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Un deslave de lodo y desechos mineros enterraron un pueblo y contaminaron toda la cuenca del río Doce, un área del sureste de Brasil más grande que Suiza. Esta es la peor catástrofe ambiental en la historia de dicho país, pero lo más indignante es que el incidente ocurrido el pasado 5 de noviembre fue encubierto y sólo hasta estas dos últimas semanas se han empezado a conocer el terrible impacto de un proyecto minero. Que pese a contar con grandes medidas de seguridad nos recuerda que esta práctica está desangrando al planeta y privando a las futuras generaciones de un futuro libre de contaminación y, sobre todo, del agua potable.

La tragedia ambiental fue causada por la ruptura de los diques de contención de dos depósitos de agua y residuos minerales de una mina perteneciente Samarco, una filial controlada por la brasileña Vale y la anglo-australiana BHP, dos de las tres mineras más grandes del mundo. La ministra de Medio Ambiente brasileña, Izabella Teixeira, declaró que se necesitarán 30 años para recuperar la zona devastada, esto sin contar que el desastre ya circula por las aguas del Océano Atlántico. (Vea el especial: EL MEDIO AMBIENTE: LA VÍCTIMA OLVIDADA)


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La catástrofe, que dejó a más de 280.000 personas sin agua y mató a miles de animales, llevó a Samarco y la anglo-australiana BHP Billiton a desembolsar por lo menos 260 millones de dólares para reparar los daños ambientales y las autoridades brasileñas le han impuesto multas por una suma de 175 millones de dólares. Cifras minúsculas en comparación a la catástrofe generada.


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“La escala del daño ambiental es equivalente a 16.000 piscinas olímpicas de residuos de lodo tóxico contaminando el suelo, ríos y el sistema de agua en un área de más de 850 kilómetros”, alertó la ONU.

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El organismo multilateral consideró “insuficientes” las medidas adoptadas por el Gobierno brasileño y por la minera para paliar los daños. “No es aceptable que hayan tenido que pasar tres semanas para que hayan salido a la luz informaciones sobre los riesgos tóxicos de la catástrofe”, afirmó la oficina de la ONU en Brasil. (Vea: Los indígenas Kayapó luchan por sus tierras)


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Incluso la ONU fue más allá y cuestionó la legislación brasileña en materia minera, “las autoridades deben valorar si las leyes de Brasil para la explotación minera son consistentes con los patrones internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho a la información”.

La catástrofe deja serias dudas sobre la actuación de los gobiernos que no respetan el derecho a la información y lleva a preguntarse si en nuestro propio territorio se están desencadenando desastres similares sin que el público pueda saber que su futuro está en entredicho.


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