Ahora queda por ver si se le dará apoyo a los municipios o al sector minero.

El decreto, emitido el 9 de mayo de  2013 ha sido uno de los más controvertidos. La Federación Colombiana de Municipios  decidió demandarlo debido a las siguientes decisiones:

Expresa claramente que la potestad de establecer zonas excluidas y restringidas de minería le compete únicamente a las autoridades mineras y ambiental y que, por el carácter de utilidad pública y de interés social de la minería  es imposible hacer ordenamiento minero a través del ordenamiento territorial en municipios y distritos.

Resuelve también de manera absoluta que :”los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales no podrán establecer zonas del territorio que queden permanente mente o transitoriamente excluidas de la minería mediante acuerdos municipales u ordenanzas departamentales respectivamente”.

La pregunta frente a este resuelve tan determinate es ¿por qué? La respuesta la da el mismo decreto: “por exceder el ámbito de sus competencia”.

Para Fedemunicipios las razones para demandar el decreto sobran ya que lo encuentran “violatorio a la descentralización y autonomía en Colombia”.

El director Ejecutivo de la Federación, Gilberto Toro, dijo: “nos parece abiertamente inconstitucional y por eso hemos solicitado al honorable Consejo de Estado la nulidad simple de dicho decreto, porque no podemos seguir admitiendo que por vía de decretos y resoluciones se desconozca no solo la Constitución sino el papel que tienen los mandatarios locales en garantizar que se haga un ordenamiento dentro de su territorio armónico, acorde con las necesidades de la comunidad, protegiendo los valores esenciales del bienestar común y del medio ambiente”.

Los argumentos de la Federación no  son absurdos ya que con este decreto el  gobierno parece haber establecido un monopolio del Ejecutivo en licencias. Es más, ese mismo decreto fue el que hondeó el gobierno cuando se negó a presentar el proyecto de reforma al Código Minero antes de que se venciera el plazo de dos años que le fijo la Corte Constitucional cuando declaró inconstitucional la ley 1382 de 2010.

Los casos más representativos de consultas populares, que también están vetadas por este decreto, han sucedido en Tolima donde diversas entidades ambientales, Cortolima y el Alcalde Luis Carlos Delgado se han opuesto a la explotación de la mina La Colosa por el impacto ambiental que implica. Así mismo, el caso emblemático es el del municipio de Piedras donde se hizo la consulta popular y de 5.105 personas habilitadas para votar 2.971 votaron en contra del proyecto  minero de AngloGold Ashanti debido a la cantidad de agua que pretende usar la megaminera para  el tratamiento del oro. El municipio todavía está a la espera de saber si ese voto será o no respetado.

Con esta demanda Fedemunicipios le pone una nueva presión al gobierno  al exigir autonomía  sobre decisiones territoriales que afectarán su presente y futuro.

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