Foto: Andrés Gómez / SEMANA

Aunque las vacas flacas hicieron que el Ministerio de Ambiente viera caer su presupuesto un 18% este año, hay una fuente fundamental de ingresos para el sector ambiental que sigue en el limbo: la plata que deben pagarle al Estado las empresas que hacen obras de impacto como carreteras, represas, oleoductos o minas.

Esos recursos, que se llaman medidas de compensación por pérdida de biodiversidad, se calculan cuando una empresa recibe la licencia ambiental que le da vía libre a la obra que va a ejecutar. Si para construir un tendido eléctrico tala 60 árboles, deberá sembrar un número determinado en otro lugar, que permita mitigar el daño ambiental. Si para hacer una vía daña tres hectáreas de ciénaga, deberá restaurar otras tantas.

El problema es que el sistema de compensación existe, pero no está reglamentado. Las empresas vienen diciéndole al gobierno que, dado que no tienen pericia en temas ambientales, prefieren entregarle los recursos equivalentes para que este se encargue. Eso ha llevado a que, como dice una persona del sector, “hay miles de millones de pesos de empresas que están esperando que se les defina cómo y en dónde pueden invertirlos. La Nación tiene que decirles y en ese proceso no se ha avanzado”.

El año pasado, el Ministerio de Ambiente publicó un manual de compensaciones, pero son apenas unos lineamientos básicos que no resuelven aún el problema central de a qué iniciativas se les asigna esa plata. Su único avance sustancial es que ya no es obligatorio invertirla en el mismo lugar del impacto, sino que puede ser en otro ecosistema distinto que lo necesite más.

El destino de esos recursos es precisamente una de las discusiones pendientes. Parques Nacionales– que dirige Julia Miranda– quiere que esos fondos se destinen al sistema de 59 áreas protegidas nacionales, que están subfinanciadas y que enfrentan problemas como la coca (el 8% del total nacional está dentro de sus fronteras), la colonización o la existencia de propiedad privada en su interior.

Otros científicos del sector están pidiendo, sin embargo, que los recursos se usen para restaurar ecosistemas que no tienen actualmente la protección de los parques nacionales y cuya realidad es más dramática, como los páramos, ciénagas y humedales.

Su argumento es que Colombia tiene una enorme deuda con la restauración de ecosistemas, al punto que no llegó ni a la décima parte del compromiso de recuperar 280.000 hectáreas que aparece en el primer Plan de Desarrollo de Santos. De hecho, el único esfuerzo ambicioso de restauración en el país ha sido el del antiguo parque regional Barbas-Bremen entre Quindío y Risaralda en los años noventa, que está amenazado desde que las corporaciones autónomas de los dos departamentos le redujeron el grado de conservación para permitir el paso de un tendido eléctrico.

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