Por: Observatorio de Conflictos Ambientales*

En los últimos meses ha habido varios reclamos por parte de comunidades de la vereda Pio XII de Guamal, en el departamento del Meta, frente a actividades de Ecopetrol en el pozo Trogón 1 del bloque exploratorio CPO-9. Las comunidades en plantón y las mujeres que hicieron huelga de hambre han sido acusadas de vandalismo, y el ESMAD fue enviado en varias ocasiones a responder con el uso de la fuerza. Pero las protestas de los habitantes de la zona contra la actividad petrolera siguen apareciendo, aunque a menudo se descalifiquen sus reclamos.

Entre 2008 y 2010 el Meta se consolidó como el departamento de mayor producción de crudo del país. Desde 2013, la exploración se ha intensificado en el bloque CPO-9, y tras hallazgos comprobados en el pozo Akacías, Ecopetrol avanza en la puesta en marcha de los pozos Lorito-1 y Trogón-1.

El bloque de producción Cubarral, localizado en el corazón del CPO-9, entre Acacías, Guamal y Castilla La Nueva, tiene una larga historia y es un referente principal en las afectaciones ambientales ocasionadas por la actividad petrolera en el llano. Por su parte, Lorito-1 que recientemente ha sido reubicado a 400 ó 500 metros del sitio inicial, es conocido por la intensa movilización que suscitó en 2013 y que consiguió su suspensión. La comunidad lo consideraba una amenaza, pues se ubicaba en una zona de transición de flujo de agua subterránea hacia el río Humadea.

La relación del Meta con el petróleo es larga, y sus aguas han sido fuertemente impactadas una y otra vez, tal y como lo han visto quienes que habitan el territorio, y como se aprecia en diversos documentos emitidos por las autoridades ambientales en años recientes. Lo que se puede ver es que la relación de la población con la industria de hidrocarburos se ha convertido en una relación de desconfianza que hay que considerar más allá del plantón en la vereda Pio XII, y en el Observatorio de Conflictos Ambientales nos dimos a la tarea de revisar por qué.

Antecedentes

Un derrame que dio mucho de qué hablar ocurrió en 2009, cuando una sustancia tóxica afectó 20 de los 54 km del río Orotoy. En esa ocasión, Ecopetrol fue señalado por el Ministerio de Ambiente como responsable de afectaciones en las fuentes hídricas por contaminación, por limitar su uso para las poblaciones ribereñas, por provocar mortandad de peces y por haber usado sustancias químicas sin contar con un plan de contingencia.

Otras contingencias tuvieron lugar entre septiembre de 2010 y enero de 2014 en el bloque Cubarral, como se puede ver en el Auto 511 de 2015 de la ANLA. Cuatro de los derrames ocurridos afectaron al Caño Alfije, uno al Caño Lejía y al Caño San Luis, y el más grave de ellos, al Caño La Berraquera, con un derrame de 1.698 barriles de crudo en 2011. El Caño Alfije ya había sido impactado con dos derrames en 2010: el rebosamiento de una piscina de agua tratada de la Estación Castilla 2, y el de una piscina de aguas aceitosas en la Estación Acacías.

Los impactos ya mencionados se suman a otros producidos por distintas actividades del proyecto, como la exploración sísmica, los vertimientos, y el rebosamiento y filtración de lodos y cortes de perforación por piscinas que no cumplen con las especificaciones técnicas. Esto último ha sido reportado en varias ocasiones en el bloque Cubarral desde 2008, cuando Cormacarena señaló que “los líquidos con hidrocarburos se siguen almacenando en piscinas excavadas en tierra y a cielo abierto, lo que genera la contaminación de las aguas lluvias que caen directamente y posiblemente la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales”.

En 2013, la ANLA advertía que Ecopetrol no utilizaba los materiales exigidos por la normatividad en ninguna de sus piscinas para almacenamiento de residuos en Castilla y Chichimene, por lo que sus contenidos se filtraban. Tiempo después, en una Audiencia Pública Ambiental celebrada en diciembre de 2015 en Acacías, la comunidad continuaba denunciando el desbordamiento de las piscinas en múltiples puntos del bloque.

