| 2015/07/02

Tate quieto al decreto navideño sobre minería

El Consejo de Estado suspendió el decreto que le quitaba a las entidades territoriales la posibilidad de decidir sobre las medidas de protección del medio ambiente y los recursos hídricos en casos de exploración y explotación minera en sus territorios.

"Hay varias incongruencias entre la expedición del decreto y la normatividad vigente", U. Rosario.
"Hay varias incongruencias entre la expedición del decreto y la normatividad vigente", U. Rosario.

El 23 de diciembre de 2014 los ministerios de Minas, Ambiente, interior y Agricultura sorprendieron al país con el decreto 2691 que, de cierta manera, le permitía al ministerio de Minas decidir las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, en especial las fuentes hídricas, de los impactos de las actividades de exploración y explotación minera. El miércoles 1 de julio, sin embargo, el Consejo de Estado le dio un revés a esta situación y suspendió el decreto mediante un auto mientras se decide si será anulado o no (Vea aquí el documento). Esta decisión se tomó con base en la demanda interpuesta por el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. 

El decreto 2691 (vea aquí el decreto) pretendía ser una respuesta a la sentencia C-123 de 2014 de la Corte Constitucional que buscaba darle una interpretación al artículo 37 del código de minas que prohibía los municipios excluir áreas de su territorio de la actividad minera. La sentencia, aunque no tumbó el artículo 37, definió que debía interpretarse de forma armónica con los principios de autonomía territorial y de Estado Unitario. Esto quiere decir que no podían tomarse decisiones centralizadas desde el gobierno sin la participación de las autoridades locales como los concejos municipales.

Esta decisión, además, incluía que el gobierno nacional tenía que acordar con las autoridades territoriales medidas de protección del medio ambiente y de las cuencas hidrográficas siempre que se fuera a autorizar un proyecto de exploración y explotación minera. Por eso, cuando el decreto se hizo público fue controvertido tanto para ambientalistas como para los entes territoriales que quedaron con herramientas mínimas —solo tres meses tienen los municipios para presentar estudios al ministerio de Minas que argumenten porqué sí o por qué no se debe hacer minería en su territorio— para decidir sobre la minería en sus territorios.

Un decreto que nació con el píe izquierdo

Semana Sostenible consultó a Lina Muñoz, Profesora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, sobre las razones de la demanda. Muñoz explicó que la clínica jurídica de la facultad de derecho del Rosario—que ha llevado casos emblemáticos de derechos humanos— encuentra este caso relevante porque “hay varias incongruencias entre la expedición del decreto y la normatividad vigente, así como con la sentencia expedida por la Corte Constitucional. Vemos que el decreto, en resumen, significa na vulneración a los principios de la constitución. Nuestra pretensión principal es conseguir la nulidad del decreto es decir, que deje de existir para el sistema legal en Colombia”. (Ver: El decreto de navidad para los mineros)

El Consejo de Estado inicialmente analizará si los argumentos expuestos por el Grupo permiten establecer la nulidad del decreto. Muñoz afirmó que para hacer la suspensión provisional del decreto el Consejo se basó en dos argumentos: “El primero consiste en analizar quién tiene la competencia para establecer procedimientos administrativos. Para el Consejo el único ente que tiene la competencia única y exclusiva de establecer estos procedimientos es el legislador es decir, el Congreso. Esto quiere decir que el decreto 2691 vulnera de manera abierta esa reserva legal que estableció la Constitución del 91. El segundo argumento gira en torno a la vulneración del principio de economía territorial. Como este decreto es una respuesta a la sentencia de la Corte que revisa la constitucionalidad del artículo 37 del código de minas el Consejo dice que en la sentencia la Corte afirma que cualquier tipo de actividad de exploración y explotación minera debe ser acordado con los entes territoriales es decir, debe haber un consenso entre las partes. Esto, según el Consejo, es omitido en el decreto que le otorga casi la totalidad de las decisiones sobre medidas de protección del medioambiente y las fuentes hidrológicas en casos de proyectos mineros al ministerio de Minas y a quienes ese mismo ministerio considere son entidades capacitadas para dar conceptos que bien podrían ser las mismas compañías mineras. Esto, para el Consejo de estado, muestra que al firmar el decreto el gobierno desconoció la orden de la Corte”.

A todo esto se suma que el Consejo dejó claro en el auto de suspensión que los noventa días, tres meses, que el decreto otorga al as entidades territoriales para presentar las solicitudes de protección venció el 23 de marzo de 2015 sin que muchos de los municipios del país pudieran presentarlas por no contar con la capacidad institucional y financiera —que además supone una carga fiscal más para los municipios que puede llevar a que haya más necesidades insatisfechas— para llevar a cabo los estudios técnicos que se exigen.

Esto, explica el auto, es grave porque si las entidades territoriales no presentaron las solicitudes de medidas protectoras no podrán implementar ninguna medida para proteger el medio ambiente y garantizar la "salubridad de sus pobladores frente a una posible afectación derivada del ejercicio de actividades de exploración o explotación minera, lo cual quebranta los derechos y deberes ambientales consagrados en las Constitución y abre la puerta a un daño irreversible de los recursos hídricos".

El auto está firmado por el Consejero Guillermo Vargas Ayala, lo cual muestra que para Vargas Ayala el decreto debe ser anulado. Como en otras ocasiones los miembros restantes del Consejo han anulado decretos que han sido suspendido, es probable que el decreto 2691 termine por ser anulado lo que reavivaría la discusión sobre quién debe ordenar la minería en el país: si el gobierno o las autoridades locales.

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