Por: Mongabay Latam

Bajo un cielo sin nubes y un sol abrasador a finales de enero, Argemiros Capela, de 76 años, señaló un parche de maleza en su parcela que había empezado a crecer después de años de desertificación. “Las iguanas también han empezado a volver”, dijo Capela sonriente. Se podían oír chapoteos cerca, era el sonido de las iguanas saltando de los árboles al agua fresca del estanque tras de él.

Capela es un campesino desplazado de Montes de María, una sierra aislada de montañas ondulantes a lo largo de la costa caribeña de Colombia, tristemente célebre por una de las peores masacres de la historia reciente de Colombia.

En el año 2000, varios bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, apoyados por el estado, se precipitaron sobre el pequeño pueblo agrícola de El Salado en una salvaje ofensiva de tierra quemada para “limpiar” el pueblo y la zona que lo rodea de supuestos colaboradores de la guerrilla.

A calf stands on Capela‘s land. Farmers such as Capela are now employing new farming methods such as sustainable crop rotation. Photo by Ana Cristina Vallejo/Mongabay.                                   

Un becerro en el terreno de Capela. Los agricultores como Capela utilizan nuevos métodos agrícolas como la rotación sostenible de cultivos. Foto de Ana Cristina Vallejo/Mongabay.

Fue el punto álgido de la campaña antiinsurgencia de Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tenían al menos un tercio del país bajo disputa en aquel momento.

Con la ayuda de las Fuerzas Armadas de Colombia, que bloquearon el pueblo, 450 paramilitares asesinaron, torturaron y violaron a los lugareños durante cinco días —utilizaron motosierras, y según se informa, jugaron a fútbol con las cabezas de los lugareños decapitados y mataron a un total de 60 personas solo en El Salado.

La consecuencia fue un éxodo masivo de familias campesinas de la región, muchas de las cuales vendieron sus tierras por una fracción de su precio o las vieron usurpadas.

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El retorno de las familias desplazadas

Después de cinco décadas de conflicto armado, Colombia cuenta con más de siete millones de personas desplazadas, el segundo país del mundo más afectado por esta problemática detrás de Siria, según el Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno.

Muchos, como Capela y su familia, volvieron pronto. Otros esperaron años hasta que las AUC fueron disueltas de forma oficial (entre 2006 y 2008) para volver a su tierra. Capela se convirtió en el líder de facto de su comunidad después de afrontar el viaje de vuelta a su parcela en mula, dos semanas después de que la masacre tuviera lugar para recuperar los enseres que se había dejado con la huida.

“Me torturaron mientras escapaba”, dijo, aunque se abstuvo de entrar en detalle. “Pero sabía que tenía que volver”. Capela finalmente dirigió el retorno de 32 familias que vivían en las afueras de El Salado.

Volver a casa no ha sido el único reto para los desplazados por la violencia en la región. La deforestación y los efectos del cambio climático han causado gran desertificación en Montes de María.

Ya solo queda un 10 por ciento de los sobrios pero fecundos “bosques secos” que cubrían la costa caribeña debido a la tala, la ganadería y la sobreexplotación agrícola, según un estudio del Instituto Humboldt.

Los bosques secos de Colombia son un ecosistema enormemente importante que actúa como zona de amortiguamiento de las inundaciones y como zona de anidación para muchas especies.

                                Lugareños en las afueras de El Salado hacen una pausa del trabajo durante el calor abrasador del mediodía. Están poniendo postes eléctricos para la comunidad. Foto de Ana Cristina Vallejo/Mongabay.

Algunos agricultores como Capela han acogido nuevos métodos agrícolas para sobrevivir y han empezado a reforestar sus terrenos para regenerar los valiosos cursos de agua que alimentan sus bosques secos.

“Las vacas se morían de hambre y de calor”, dijo Karen Langton, especialista de la ONG española Ayuda en Acción, que ha liderado el proyecto de regeneración en Montes de María. Explica que de forma tradicional, los agricultores cortaban el bosque, cultivaban comida o tabaco y luego lo utilizaban como tierra para ganado antes de trasladarse a otra parte del bosque.

Langton también calcula que el 90 por ciento de los agricultores de la región siguen utilizando carbón como combustible. Sin cobertura forestal nativa a esos niveles, el paisaje empieza a consumirse a sí mismo.

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“Es insostenible, porque el suelo se vuelve árido y no deja refugio ni comida para el ganado”, dijo.

