| 2016/02/09

El vaivén de la política minero-ambiental

El gobierno se ha equivocado al definir a sus aliados y enemigos en la importante tarea de atraer inversiones a nuestro país. Como resultado, el poder Judicial ha tenido que reiterar una y otra vez la prevalencia del derecho al medioambiente sano.

El vaivén de la política minero-ambiental

Este martes, después de la celebrada decisión de la Corte Constitucional de suspender los permisos de explotación minera dentro de los páramos de nuestro país, los mineros formales se quejan de la inseguridad jurídica a la que han estado sujetos durante los últimos diez años de política minera. Y tienen toda la razón: en lo que concierne al sector minero la institucionalidad de nuestro país ha probado una y otra vez su absoluta incapacidad de definir un marco jurídico, reglamentarlo y supervisar su cumplimiento. Pero los mineros, incluyendo a los artesanales, no son la única víctima de los vaivenes y la incapacidad institucional. El país entero ve hoy, durante los fenómenos climáticos como El Niño y La Niña,  las consecuencias del deterioro de sus ecosistemas estratégicos y de la débil gestión ambiental.

El meollo de la indefinición de la política minera y ambiental del país tiene como raíz una profunda crisis de identidad que se traduce en la ausencia de políticas ambientales y mineras de Estado, es decir aquellas, que más allá de la visión de un cuatrienio, sirven para definir la vocación productiva, la protección y conservación de los ecosistemas que se podrían considerar estratégicos para Colombia. 

Así, el Ejecutivo ha empujado por sacar adelante un marco regulatorio que fomente la inversión minera y el aparato Judicial se ha visto en la necesidad de recordarle una y otra vez dos preceptos constitucionales esenciales: el derecho a un medioambiente sano y la consulta previa para comunidades indígenas, afrodescendientes, negras,  raizales y palenqueras. Los vaivenes han sido muchos, y la sociedad en general ha estado desconcertada en distintos momentos, dependiendo de quién salía perdiendo después de una decisión en particular.

Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe se hizo un esfuerzo por producir un código minero que, a pesar de darle al sector unas ventajas considerables, se puso a la tarea de limitar los ecosistemas en los que estaría prohibida la actividad minera. Ante los tremendos costos y demoras de someter el instrumento jurídico a la consulta previa obligada por la Constitución, el Gobierno hizo caso omiso de esa obligación. El Código minero fue objeto de una demanda y se cayó.

El marco legal perfecto para meter las cosas que se enredan con la consulta previa es el Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuyo alcance es tan grande que las comunidades objeto de consulta previa quedan paralizadas en la decisión de cómo se reparte la plata y no se meten en el detalle de temas como la minería.

Así, los dos planes de desarrollo de Santos han cargado con la prohibición de la minería y la agricultura de gran escala en páramos y otros ecosistemas estratégicos. El miedo ante los derechos adquiridos de las operaciones mineras que ya estaban activas dentro de esos ecosistemas llevó a la inclusión de una excepción que no expusiera al Estado colombiano a demandas millonarias.

En el plan de desarrollo 2010-2014 se estableció la obligación de delimitar esos ecosistemas a escala 1:25.000.  Después del doloroso proceso de delimitación del páramo de Santurbán, sabemos que esa es una tarea titánica que requiere de más tiempo y recursos de los hoy disponibles. (Vea: La disputa de Santurbán agua u oro)

El plan de desarrollo 2014-2018 estableció la creación de zonas estratégicas para la minería y  una serie de excepciones para los famosos PINES o Proyectos de Interés Nacional Estratégico, incluyendo que sus licencias ambientales fueran atraídas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y no procesadas por las Corporaciones Autónomas Regionales. (Vea: Minería y licencias exprés al PND, el medio ambiente el gran perdedor)

Estas medidas han sido parte de los repetidos intentos por aligerar la carga administrativa para aquellos proyectos que se consideran prioritarios en los sectores de infraestructura, energía y minería, incluyendo a los hidrocarburos. El esfuerzo se ha centrado  particularmente en los temas de consulta previa, compra de predios y licenciamiento ambiental: las tres quejas persistentes de los inversionistas para poder avanzar en proyectos importantes para el desarrollo del país.

Solucionar los problemas de parálisis para la inversión es una importante función del gobierno nacional. El problema es que el Gobierno ha dado la batalla equivocada al hacer de sus aliados enemigos al tratar de complacer a quienes tienen una agenda extractivista que naturalmente no incluye la prosperidad de la población a largo plazo.

En lugar de fortalecer a las instituciones existentes y darles la capacidad de responder en tiempo y forma a la presión del crecimiento de nuestra economía, la desconfianza del gobierno Santos en “los ambientalistas” , las comunidades indígenas y los afrodescendientes; lo ha llevado a crear instituciones paralelas y excepciones temporales. Tanta es esa desconfianza, que Santos cada vez nombra a personas menos ambientalistas en el Ministerio de Ambiente, para no arriesgarse a que algún ministro se dé el lapo de defender el medioambiente con convicción.

Así se crearon gerencias  para lo “estratégico” cuya principal responsabilidad es presionar a las autoridades a autorizar rápidamente los proyectos más importantes Aunque en cada una de esas instituciones se ha nombrado a gente excepcionalmente capaz, su éxito se ha visto limitado por la debilidad de las instituciones con las que invariablemente tienen que operar.

Hoy, la Corte Constitucional le recuerda al gobierno que las excepciones coyunturales y los embelecos gerenciales no están por encima del derecho al medioambiente sano. Para eso está el equilibrio de poderes: para que el interés público tenga una mejor oportunidad de prevalecer. Pero las Cortes, por la naturaleza de sus funciones, no pueden hacer lo necesario para darle a las instituciones la fortaleza necesaria para hacer cumplir la ley. Eso solo lo puede hacer el Gobierno. Para lograrlo, basta saber que quienes defienden el medioambiente son sus aliados, no sus enemigos.

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