Este martes se llevó a cabo en la comisión quinta del Senado el debate de control político citado por Ernesto Macías, congresista del Centro Democrático, encuentro que pretendía dar a conocer las inconsistencias y las consecuencias de la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, en el departamento del Huila.

Al debate asistieron en calidad de citados los ministros de Minas y Energía, Tomás González Estrada, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López; el director de la Anla, Fernando Iregui Mejía, y el director de la Corporación del Alto Magdalena (CAM), Carlos Alberto Cuéllar. Además, como invitados asistieron el director de Emgesa, Lucio Rubio Díaz, y el procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas.

La central hidroeléctrica de El Quimbo se ubica en el departamento del Huila en plena desembocadura del río Páez sobre el Magdalena. Según cálculos iniciales, el 95 por ciento de ese territorio formaba parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía y el Macizo Colombiano.   la represa inundará 8.586 hectáreas, de las cuales 5.300 eran productivas. A pesar de esto licencia ambiental para la construcción de la hidroeléctrica se expidió en mayo de 2009.

Otra de las grandes polémicas que se suscitaron desde el anuncio de la construcción fue que las inundaciones de la represa afectarían directamente a 1.537 personas, esto debido a que el área a inundar se puede equiparar a 1/4 de la extensión total de Bogotá. 

En este sentido, la Contraloría General de la Nación señaló a finales del año pasado que los censos realizados por Emgesa, la empresa española encargada del proyecto, presentaban irregularidades en el número de personas afectadas por la futura represa y se identificó que el terreno no era apropiado para el tipo de trabajo que se pretende llevar a cabo.

Estos reparos coinciden con los expuestos por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, en septiembre de este año, donde se cuestionó la actuación de la ANLA en el otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto y donde se señalan 14 hallazgos administrativos, uno con posible incidencia disciplinaria.

Otros datos interesantes que arrojó el debate

El proyecto que en el papel debería suplir el 8 por ciento de demanda energética del país, en 2010 tenía un costo aproximado de 837 millones de dólares. Sin embargo, el presupuesto tuvo una ampliación por los temas sociales y ambientales surgidos por lo que en este 2014 el costo asciende a 1.903 millones de dólares.  

También, en el debate se explicó que hasta la fecha Emgesa no ha adquirido territorios para realizar la compensación a los campesinos afectados. A junio de este año las obras van en un 80 por ciento de terminación mientras que la compensación ambiental sigue sin iniciar. 

Asimismo, el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo criticó fuertemente el proyecto al señalar que “en este proyecto el agua se convierte en propiedad privada".

Adicional a esto el Polo Democrático presentó unas cifras proyectadas de ganancias de las inversionistas privadas para este tipo de proyectos. De esta forma en 2014 las ganancias para las empresas extranjeras en este tipo de proyectos se acercan los 5,6 millones de dólares, mientras que para el 2015 sería de 11,9 millones y de 2017 a 2030 ascenderían a los 23 millones anuales.

Por lo que dicha bancada no dudo en calificar este tipo de proyectos como un negocio en los que se “está produciendo energía para vender" y no para consumo interno.

Esta fue la intervención de Jorge Robledo en el debate de este martes:

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