En febrero, la Corte Constitucional volvió a poner a los páramos en el centro del debate. Su fallo– que prohíbe tajantemente la minería en estos ecosistemas esenciales por su rol como fábricas de agua, le ordena concertar estas decisiones al gobierno con los municipios y le devuelve a las corporaciones autónomas la responsabilidad de muchas licencias ambientales allí– tendrá otro efecto decisivo en la política ambiental: el Ministerio de Ambiente perdió el margen de maniobra para decidir su suerte.

Uno de sus principales efectos es que cambia el esquema de delimitación, el complejo ejercicio de mapear exactamente dónde comienzan y terminan los 36 complejos paramunos que tiene el país, para entender dónde se pueden hacer y qué tipo de actividades económicas. (Vea: Un festival itinerante por la conservación de los Páramos)

Tras recibir el insumo científico del Instituto Humboldt, el ministerio emitió la delimitación definitiva tomando en cuenta variables socioeconómicas. El problema es que, como mostró el caso de Santurbán, ese ejercicio podía terminar siendo un tijeretazo que le resolvía los problemas al gobierno con empresas mineras como Eco Oro (cuyo proyecto de Angostura estaba dentro de la zona delimitada).

“La corte dice que la protección del ecosistema no puede estar sujeta a una instancia que no tiene parámetros claros y vio la posibilidad obvia de que el gobierno se saltara sus obligaciones. Puntualiza reglas de juego que se venían diluyendo con el tiempo”, dice un técnico que conoce el tema.

Eso le cambia las reglas de juego al ministerio, que hasta la sentencia de la corte solo había entregado una delimitación. En la Semana Santa de este año se entregaron los mapas definitivos para otros ocho complejos (Miraflores, Sonsón, Los Picachos, Belmira, Frontino-Urrao, Farallones de Cali, Paramillo y Tatamá), casi todos páramos remotos, poco poblados y sin complicados intereses económicos en juego. (Vea: Estos son los 8 nuevos páramos delimitados de Colombia)

El efecto del fallo se verá al delimitar los 27 restantes, con la dificultad añadida de que– como advierten dos técnicos– la corte convirtió una recomendación científica en norma de manera automática, cuando lo ideal es hacerlo mediante una decisión política que respete el espíritu de ese insumo. Es decir, sin la discrecionalidad que mostró el exministro de Ambiente Gabriel Vallejo en la delimitación del páramo de Santurbán.

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