Foto: Cristian García

En el extremo occidental de Colombia, a dos horas de Tumaco navegando en lancha hacia el sur por el Océano Pacífico, está Cabo Manglares. Este territorio, habitado por cerca de 10.000 afrodescendientes pertenecientes al Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, es un "punto caliente" de la biodiversidad del país: uno de esos lugares privilegiados en los que la riqueza de la naturaleza se manifiesta en toda su extensión.

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En sus playas anidan las tortugas y sus bosques inundables de manglar son epicentro de vida: mientras las aves descansan en las copas de los arboles, bajo el agua surgen abundantes bancos de mariscos y peces que alimentan a los habitantes de la región y también son la base de su economía.

Cabo Manglares acaba de ser declarado como el nuevo Distrito Nacional de Manejo Integrado del país. Esta figura de conservación, que regirá en 190.000 hectáreas, se construyó luego de un proceso de dos años de concertación con las comunidades afrodescendientes que han habitado este lugar por siglos.

En este caso el gobierno entendió que para seguir aumentando el número de áreas protegidas del país, que es una de sus principales metas ambientales, tenía que contar con la participación de la gente. Pero al mismo tiempo, los habitantes de Cabo Manglares tienen la oportunidad de mejorar su relación con el territorio, pues sus actividades ya empiezan a tener efectos ambientales negativos.

"Este es un ecosistema de manglar multidiverso en el que prácticamente comienza la vida. Pero la pesca nociva, la tala del bosque de guandal y nuestro inadecuado manejo de los desechos nos están pasando factura. En los últimos años la pesca se ha disminuido un 70%. Por eso sabemos que se necesita con urgencia un plan de conservación", afirma Oberman Torres, representante legal del Consejo Comunitario.

La directora (e) de Parques Nacionales, Carolina Jarro, afirma que con la declaratoria "se está protegiendo la relación ancestral de las comunidades con estos elementos de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, lo mismo que el soporte a los ciclos ecológicos y de provisión de recursos pesqueros. Esto se proyecta como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus pobladores".

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Con esta decisión, de ahora en adelante los usos y actividades permitidas para esta área serán definidos conjuntamente entre el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera y Parques Nacionales. La idea es que las actividades y tradiciones de los habitantes no contradigan los objetivos de conservación del área protegida, ni pongan en riesgo la permanencia de los recursos naturales de la zona.

"Nosotros teníamos muchos temores. Hemos visto que otras zonas protegidas le han traído problemas a la gente porque ya no pueden hacer sus actividades. Acá la idea no es volver intocable todo esto, sino ordenar nuestras prácticas para que los recursos permanezcan y se aumenten", concluye Torres.

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