Langton, que lleva tres años en la región de El Salado, explica que el objetivo del proyecto es conseguir que se unan suficientes agricultores para crear una zona de amortiguamiento de bosque seco que restaure el hábitat nativo y permita a los agricultores ganarse la vida. Algunas familias que volvieron después de ser desplazadas descubrieron que no podían sostenerse, dijo Langton, así que volvieron a irse.

Hasta ahora hay más de 200 familias involucradas en el proyecto y después de tres años, el esfuerzo empieza a dar sus frutos.

“En 2015 esto era un desierto”, dijo Capela buscando la sombra bajo una cabaña de madera y las hojas de las palmeras. Llevaba el típico sombrero de paja y ropa de trabajo después de un día en el campo. Dijo que sus vacas lecheras producían solo dos litros de leche al día y ahora dan 10 litros.

Otros agricultores también han formado cooperativas para cultivar sésamo y producir miel, que son adecuados para el hábitat y se venden a buen precio en el mercado nacional.

Adaptarse al cambio climático

Uno de los factores que ha atraído a muchos agricultores al programa, según Langton, es que los agricultores se están dando cuenta de que necesitan adaptarse a los efectos del cambio climático.

El monte bajo de Montes de María puede alcanzar los 45 grados Celsius en verano. “Y cada vez hace más calor”, dijo Langton. El año pasado las temperaturas alcanzaron los 47 grados. La estación lluviosa también ha llegado mucho más tarde este año, lo cual ha alterado los ciclos de los cultivos.

Solar panels in El Salado, which powers the town aqueduct, Montes de Maria; it is the only such aqueduct with potable water run with solar energy in Latin America. Photo by Ana Cristina Vallejo/Mongabay.                                  Paneles solares en El Salado, que dan electricidad al acueducto del pueblo (Montes de María); es el único acueducto de agua potable que funciona con energía solar en América Latina. Foto de Ana Cristina Vallejo/Mongabay.

El cambio climático ha empezado a dejar huella en Colombia: el fenómeno anual conocido como El Niño, en el que agua caliente sube de la costa del Pacífico este, está conectado al clima extremo en América del Sur. En 2014, El Niño se relacionó con la gran sequía en la costa y secó miles de hectáreas de manglar en el nororiente del país.

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A pesar de los esfuerzos de reforestación, dice Germán Corzo, coordinador del estudio del Instituto Humboldt sobre el Caribe, el gobierno está siguiendo un nuevo impulso para volverse “verde”. Corzo dice que el trabajo del gobierno para construir presas en las montañas andinas, que son ricas en agua, está teniendo el efecto adverso de dañar los sistemas fluviales y hábitats frágiles.

Atrapados en el limbo

Sin embargo, la situación en Montes de María es mucho más compleja que simplemente la reforestación. Muchas familias que fueron desplazadas por la violencia siguen atrapadas en el limbo burocrático del complicado proceso de restitución de tierras de Colombia.

Las minas terrestres presentan otro desafío para los campesinos que quieren volver a su tierra, dice Álvaro Villarraga, experto en grupos armados de Colombia que también es investigador en el Centro para la Memoria Histórica.

Las guerrillas de las FARC plantaron muchas minas y aún quedan algunos artefactos que el ejército no ha detonado. Colombia tiene uno de los mayores índices de minas terrestres del mundo.

Los lugareños sostienen que los propietarios de tierras, entre ellos los políticos conectados a grupos armados y carteles de la droga, compraron cientos de hectáreas de tierra después de la masacre del año 2000 y contribuyeron a una destrucción ambiental de gran escala. Pero nadie se atreve a desafiarles, explica Villarraga, por miedo a represalias. En el primer mes de 2018, 21 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, sumándose a la cifra de 170 asesinados el año pasado.

Aunque no hay investigación sistemática sobre los responsables de los asesinatos, se da por hecho que hay una relación con las disputas por el territorio.

Solo 15 de los paramilitares que participaron en la masacre de El Salado respondieron ante la justicia y, según Villarraga, aún quedan partes activas de esos grupos armados en la región.

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“No soy muy optimista con que vaya a haber investigaciones o reclamaciones judiciales por estas tierras”, dijo. “Gran parte de estas tierras ya han sido monopolizadas”.

Capela tiene suerte de tener un título de propiedad, aunque los veranos cada vez más calurosos y los cambios estacionales son una causa de preocupación importante para él. Los agricultores que participan en el proyecto esperan que en diez años haya suficientes familias que se hayan unido para crear el corredor biológico en Montes de María, el cual actuará como amortiguamiento crucial contra el cambio climático.