificación, pues según la misma comunidad habría por lo menos 200 entables mineros acondicionados con esos equipos.

El inconveniente es que existen algunas zonas donde el acceso no es fácil por la influencia que tienen grupos armados ilegales como las FARC, el ELN, los “Rastrojos” y “El Clan Úsuga” en esta actividad.


En medio de la informalidad, miembros de grupos ilegales se camuflan para dirigir la extracción del metal. Archivo Semana

De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, al menos ocho ríos (Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá, Quitó y Dagua), han sido contaminados y su cauce desviado por la intervención abrupta e irregular de los complejos mineros. Pero lo más delicado son las consecuencias del vertimiento de mercurio sobre los ríos y la dispersión de los vapores que arroja su tratamiento en los entables, ya que pone en un alto riesgo la salud de la comunidad, ya que el agua de estos afluentes es utilizada para el consumo directo, la pesca, el baño y el lavado de la ropa y los utensilios de cocina.

Según un Informe de la Comisión Independiente del Ombudsman, la exposición al mercurio o sus vapores deriva en síntomas y enfermedades como tos persistente, diarrea, fiebre, aumento en la tensión arterial, edema pulmonar, dermatitis e incluso incidencia en episodios de fracaso reproductivo como abortos espontáneos y malformaciones genéticas.

 A esta problemática se suman las difíciles condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento básico desde el punto de vista de la infraestructura de servicios públicos, dado que en la mayoría de estas poblaciones no existen rellenos sanitarios, las basuras se disponen a cielo abierto, en ocasiones son arrojadas a las fuentes hídricas, y no hay plantas de tratamiento de agua potable ni de aguas residuales.

La situación más  crítica en este sentido se registra en las localidades de Condoto, Lloró, Atrato, Istmina y Pizarro, donde entre el 18 de Enero y el 12 de Abril fueron atendidas 400 personas por delicados síntomas relacionados con el consumo de agua contaminada, circunstancia que habría originado la muerte de tres niños indígenas en las comunidades de Buena Vista, Bajo Grande y Quiparadó.

Así las cosas, la Defensoría del Pueblo convocó a una mesa interinstitucional con los Ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Interior, la Vicepresidencia de la República, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación del Chocó y Codechocó, a la vez que pidió soluciones integrales para salvaguardar los derechos fundamentales de la población.

*Con información de la defensoría del Pueblo.

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