A pesar de que la licencia ambiental para la mina Angostura, ubicada en pleno páramo de Santurbán, fue negada por la Anla en 2011, este controversial proyecto sigue dando de qué hablar. La semana pasada fue publicado un informe que señala que la Corporación Financiera Internacional, brazo del Banco Mundial que financia al sector privado, invirtió en la empresa Eco Oro sin tener en cuenta los estándares exigidos por esta organización multilateral.

El documento se origina por una denuncia presentada en 2012 por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y otras organizaciones ambientalistas ante la Oficina del Asesor en CumplimientoOmbudsman (CAO, por sus siglas en inglés), un mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional. Luego de cuatro años de análisis, en junio pasado la CAO concluyó que la inversión de CFI en Eco Oro (dueña del proyecto Angostura) incumplió el requisito de evaluación de los impactos potenciales de la mina en la biodiversidad del lugar.

Según el informe, la CFI falló también en su obligación de asegurar la evaluación de los impactos de la totalidad del proyecto minero, pues se concentró solo en aquellos de la etapa de exploración. Lo hizo pese a que, para justificar su inversión, manifestó que todo el proyecto era viable, incluyendo la explotación de la mina. En el documento, la CAO señaló que la posibilidad de que la etapa de exploración cumpliera con los estándares era “incierta y potencialmente compleja”.

El mecanismo independiente señaló además que “uno de los propósitos declarados de la inversión de la CFI era desarrollar los informes necesarios para determinar si el proyecto podría cumplir con los estándares” de la propia institución. Ello incluía la realización de un estudio de los impactos ambientales y sociales del proyecto, así como la evaluación de la biodiversidad y el hábitat crítico del lugar del proyecto, aspectos que Eco Oro Minerals, empresa canadiense a cargo de la mina, no hizo. A pesar de ello, “la CFI no ha procurado remediación, pero ha realizado posteriores inversiones en la compañía”, advierte la CAO.

En su respuesta al informe, la CFI no reconoce culpa ni se compromete a hacerle frente a los hallazgos de la CAO. Al contrario, reitera su justificación para invertir en el proyecto, indicando que la mina traerá empleo y ganancias. Para Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, una de las organizaciones que apoyaron la demanda ante la CAO "el proyecto Angostura es ilegal, por eso la licencia fue negada en 2011 y la Corte Constitucional ratificó la prohibición de minería en páramos. Nos preocupa que CFI insista en invertir en una empresa cuyo proyecto era inviable desde el comienzo”.

Fuentes cercanas a Eco Oro le contaron a Semana Sostenible que el informe se refiere a los años de 2009 y 2010, cuando el proyecto Angostura estaba diseñado como una mina a cielo abierto en el páramo de Santurbán, situación que ha cambiado debido a la resistencia que ha generado esa posibilidad en todo el país. Sin embargo, según Acosta es indudable que se trata de un nuevo golpe a las intenciones de esta empresa de continuar su proyecto a pesar de todos los descalabros que ha sufrido en los últimos años.

De hecho, actualmente Eco Oro prepara una demanda internacional contra el Estado colombiano. La empresa argumenta que la reciente sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe la minería en páramos y el recorte del título minero que realizó la Agencia Nacional de Minería basada en la delimitación de Santurbán han hecho que, 23 años después del comienzo de las labores de exploración, el proyecto Angostura siga en vilo.

Entre tanto, las comunidades y organizaciones opositoras celebran el pronunciamiento de la CAO e insisten en que van a usar todos los métodos legales a su alcance para impedir que la mina Angostura se convierta en realidad. “La biodiversidad existente en Santurbán es crítica para la provisión de agua. Por tanto, cualquier amenaza sobre la misma afecta el suministro del líquido en el área metropolitana de Bucaramanga y por eso vamos a frenar definitivamente ese proyecto”, concluyó Alix Mancilla, del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán

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