De los ocho puntos más críticos de deforestación en Colombia, tres están en la zona donde se piensa construir la Carretera Marginal de la Selva que busca conectar los 381 kilómetros que separan a San José del Guaviare de San Vicente del Caguán.

Aunque la vía apenas está en su fase de planeación en el Ministerio de Transporte, tiene muy preocupados a los biólogos y los ecólogos porque el trazado ya se convirtió -según datos del IDEAM- en una especie de enorme queso gruyere en las puertas de la Amazonia.

Su preocupación se debe a que lo que suceda en esta zona es vital para que Colombia –que tiene la octava cobertura más grande de bosques en el mundo- pueda cumplir sus metas en el Acuerdo de París de cambio climático de frenar la deforestación para 2020.

“Desde hace dos o tres años, todos los datos muestran que es uno de los núcleos más activos de deforestación y que no se detiene. Corremos el riesgo de que se repita la historia de Yarí, en el Caquetá, que es una radiografía de lo que ha pasado en la Amazonia y lo que puede seguir pasando sin una presencia fuerte del Gobierno”, dice Ederson Cabrera, que lidera el equipo en el Ideam encargado de monitorear la deforestación.

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Mientras tanto, va señalando en su computador un corredor vertical de color verde, que corre paralelo al río Caguán y que separa a las sabanas del Yarí y el pueblo de Cartagena del Chairá. “No se ilusione: esto era 1990”, dice y, acto seguido, comienza a hacer clic en la barra lateral de su programa de información geográfica. Poco a poco el verde comienza a dar paso al color crema. Para 2016 ya no hay un corredor, sino apenas unos parches de bosque.

“Este es el riesgo: en Caquetá ya es muy difícil una conexión entre los Andes y la Amazonía, así como tampoco la hay ya en Putumayo. Por eso es tan importante la Marginal de la Selva”, remata.

Los datos recién develados de deforestación en 2016 –que evidenciaron un crítico aumento del 44 % en todo el país- corroboran que la zona de influencia de la Marginal tiene uno de los niveles más alarmantes a nivel nacional.

Hay una razón por la que esta realidad es especialmente dramática: la zona donde pasaría la carretera es justamente el punto donde confluyen la Amazonía, la Orinoquía y los Andes. Y, por lo tanto, el corredor verde que asegura la conectividad de los distintos ecosistemas que van desde el páramo de Sumapaz en los Andes hasta la punta del trapecio amazónico, permitiendo que las poblaciones animales y vegetales tengan diversidad genética y no se extingan.

Foto: Rodrigo Botero/FCDS.

Todos los datos que arrojó en esta región el último censo de deforestación del Ideam son motivo de alarma. Los tres municipios que atravesaría la Marginal –San Vicente, San José y La Macarena- están entre los ocho con mayor deforestación del país, siendo San Vicente el que encabeza la lista. Los dos parques nacionales cerca de la vía -La Macarena y Tinigua- están entre los tres con mayor tala del país.

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Además, casi la mitad del total de 178.000 hectáreas deforestadas en Colombia durante 2016 cae dentro de la jurisdicción de las tres corporaciones autónomas que trabajan en la Marginal (Corpoamazonía del occidente amazónico, Cormacarena del Meta y la CDA del oriente amazónico), que se ven a gatas para controlar la tala en áreas tan extensas. Solo la CDA tiene que monitorear otra vía ilegal que –como contó El Espectador- se ha venido ampliando desde Calamar hasta Miraflores, en el sur del Guaviare, pasando muy cerca del Parque Nacional Chiribiquete.

Esta realidad es fácilmente visible en los sobrevuelos que han hecho científicos y funcionarios públicos, pero también se está sintiendo en la vida cotidiana.

Entre abril y mayo de este año, los habitantes de Puerto Cachicamo mataron a dos tigres que estaban rondando su ganado, una evidencia fuerte de que la pérdida de bosques los está empujando fuera de su hábitat normal a buscar comida.

Ese fenómeno se está observando en otros puntos del trazado. A finales del año pasado, un tigre fue atropellado por un carro cerca de Puerto Concordia, sobre la carretera desde San José hasta Villavicencio. Este mes, la autoridad ambiental de Caquetá advirtió que campesinos de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Montañita están alarmados por la presencia de tigres.

“Los atropellamientos son indicadores de por dónde están cruzando los animales. Y si están haciéndolo es por algo: significa que forma parte de los corredores que usan y que ahí debe pensarse una solución distinta”, dice el zoólogo Esteban Payán, el mayor experto en jaguares en Colombia y director del programa de felinos en el norte de Sudámerica de la Fundación Panthera.

“Debemos zonificar para poder entender en qué áreas de la carretera vamos a crear transeptos amigables para los animales e impedir que, si no es la vía, sean los servicios secundarios como gasolineras, moteles y restaurantes los que generan impacto”, añade Payán.

La debilidad de las corporaciones

Con la dificultad añadida de que las corporaciones autónomas, las autoridades ambientales regionales paralizadas entre la politización y la falta de recursos, no tienen los dientes para documentar la deforestación o, mucho menos, frenarla.

La CDA del oriente amazónico, que es una de las tres corporaciones con jurisdicción sobre el área de influencia de la Carretera Marginal, es un buen ejemplo.

Los funcionarios de su oficina regional en San José han podido ir a la zona más sensible de la Marginal –entre Puerto Nuevo y Puerto Cachicamo- sólo dos veces en dos años, en parte por el riesgo de seguridad y en parte por la falta de personal.

A comienzos de 2017 todo su equipo en Guaviare –a cargo de 53 mil kilómetros cuadrados- lo componían seis personas, tres de ellos de campo. En junio -gracias al apoyo de Visión Amazonía, el programa nacional que busca bajar la deforestación en la región a cero en 2020- entraron cinco personas más de campo en ese departamento, una mano de obra adicional valiosa pero aún insuficiente en una de las regiones con mayores niveles de tala en el país.

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A eso se le suma el factor seguridad. En abril de este año, funcionarios de la CDA regresaban de un operativo con la Fuerza Pública en un foco de deforestación en la vereda Cubay de El Retorno, en el sur del Guaviare, cuando los vehículos en que viajaban se sacudieron con una explosión. Era un artefacto explosivo, al parecer puesto por la disidencia de las Farc, que dejó un soldado muerto y tres heridos.

Eso significa que operativos como el de la Infantería de Marina en febrero en La Carpa, donde decomisó 50 metros cúbicos de madera ilegal que venían flotando por el río Guayabero amarradas a unas canecas flotantes, son más la excepción que la regla.

Foto: Cortesía CDA.

“Esto requiere una intervención del orden nacional, porque desde lo regional nos queda muy difícil controlar la magnitud de la situación o generar los procesos sancionatorios”, dice Wilfredo Pachón, el jefe departamental de la CDA, mientras señala el mapa en su despacho donde ocurre la deforestación. Todo está pintado de rojo o verde, indicando áreas que están teóricamente protegidas por la llamada reserva forestal de la ley segunda de 1959.

Por eso, la supervivencia del principal corredor de conectividad entre los Andes y la Amazonía depende de que podamos frenar la tala.

* Este reportaje se hizo gracias a una beca de reportería del Earth Journalism Network en temas de biodiversidad.

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