| 2015/03/28

Cerros en lucha

Estos son los seis puntos clave de la batalla entre constructores y ambientalistas para definir el futuro del espacio natural.

Daniel Reina/SEMANA
Daniel Reina/SEMANA

Bogotá podrá ser sucia, caótica e insegura, pero la capital colombiana tiene algo que despierta la envidia de cualquier otra ciudad: sus cerros. A lo largo de 35 kilómetros y sobre 15.000 hectáreas se levanta un verdadero tesoro natural, hogar de colibríes multicolores, orquídeas salvajes, cuna de quebradas y ríos. Una reserva que ha sido colonizada por canteras, chircales, universidades y viviendas de todos los estratos.

En los últimos meses, los cerros quedaron en medio de una aguda polémica para definir su futuro: hay quienes los ven como un espacio legítimo para construir y otros que rechazan cualquier intervención. Mientras que Camacol, el gremio nacional de los constructores, pidió que “se respeten los derechos adquiridos con las licencias concedidas” en el área, el alcalde Gustavo Petro advirtió que “en la reserva de los Cerros Orientales no se pone un ladrillo más”. La pelea es a la vez política, técnica, financiera y ecológica. Aquí están las razones de la discusión. 

Un enredo histórico

Incluso antes de la llegada de los españoles, los cerros fueron la cuna de los primeros bogotanos, además de ser una fuente de piedra, leña y madera que propició el crecimiento de la ciudad. Durante la década de los años treinta del siglo XX no se veía casi un árbol en las montañas, debido a la deforestación. Solo hasta 1977 el Inderena tomó medidas y declaró reserva forestal 14.000 hectáreas de los cerros orientales, pero muchos sectores no respetaron dicha decisión y siguieron construyendo, talando y cavando. 

Con los años se plantearon nuevas regulaciones que se sobrepusieron unas sobre otras, creando un Frankenstein jurídico. En 2005, el Ministerio de Ambiente trató de fijar nuevos límites a la reserva y levantó el veto de edificación sobre 976 hectáreas, que definió como una “franja de adecuación”. Este espacio, donde la ciudad limita con los montes, ya tenía más de 500 hectáreas construidas y, con realismo, se trataba de formalizar una situación de facto. Pero la decisión también les entregaba áreas verdes a los constructores. 

La resolución no tardó en ser demandada por los ambientalistas y en 2006, el Tribunal de Cundinamarca la anuló, algo que el Consejo de Estado confirmó en 2013. La sentencia, aunque ordenó la protección de los cerros, también dejó en firme parte de la decisión del Ministerio, argumentando que ya existían barrios en la franja de adecuación y determinó que los constructores con derechos adquiridos podrían sacar adelante sus obras.

Desenredar ese embrollo jurídico, donde hay poderosos intereses financieros, es uno de los puntos álgidos de la discusión. 

¿Qué tanto se puede construir?

Según el inventario de la Secretaría de Planeación, en los cerros hay 117 planos urbanísticos, que son licencias para desarrollos de gran escala. 12 por ciento corresponden a la legalización de barrios informales; 7 por ciento son para dotación de servicios públicos, y 82 por ciento restante corresponde a 52 autorizaciones para construir.

Como la norma cambió tanto, toca estudiar cada una de las licencias para definir si tienen derechos adquiridos y pueden realizar el proyecto, ya que no es lo mismo si la licencia se otorgó antes de 1977, cuando se declaró la reserva, pues estas tienen posibilidades de salir adelante, en comparación con que aquellas otorgadas con la condición de que se levanten las restricciones ambientales, pues estas serán invalidadas. 

Entre estos dos casos hay una compleja zona gris y la Secretaría de Planeación tiene que verificar cada uno de los planos de urbanización para determinar, entre otras cosas, si el constructor cumplió con los requisitos o si las tramitaron sabiendo que el proyecto invadía una zona protegida. Si esa mala fe se demuestra, no hay obra. Pero las pruebas están enterradas en archivos de curadurías, del acueducto, del IDU y de alcaldías locales. 

Gerardo Ardila, secretario de Planeación, explicó que “la Corte decidió salomonizar, pero ahora tenemos la dificultad de conciliar. Nos ha tocado coger caso por caso, cada uno tiene una historia particular. La esperanza es que los conflictos se zanjen de una vez por todas y por fin se blinden los cerros orientales”. 



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