A pesar de haber un capítulo de Crecimiento Verde en el Plan de Desarrollo y de que el ministro de Ambiente ha salido reiteradamente a decir que esta corriente es una verdadera política de Estado, lo cierto es que el Estado Colombiano sigue apostándole con fuerza a la explotación minera por encima de los sectores que pueden ser social y ambientalmente más sostenibles. 

Esa apuesta se hace patente en el principal proyecto de ley del gobierno: el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, ampliamente discutido y debatido, así como y en la asignación presupuestal. Por este ultimo lado la matemática es fácil: en el presupuesto 2015 el sector minero-energético tiene una asignación del 2.3 por ciento del presupuesto nacional, mientras que el ambiental tiene el 0,4 por ciento. 

Esta apuesta por la minería  ignora la copiosa evidencia de la baja probabilidad de que la minería contribuya de manera efectiva bajo las condiciones existentes, a la generación de equidad o, para responder a las prioridades de este gobierno, a la paz. (Vea: Minería y licencias exprés al PND, el medio ambiente el gran perdedor)

En el 2008 Mauricio Cárdenas, el mismo que hoy es Ministro de Hacienda, en un estudio de Fedesarrollo, prevenía al Estado Colombiano de que de no fortalecerse la capacidad de fiscalización ambiental, el recaudo de impuestos y el combate a la corrupción, habría casi nulas posibilidades para que la minería fuera una oportunidad de crecimiento, generación de riqueza e igualdad en Colombia.

En la misma línea, el académico Guillermo Rudas ha utilizado estadísticas públicas para concluir que los municipios con importante actividad minera tienden a estar en peores condiciones sociales y económicas que aquellos que no la tienen,  algo que se ha reseñado en varios artículos y estudios incluyendo uno de la Contraloría General de la Nación.  Quizás lo más interesante es que no tienden a contribuir al orden público, sino que parecen correlacionarse (sin establecer direccionalidad) con mayores índices de violencia.

Además, la caída en los precios del petróleo que inició a finales de 2014 se ha sentido fuertemente en la economía colombiana: cayeron los ingresos del Estado, los precios de la finca raíz parecen ir en picada y la economía en general parece contraerse. 

Parece que estamos viviendo las consecuencias la enfermedad holandesa, que se refiere a las consecuencias del crecimiento desmedido de los ingresos en divisas y que comúnmente se relaciona con la explotación de recursos naturales. Como los ingresos por la explotación de recursos naturales llegan de manera relativamente fácil y rápida, los otros sectores, de mayor complejidad en sus procesos de producción (particularmente aquellos que exigen trabajadores bien calificados) suelen paralizarse. 

Todo indica que la explotación minera no genera igualdad y que las regalías no han sido la tabla de salvación porque nuestra institucionalidad no está a la altura del reto. La minería afecta los recursos naturales de manera casi irremediable. Los índices de pobreza en los municipios mineros tienden a empeorar y no a mejorar. Sin embargo, con sus actos el Gobierno parece decir: hagamos todo lo posible para no afectar los intereses de las compañías mineras porque no vaya a ser que las mineras se vayan del país, porque ¿de qué vamos a vivir?  Una metáfora cruel, pero atinada, es la de la víctima de violencia intrafamiliar, quien entre los golpes y la incertidumbre, prefiere lo primero. 

Este país es mucho más que su subsuelo. Hoy por hoy cualquier ejercicio serio de mercadeo arranca por identificar de manera puntual la oferta de valor que se ofrece al mercado. Vale la pena preguntarse si somos conscientes de que le estamos apostando a que nuestra oferta de valor en los mercados internacionales es la extractivista, a pesar de que sabemos que nuestro mayor problema es la inequidad y que las industrias extractivas hacen poco, si es que algo, por disminuirla. 

Muchos podrían decir que el capitulo de Crecimiento Verde del Plan de Desarrollo cuenta otra historia, pero las prioridades gubernamentales, aquí y en China, se definen en el Congreso y en la billetera. Ninguna de esas dos refleja una apuesta por la biodiversidad, el paisaje o el turismo, como ejemplos de sectores económicos que son intrínsecamente verdes. 

Para tener una estrategia de crecimiento verde real tiene que haber una política de estado que considere que crecer emitiendo menos contaminantes, desarrollando industrias limpias y explotando nuestras muchas diversidades es una oportunidad y no una amenaza.  Habrá que verlo en la ley y en la chequera.

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