En la vereda los Soches de Usme, en plena zona de páramo y de reserva forestal, una actividad minera amenaza con convertirse en desastre. La extracción de rocas en la parte baja de un talud de más de 80 metros de altura y con una inclinación cercana a los 90 grados puede está a punto de causar un deslizamiento de tierra que sepulte a los trabajadores y, de paso, deje sin agua al barrio que queda muy cerca de la explotación.

Ese fue el preocupante diagnóstico que lanzó esta semana la Corporación Ambiental de Cundinamarca (CAR) tras una visita realizada a la cantera El Bosque, ubicada en esta localidad del suroriente de Bogotá. En compañía de funcionarios del Instituto Distrital para la Gestión de Riesgos y Desastres (Idiger) y de la alcaldía local, los técnicos de esa entidad encontraron una mina de 1.5 hectáreas cuya explotación ilegal y antitécnica de la que se desprenden rocas de al menos cuatro toneladas de peso.

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Esta actividad ha generado afectaciones ambientales. La principal es la eliminación total de la vegetación nativa del sector, la cual se presume similar a la que aún subsiste en los alrededores de la cantera; al paisaje, por su gran tamaño y alta visibilidad; así como la eliminación de la capa de suelo orgánico. Se estima que se perdieron alrededor de 9.000 metros cúbicos suelo agrológicamente aceptable, con gran contenido de nutrientes imposibles de recuperar. Aparte de este impacto, están los riesgos de una inminente tragedia.

“Los mineros estarían generando la caída de material, método de explotación que altera aún más la estabilidad del talud, en especial en la zona centro norte, lo cual junto al alto grado de fractura de este frente de la montaña, aumenta las probabilidades de desplomes y fenómenos remoción en masa. La caída de estas enormes rocas puede generar desastres catastróficos sobre los mineros que trabajan en el patio”, explica Pedro Guzmán, profesional de riesgos de la Dirección Regional Bogotá La Calera de la CAR.

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Pero el riesgo no es solo para los mineros. A menos de 200 metros de la explotación hay un asentamiento en donde estos han construido sus viviendas, el cual podría quedar sepultado ante un deslizamiento. Y si esto llegara a pasar, también afectaría dos nacimientos de agua que están en la zona y que surten el acueducto del barrio El bosque. A pesar de estos enormes peligros, la actividad extractiva continúa.

Incluso, este caso ya tiene dos procesos sancionatorios en trámite por parte de la CAR y en varias ocasiones las autoridades han ordenado tanto el cierre de la mina y el cese de actividades, como la restauración y recuperación de la zona. Sin embargo, los dueños del predio y los trabajadores han hecho caso omiso. Entre tanto, se adelanta un proceso ante la Fiscalía General de la Nación. Aparte de las consecuencias legales, los infractores se enfrentan a una multa que puede alcanzar los 3.700 millones de pesos.

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