El pasado cuatro de mayo, el diario italiano La Repubblica publicó un artículo que pasó desapercibido en Colombia a pesar de que informaba sobre un asunto neurálgico para el país. El título era elocuente: “Enel le dice basta al carbón ensangrentado de ese país latinoamericano”.

La nota reseñaba las declaraciones de Francesco Starace, el director general de esa compañía que es la más importante generadora eléctrica de Italia, en las que afirmaba que no importarían más carbón colombiano. Y asociaba esta decisión a las denuncias sobre la presunta participación de algunas empresas productoras en violaciones a los derechos humanos y en los crímenes cometidos por los paramilitares. Semana Sostenible habló con los implicados y esto fue lo que encontró.

En efecto, desde hace varios años la ong holandesa PAX ha venido investigando los testimonios de ex paramilitares y ex empleados de empresas mineras en el Cesar, incluyendo a las mineras Glencore y Drummond, sobre los nexos entre éstas y la violencia paramilitar que asoló la región. Producto de ese trabajo, en 2014 publicaron un informe llamado "El lado oscuro del carbón", en el que concluyen que hay evidencia de sobra para establecer que dichas compañías se beneficiaron del accionar de esos grupos, particularmente del desplazamiento masivo, para expandir sus negocios en la región.

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A diferencia de Colombia, donde no tuvo mayor impacto, en Europa el documento y el activismo de esta y otras organizaciones sí causó algunas repercusiones. Por ejemplo, el año pasado Enel, cuyas plantas generadoras se abastecían del carbón colombiano, emprendió una investigación propia alrededor de aspectos como seguridad laboral, sostenibilidad ambiental y derechos humanos.

Aunque no encontró evidencias de violaciones directas en último aspecto, lo cual según Starace no excluye que estas pudieron haber ocurrido en el pasado, la investigación sí identificó algunas áreas, particularmente en las relacionadas con las comunidades, donde “era posible hacer mejoras sustanciales”.

A pesar de estos resultados aparentemente positivos, a finales del año pasado Enel decidió no renovar los contratos de suministro con Drummond y Glencore, argumentando que está en un plan de descarbonización que culminará hacia 2050. En ese camino, han cerrado 23 plantas generadoras, lo que ha llevado a que las demandas del mineral se reduzcan.

En dialogo con Semana Sostenible, según la empresa la decisión sobre qué tipo de carbón dejan de adquirir responde a factores y especificaciones técnicas de las plantas desmanteladas. Y que esos criterios coincidieron con las características del mineral colombiano. “Como consecuencia de esta estrategia, y por ninguna otra razón, Enel ya no compra carbón de las minas de la zona de Cesar”.

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Sin embargo, para PAX la explicación está incompleta. En un comunicado publicado en la misma fecha de la nota de La Repubblica, afirman que en mayo de 2016 el director Starace se comprometió a investigar por su cuenta las  severas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en la cadena de abastecimiento del carbón en Colombia y a usar su apalancamiento económico para presionar a las mineras.

Según el comunicado, Starace dijo que “Enel comenzará su propia investigación en el Cesar y si no nos gustan los resultados actuaremos igual que Dong y pararemos de comprar carbón de esa región”. Dong es una empresa danesa de energía que el año pasado decidió suspender las importaciones de carbón de Drummond y Prodeco mientras se presenta un plan de mejora direccionado, entre otras cosas, a mitigar y remediar las violaciones a los derechos humanos.

Semana Sostenible pudo establecer que para los voceros de la ONG holandesa la decisión de no renovar los contratos con Drummond y Prodeco justo después de las investigaciones puede ser una mera coincidencia, pero también una estrategia para no comprometerse demasiado con estos asuntos espinosos debido a que son un actor económico clave en el país. Enel es propietaria de Codensa y Emgesa, dos de las empresas más importantes del sector energético colombiano.

Aún así, para PAX la suspensión de las importaciones es un paso importante para asumir la responsabilidad por el impacto de la cadena productiva del carbón sobre los derechos humanos. No obstante, esta organización cree que la decisión no debe ser definitiva, sino que tiene que usarse como mecanismo de presión para lograr un compromiso más estricto de Drummond y Prodeco respecto al reconocimiento y la reparación de las víctimas de la violencia en el Cesar. Entre las acciones necesarias para Pax está que las empresas denuncien los asesinatos de líderes sociales que siguen ocurriendo en la región y que se involucren activamente en los procesos de verdad y reparación de la justicia transicional.

Lo cierto es que por ahora el carbón del Cesar no seguirá siendo un insumo clave para las compañías de Enel en el mundo. Según Starace esto podría cambiar en el futuro dependiendo de las necesidades de abastecimiento de la empresa italiana, lo cual no está garantizado debido a su plan de descarbonización. Pero si eso llegara a pasar, “obviamente nos aseguraríamos de que los estándares de sosteniblidad sean respetados por estas empresas”.

La respuesta de Drummond

Esta compañía minera, por su parte, ha rechazado en múltiples ocasiones las denuncias de PAX en su contra. De hecho, en una carta de mayo de 2016 dirigida al director de la ong holandesa, el presidente de Drummond, José Miguel Linares, afirma que esa organizacion está “haciendo falsas acusaciones sobre relación a supuestas violaciones de derechos humanos y pidiendo que ofrezcamos remediación a las víctimas del conflicto armado que lleva más de 50 años en Colombia”.

En la carta, Drummond se declara también víctima del conflicto armado colombiano y afirma que “es responsabilidad del gobierno establecer las reglas de juego para la remediación y garantizar la disponibilidad de recursos para que esto pueda suceder”. Además, niega cualquier relación con los grupos armados ilegales y se queja de que PAX no los tuvo en cuenta en la elaboración del informe “El lado oscuro del carbón”. 

“Cuando ustedes estaban realizando el trabajo de campo, nosotros les informamos que estaban utilizando falsos testigos como fuentes de información. Desafortunadamente, usted ignoró esta información, la cual impidió la independencia y objetividad de su investigación, por lo cual dicho reporte está lleno de falsas afirmaciones e imprecisiones. Esto puede ser corroborado con las múltiples decisiones judiciales en favor de la compañía tanto en Colombia como en Estados Unidos”, concluye el documento.

*NOTA DEL EDITOR: Este artículo fue editado posteriormente a su publicación para incluir la respuesta de Drummond.

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