En la mañana de este lunes se escribió un nuevo capítulo de los conflictos socioambientales generados por la industria petrolera en el país. Agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) de la Policía Nacional llegaron hasta la vereda Pío XII de Guamal, Meta, para realizar un operativo de desalojo contra las decenas de pobladores que desde hacía meses impedían el ingreso al bloque petrolero CPO 9 de Ecopetrol.

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Según denunciaron algunos habitantes de este municipio, los oficiales del Esmad llegaron antes del amanecer acompañados del Ejército y de la Fiscalía para desalojar a los manifestantes que desde hace varios meses acampaban en la zona donde la estatal petrolera pretende ejecutar un proyecto de exploración y producción de hidrocarburos. Un líder comunal que pidió no ser citado denunció que al menos 10 personas resultaron heridas durante el operativo. Sin embargo, a través de un comunicado, Ecopetrol negó estos hechos y afirmó que se realizó respetando los derechos humanos. La diligencia terminó con el ingreso de una decena de empleados de Ecopetrol al predio para preparar la construcción del pozo Trogón 1.

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El bloque CPO 9 tiene influencia en Acacias, Guamal, Castilla la Nueva, Cubarral y El Dorado. Durante varios años, las actividades estuvieron suspendidas debido a los bajos precios del petróleo. Este año, sin embargo, la empresa decidió reactivar los trabajos exploratorios con la construcción de las plataformas Lorito 1 en Castilla La Nueva y Trogón 1 en Guamal. A pesar de que cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la Anla, el proyecto ha tenido que enfrentar la férrea oposición de los habitantes del área de influencia.

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En esa zona del piedemonte llanero, las comunidades campesinas denuncian que los trabajos exploratorios han causado afectaciones sísmicas y afirman que la actividad petrolera pone en riesgo el consumo de agua, particularmente el río Humadea, que es la principal fuente de abastecimiento en esta región del país. Tras el desalojo, las actividades petroleras seguirán su curso en Guamal, pero los habitantes anunciaron nuevas medidas, entre ellas una reunión con la gobernadora, Marcela Amaya, para evitar que el proyecto se realice normalmente.

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