Este miércoles se conoció que una acción de tutela instaurada por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET) generó la suspensión de una consulta popular en contra de la industria de los hidrocarburos programada para el próximo 6 de agosto en Pasca (Cundinamarca). Según el Consejo de Estado el texto de la pregunta que iba a ser sometida a votación y que fue aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no fue analizado "de manera detallada y precisa”.

Lo que llama la atención de la decisión es el argumento con el que ACIPET presentó el recurso judicial, según esta organización un resultado negativo en la consulta popular “dejaría al municipio sin la posibilidad de abastecerse de los combustibles, gasolina, y ACPM a través de carrotanques, toda vez que en ella se consulta si están de acuerdo, sí o no, con que se ejecuten actividades, entre otras, de transporte de hidrocarburos en el municipio de Pasca”.

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El magistrado Alberto Yepes señaló ante el recurso, “que se advierte con claridad que el Tribunal no realizó un análisis estricto de la redacción y de cada una de los componentes de la pregunta que le permitiera establecer con certeza si, como lo manifiesta el actor, esta resultaba genérica o no, al incluir actividades necesarias para el desarrollo de la población como lo es, entre otros, el transporte de hidrocarburos”.

Ante esto los promotores del ‘No‘ en Pasca emitieron un comunicado en el que señalan que ACIPET se acoge a una interpretación “vana” de la pregunta que según los promotores “es clara, versa sobre actividades de exploración, sísmica, perforación, explotación, producción y transporte de hidrocarburos. Y a pesar de que la gasolina y el ACPM son derivados del petróleo, normativamente y dentro del lenguaje de la industria petrolera, es claro que los “hidrocarburos” hacen referencia al crudo (petróleo) y al gas”.

De momento el llamado a las urnas que estaba programado para el próximo domingo 6 de agosto queda a la espera de la revisión de la pregunta por lo que el municipio con más de 12.000 habitantes tendrá que aplazar la decisión de aprobar o rechazar la explotación de hidrocarburos en su territorio. 

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