Claudia González, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Semana Sostenible: La dirección de la Anla ha sido bastante cuestionada y es una entidad involucrada en constantes polémicas, ¿qué la motivó a aceptar ese cargo?

C.V.G.: Tenemos muchas oportunidades de mejorar y debemos apuntarle a un verdadero crecimiento de país y mostrar que podemos garantizar las inversiones y la sostenibilidad en el tiempo. Mostrar que efectivamente generamos esos corredores biológicos que necesitamos, que mantenemos la conectividad de las áreas y que miramos el territorio de manera regional y no aislada.

Semana Sostenible: ¿Cuáles son sus principales retos que tiene en la Anla?

Claudia Victoria González: Queremos crear la línea base de información del país, mejorando nuestro relacionamiento interinstitucional. Por ejemplo, ya tenemos varios trabajos y resoluciones en conjunto con algunas Corporaciones Autónomas Regionales. También queremos incrementar la transparencia y tener toda nuestra información disponible para los colombianos.

Hemos hecho gran divulgación a través de nuestra ventanilla única de trámites ambientales y estamos haciendo videos para que la gente sepa cómo realizar cada trámite y que conozca dónde estamos en cada región.

Uno de mis mayores retos es poder generar las redes de monitoreo permanente para calidad de aire y agua en las regiones.

Semana Sostenible: Las empresas asumen la elaboración de los estudios de impacto ambiental para sus proyectos y eso ha sido muy criticado, ¿es posible que el Estado asuma esa función?

C.V.G.: Es muy importante para el Estado generar el ordenamiento del país para saber cuáles son las áreas de interés para conservar, para explotar, etc. En eso se está trabajando con Planeación Nacional.

Sin embargo, la descripción de qué es el proyecto como tal, dónde se va a ubicar y la escala de trabajo, ya le corresponde al usuario. Tener la información disponible a través del sistema ayuda a que la gente tenga la visión general del territorio y ayudará mucho más a la planificación, a los proyectos y a tomar decisiones cada vez más concertadas. Nuestro objetivo es trabajar coordinadamente con otras entidades como el Servicio Geológico, la Unidad de Restitución de Tierras, con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, entre otras.

Por ejemplo, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Servicio Geológico estamos trabajando en cómo levantar una información hidrogeológica con base en la información de los petroleros, para poder reinterpretarla y usarla.

Semana Sostenible: Entidades del Estado brindan información técnica que luego es ignorada por quienes ganan las licitaciones, ¿qué hacer para evitar este desperdicio de tiempo y dinero?

C.V.G.: En el caso del proyecto eléctrico Bacatá-Chivor Norte, muchas de las inconformidades van en ese sentido. Se dice que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) estableció unos trazados que no se consideraron.

También, la UPME dice que el rango de maniobra para construir una subestación es muy limitado, pero nosotros creemos que si se van a mover las líneas, también debo poder mover la subestación. Hay varias cosas que queremos trabajar con el Ministerio de Minas y hay una buena disposición.

Semana Sostenible: ¿Qué papel puede jugar la Anla en las consultas populares?

C.V.G.: Somos respetuosos de las decisiones de los mecanismos de participación. El ordenamiento de los recursos lo define la ANH. Nosotros somos ejecutores de política pública y tomamos la decisión con base en lo que ocurre en el territorio desde el punto de vista ambiental y social.

Siempre que hay un estudio de impacto ambiental hay socializaciones con los gobiernos local y regional y con las comunidades en las áreas de influencia directas e indirectas del proyecto. En el caso de Cumaral, no existió una oposición inicial. Estamos esperando que el área jurídica de Anla nos dé su concepto sobre qué manejo debemos darle a este caso.

Semana Sostenible: ¿Cuál es el proyecto que le genera mayor dolor de cabeza?

C.V.G.: Definitivamente El Quimbo. Pero sobre todo dos temas nos quitan el sueño: el reasentamiento de las personas y la forma cómo se hacen los censos.

El problema es que nosotros solo podemos asegurarnos, hasta cierto punto, que sean resarcidos en el daño que se les generó, pero no tenemos herramientas adicionales que nos permitan ejercer el control. Nos toca trabajar este tema con el Ministerio del Interior, para saber quién aprueba el plan de reasentamiento, porque nosotros podemos valorar impactos pero, ¿quién aprueba el plan? Todo el Estado acompaña, pero la única que recibe el reclamo de por qué no los han reasentado es la Anla.

En la audiencia de El Quimbo los pobladores nos solicitaron garantizar sus compensaciones, pero nuestra entidad no puede hacer eso. Se necesita definir más responsabilidades y establecer quién acompaña las fases siguientes, para que la gente no se sienta vulnerada ni tenga que irse a tribunales.

Semana Sostenible: ¿Qué ha pasado con las quejas de los privados respecto a la demora de la Anla en los trámites?

C.V.G.: Para nosotros el tema del presupuesto para el sector ambiental sigue siendo un obstáculo. Tenemos unos recursos para evaluación y seguimiento que nos permite hacerlos de manera más oportuna, pero en la siguiente fase que es expedir los actos administrativos y los conceptos, debido a que contamos con muy poco personal, es donde se nos genera un retraso. Hemos buscado estrategias para atender primero lo más crítico y manejar de forma regional el seguimiento nos ha optimizado la eficiencia de los procesos.

Semana Sostenible: ¿En qué va la base militar que se quiere construir en Gorgona?

C.V.G.: La licencia salió en el 2015 y la necesidad de esta base viene desde 2010. Es un tema de seguridad nacional. Yo les presenté al Comité de Científicos y a la gente en general los resultados y las medidas de manejo que se habían establecido para construirla.

El muelle se construye en Guapi y toda la base viene prefabricad, se trae y se instala en el sitio. El radar lo suben los soldados para armarlo y configurarlo en Gorgona, no hay maquinaria, ni equipos que generen un impacto significativo. Adicionalmente, están proyectadas unas instalaciones para los militares en una cancha que ya existía en el área.

Con el llamado de atención de los científicos sobre la afectación de algunas áreas adicionales, se planteó un cambio en el diseño del muelle para alejarlo de la zona que se consideró sensible.

Semana Sostenible: ¿Con esa obra es posible seguir haciendo turismo?

C.V.G.: La base no va a afectar lo que normalmente se venía haciendo en el parque. Continúan las visitas y el turismo. Se trata de un tema de seguridad, de control de pesca ilícita y narcotráfico.

Semana Sostenible: ¿Y Caño Cristales?

C.V.G.: Actualmente estamos demandados. Desde el punto de vista hidrogeológico y de aguas superficiales, Caño Cristales no se veía afectado por el proyecto petrolero. Sin embargo, cuando la Corporación cambió el uso del suelo, no era posible permitir exploración y explotación ahí y por eso se revocó la licencia.

Se trato de un problema de comunicación interinstitucional. Cormacarena estaba haciendo un plan de ordenamiento del área y no supimos de los cambios que se estaban realizando, por eso en un inicio se otorgó la licencia.

Semana Sostenible: Finalmente, ¿cómo avanza el fracking en Colombia?

C.V.G.: Eso está en estudio. Requerimos una información de la parte hidrogeológica y del recurso hídrico subterráneo, aún no la tenemos y por eso no se ha tomado una decisión. La única solicitud que ha llegado a nosotros es la de Exxon Mobil en 2014, para hacer fracking en Puerto Wilches. Se llegó hasta información adicional y ellos la entregaron, pero estamos revisando un tema de aguas subterráneas y eso nos va a tomar un buen tiempo.

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