Ayer, 28 de julio, el Tribunal Administrativo de Ibagué, con una votación de 4 a favor - 2 en contra, dio vía libre a la consulta que decidirá si se realizan o no proyectos mineros en la capital del Tolima. Se necesitaran cerca de 130.000 votos para que el llamado a las urnas sea válido. Sin embargo, el sí o el no que marquen los ibaguereños en la consulta impulsada por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo podrá volver políticamente inviable uno de los proyectos mineros más grandes del país (La Colosa). Pero puede tener un efecto aún mayor: podría convertirse en el modelo que sigan comunidades enteras para forzar al gobierno nacional a que tenga en cuenta su voz.

Ibagué técnicamente no tiene minería. Pero la preocupación que genera el proyecto aurífero de La Colosa, que tiene Anglogold Ashanti en la vecina Cajamarca, abrió un intenso debate en el Tolima sobre los riesgos ambientales que puede generar en el agua y volvió la futura mina un tema político.

Al final, esta consulta– igual que la que hizo el municipio de Piedras (Tolima) en 2013– es el reflejo de uno de los problemas que ha mantenido paralizada la locomotora minera de Santos: se ha disparado la tensión social en las zonas de influencia de los proyectos, dado que no existen espacios de diálogo en donde las comunidades puedan discutir sus preocupaciones con el gobierno y las empresas.

Pese a que la Corte Constitucional le jaló las orejas al gobierno en 2014 y le pidió dejar de tomar decisiones solo y llegar a acuerdos con los municipios sobre cómo preservar áreas importantes para el ambiente, la salud o el turismo, esos espacios aún no existen. Como tampoco existe la evaluación seria de otras opciones: la misma Ocde le llamó la atención a Colombia porque en el país no se usa la figura del diagnóstico ambiental de alternativas, que plantea otros trazados o tecnologías que puedan ser menos perjudiciales o más aceptables para las comunidades.

Eso significa que mientras las comunidades se sigan sintiendo marginadas del álgido debate sobre quién tiene la competencia para ordenar lo que sucede en el subsuelo, consultas como la de Ibagué pueden volverse su estrategia para obligar al gobierno a oírlas. Como dice un abogado ambiental, “los municipios no pueden legalmente prohibir la minería, pero el gobierno tampoco podrá imponérsela”. Y la tensión social seguirá intacta mientras no cambie ese modelo de toma de decisiones.

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