El escenario de posconflicto que plantea el acuerdo de paz logrado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC implica una serie de retos. Uno de ellos es la manera como se va abordar el tema de los cultivos ilícitos, especialmente los de hoja de coca, que alcanzaron la cifra de 96.000 hectáreas en 2015, un aumento del 39% respecto al año anterior, esto según cifras reveladas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

No solo se trata de la ilegalidad de estas plantaciones, sino del impacto ambiental que causan: en los últimos 13 años casi 300.000 hectáreas de bosque han sido arrasadas para sembrar coca –imaginemos un área de dos veces Bogotá- lo que conlleva al riesgo de extinción de especies nativas de flora y fauna, la producción de gases que generan calentamiento global y la contaminación a gran escala del agua y el suelo. Esto dibuja un panorama nada pacífico en el sentido ambiental.

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Varias circunstancias se unieron para favorecer el aumento de cultivos de coca en 2015 y 2016. La primera es que la forma más efectiva de erradicación y a la vez la más nociva –el glifosato- fue prohibida por el gobierno debido a sus efectos sobre la salud; la segunda fue el aumento del precio de la hoja de coca; la tercera son los riesgos de la erradicación manual –minas antipersona- y la cuarta es que muchas personas empezaron a sembrar coca para poder  aspirar a los beneficios del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que acordaron el Gobierno y las Farc. De acuerdo al informe de monitoreo de la Undoc este último aspecto – la búsqueda de beneficios del programa de sustitución- incentivó a algunos campesinos para continuar colonizando los parques naturales, pasando de 5.480 a 6.214 hectáreas cultivadas con coca.

Es así que además de la selva, las áreas protegidas han sido afectadas por estas plantaciones en casi un 30% según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), cifras que también revelaron que los resguardos indígenas y las comunidades afrodescendientes aumentaron las extensiones de cultivos ilícitos en sus territorios. Los primeros pasaron de tener 7.799 hectáreas en 2014 a 11.837 en 2015. En el caso de  las comunidades afrodescendientes, pasaron de 10.626 a 16.030 hectáreas en el mismo periodo.

El daño ambiental no termina con la deforestación y la destrucción del hábitat de especies únicas. El afán por aumentar la velocidad y la cantidad de la producción de esta planta en suelos de zonas selváticas impulsa a los cultivadores al uso de plaguicidas, fertilizantes, abonos y sustancias químicas nocivas que causan la modificación de las condiciones fisicoquímicas del suelo, lo que finalmente contamina los cuerpos de agua y otros cultivos, perjudicando a humanos, plantas y animales que entran en contacto con ellos, aspecto que ha sido resaltado en varias ocasiones por el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC).

Además del daño que causan los cultivos, la producción de la pasta base es un proceso aún más perjudicial para el medio ambiente. Cada año esta actividad arroja a las fuentes de agua millones de litros de gasolina, cientos de miles de litros de solución de amoníaco y acetona, miles de litros de ácido sulfúrico y clorhídrico, y toneladas de permanganato de potasio.

Los bosques y selvas se han convertido así en víctimas del conflicto de las drogas, uno que al parecer tardará mucho en acabar, pues el proceso de sustitución y recuperación de los ecosistemas afectados es lento. También, mientras otros actores dedicados al narcotráfico diferentes a las Farc continuarán en la clandestinidad, lo que se traduce en que la paz todavía será lejana para los bosques, las fuentes hídricas, las especies y los suelos afectados por este flagelo.

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