Este jueves se dio a conocer el Global Witness Report 2016, un informe que reseña los peligros y el número de asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente. En Colombia los asesinatos alcanzaron un máximo histórico y se le considera como el segundo país más peligroso para las comunidades que defendían sus tierras o el medioambiente, 37 personas defensoras de la tierra y del medioambiente fueron ultimadas el año pasado, 22 de ellas presuntamente por grupos paramilitares.

El informe asegura que las comunidades desplazadas que regresan a sus tierras (después de 50 años de conflicto) son atacadas”. Una situación de por si preocupante y que deja en relieve la existencia de Bandas Criminales y Grupos Paramilitares que se creían extintos y que ponen en peligro la labor de defensa del medioambiente que hacen cientos de líderes sociales.

“Mientras las Farc se desmovilizan, una peligrosa red de milicias y grupos paramilitares forcejean por controlar los territorios que las Farc dejan atrás. Esto les pone en conflicto con las comunidades indígenas y afrocolombianas, que buscan recuperar tierras ancestrales que les fueron arrebatadas durante la guerra civil”, relata el informe. Asimismo destaca el papel de algunas multinacionales en la estigmatización de los líderes sociales. (Vea aquí el informe)

El documento señala que el gobierno debe hacer más si desea que el posconflicto no se convierta en un caldo de cultivo para asesinatos selectivos, “se sospecha que los paramilitares estuvieron detrás de 22 asesinatos en 2016; pero el gobierno se niega a denunciarlos, alegando que desde el final de la guerra los paramilitares ya no existen en Colombia. La policía y las autoridades locales también buscan adjudicar los asesinatos cometidos por las fuerzas paramilitares a "causas locales””.

En el mundo la situación no es mejor y en todo el 2016 fueron asesinados 200 defensores. El hallazgo más relevante es que el asesinato de defensores de la tierra y el medioambiente no solo está creciendo sino que se está expandiendo ya que se documentaron asesinatos en 24 países respecto a 16 países en 2015. 

En cuanto a las actividades más peligrosas para oponerse, la minería es el sector que más víctimas dejó 33 personas defensoras asesinadas, aunque los asesinatos por el comercio ilegal de madera está aumentando de forma preocupante con 23 personas asesinadas. Asimismo, se muestra que cerca del 40% de las víctimas son indígenas.

El informe de Global Witness asegura que los gobiernos y los actores empresariales están fallando en combatir los ataques, la mayoría de ellos motivados por la imposición de proyectos extractivos en comunidades que no aprueban los proyectos. 

Colombia, India y República democrática del Congo son los lugares en los que la situación ha empeorado. Mientras que En Nicaragua, Honduras, Filipinas y Brasil los datos siguen siendo más que preocupantes.

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