“El Gobierno Nacional ha construido toda una política minera sin contar con los adecuados estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios”. Esta dura frase no es de un investigador universitario, ni mucho menos de un ambientalista “extremo”.

Es, ni más ni menos, de la propia Corte Constitucional, que en una sentencia de octubre del año pasado regañó al gobierno por esta improvisación y le ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que encabezara la implementación de una mesa de trabajo interinstitucional con el objeto de construir una investigación oficial científica y sociológica que precisara las conclusiones gubernamentales sobre los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del país.

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En esa mesa, dijo la Corte, debían participar el Ministerio del Interior, Parques Nacionales, el Instituto Humboldt y la Contraloría General. Pero también se podrían vincular otras entidades públicas, centros de investigación y miembros de la sociedad civil. El alto tribunal otorgó un plazo improrrogable de dos años para la finalización de ese trabajo, el cual deberá ser publicado en las páginas web de las respectivas instituciones.

En mayo de este año, en cumplimiento de esa sentencia, el MinAmbiente creó formalmente la ‘Mesa de Trabajo Interinstitucional para la investigación sobre los impactos de la actividad minera en el territorio colombiano’ y en junio publicó otro documento en el que define los criterios para la realización del trabajo y para la escogencia del grupo de expertos externos que integrarían la mesa.

Hasta acá parecería que todo el proceso va bien. Sin embargo, este lunes se conoció una carta enviada a la Corte Constitucional en la que un grupo de expertos académicos e investigadores denuncian una suerte de discriminación por parte del MinAmbiente a través de los criterios de escogencia.

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La comunicación, firmada por reconocidos personajes como el exministro Manuel Rodríguez, el geólogo Julio Fierro y el antropólogo Arturo Escobar, entre otros, afirma que “a nuestro juicio los criterios para la convocatoria y escogencia del grupo de expertos son confusos y muestran un sesgo centralista y academicista que excluye a actores con idoneidad y experticia en el tema que se pretende investigar”.

Según los denunciantes, el hecho de que se exijan títulos de posgrado y la publicación de al menos dos artículos científicos en revistas indexadas “son discriminatorios y pueden llevar a la escogencia de profesionales con trayectoria mínima en relación con las problemáticas sociales y ambientales y alejados de la academia”.

Asimismo, afirman que “existen conocimientos sobre la naturaleza, la vida y el territorio que se sustentan en cosmovisiones y saberes culturalmente diversos, que tienen el mismo valor que el conocimiento científico occidental y que es necesario que sean reconocidos e incluidos en este espacio”.

Los expertos también se quejan de que se exija una dedicación mínima del 30 por ciento y que, sin embargo, la contribución sea ad honorem. “Los grupos de interés marginados no estarán presentes en la Comisión bajo el esquema aprobado y por el contrario, propicia la inclusión de muchas personas que pueden ser financiados por empresas extractivas, lo cual reproduce las asimetrías técnicas a las que se ven sometidas las comunidades y pueblos frente a las empresas y funcionarios estatales en la toma de decisiones extractivas o en circunstancias de conflicto suscitadas por los riesgos e impactos de la actividad minera”.

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Por todo esto, los firmantes le piden a la Corte que le ordene al MinAmbiente la modificación de los criterios de la convocatoria considerando especialmente que se incluyan aquellas comunidades tuteladas por las afectaciones de la actividad minera, que se garanticen los costos de desplazamiento de los líderes y que las personas escogidas para integrar la Comisión sean consideradas como expertas por la propia Corte Constitucional.

Finalmente, los expertos alertan al alto tribunal sobre el riesgo de cooptación de la Comisión que es facilitado por estos criterios del MinAmbiente y temen que si no se toman los correctivos sugeridos “el trabajo concluya con unas conclusiones inocuas o no se genere la información que se requiere para tomar decisiones en un tema tan sensible como el minero” (Aquí puede ver la carta en su totalidad). Semana Sostenible buscó al Ministerio de Ambiente para conocer su opinión al respecto, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no ha obtenido respuesta.

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