Ecopetrol le explicó al OCA que tras el derrame de unas piscinas que fueron contratadas con terceros y que afectaron el Caño San Luis en 2012, se instaló una planta de tratamiento de lodos aceitosos propia en la Estación Acacías que inició operaciones en julio de 2015. “Actualmente no tenemos piscinas de almacenamiento ni de tratamiento in situ de lodos aceitosos", afirmó Claudia Villalobos, profesional de viabilidad ambiental de la empresa. Sin embargo, las piscinas de cortes de perforación, que contienen temporalmente los residuos de la excavación de nuevos pozos se mantienen, y no deja de ser preocupante que lo advertido en 2008 por la corporación ambiental, tardase 7 años en solucionarse.

Al ver este tipo de accidentes o fallas operacionales que impactan las aguas con residuos contaminantes, cabe preguntar qué tan probable es la contaminación de las capas de agua que se almacenan bajo la superficie, más conocidas como acuíferos. El riesgo de contaminación se establece a partir de la estimación de su vulnerabilidad, la cual según el Plan de Manejo Ambiental del bloque Cubarral “se asocia principalmente a la cercanía de la lámina de agua a la superficie y a los suelos con predominio de arenas y gravas presentes en el área de estudio, donde la permeabilidad de los mismos puede facilitar el movimiento de los contaminantes al acuífero”.

Génesis de la desconfianza

Que exista un riesgo ambiental frente a las aguas subterráneas no es un asunto menor, pues aproximadamente el 30% de toda el agua dulce es subterránea. Además de proveer una gran fuente de agua aprovechable, los acuíferos son ecosistemas que actúan como biofiltros donde se purifican enormes cantidades de agua, y dada su estrecha conectividad con los ecosistemas terrestres y acuáticos vecinos, constituyen un mecanismo clave de mitigación de inundaciones y sequías.

Tanto el bloque Cubarral, como parte importante del bloque CPO-9 se localizan en zonas de recarga y descarga de aguas subterráneas que se encuentran a menos de 5 metros de la superficie. Para el primero, Ecopetrol entregó a la ANLA en 2012 un estudio de vulnerabilidad, realizado con el método “Drastic”, en el cual establece 2 unidades hidrogeológicas:

  • I1 con vulnerabilidad muy alta, correspondiente a acuíferos superficiales conectados con los ríos Acacías, Orotoy y Guamal, que son usados por la comunidad para construir aljibes.
  • I2, que presenta una vulnerabilidad alta y ocupa el 95% restante del bloque.

La ANLA prohibió la intervención de la Unidad I1, pero en 2015 Ecopetrol presentó un nuevo estudio con el mismo método, con resultados muy diferentes: la vulnerabilidad muy alta de los acuíferos de la unidad I1 desapareció, y la vulnerabilidad alta de la unidad I2 se redujo al 18%. 

Con estos datos la empresa solicitó una nueva zonificación mucho más permisiva, que la ANLA rechazó, pues no encontró argumentos técnicos que la soportaran. Cuando dos estudios tan similares arrojan resultados distintos, aparece el escepticismo. Si a esto se suma que la zonificación que existe no ha logrado evitar el impacto sobre las aguas en la región, ese escepticismo se desborda.

Dado que la actividad petrolera en el bloque Cubarral se localiza sobre unidades hidrogeológicas que constituyen la mejor categoría de acuíferos posible, ¿no debería existir un margen de protección también para los acuíferos más vulnerables? y de hecho, ¿lo más razonable no sería prohibir esta actividad donde éstos existan?

En 2012, una visita de la ANLA constató que la plataforma de perforación del clúster 4 (plataforma multipozo) del bloque CPO-9 Campo 50 K ha causado una afectación en el abastecimiento de aguas de las comunidades de la vereda Montelíbano en Acacías. El pozo está construído sobre “acuíferos que corresponden a los niveles de terraza y depósitos aluviales [del río Acacías], los cuales tienen gran potencial para almacenar y circular el agua por sus poros y grietas”, dijo la ANLA, y en la misma visita señaló que Ecopetrol no cumplía o no contaba con medidas de manejo de residuos, aislamiento y manejo de lixiviados, y plan de contingencia en caso de derrames.

De nuevo en 2013, el Grupo Técnico de la ANLA señaló que Ecopetrol construyó en el clúster 10 en la vereda La Esmeralda, sobre una zona donde “emerge agua de la cual se alimenta toda la comunidad, por lo tanto, es evidente que Ecopetrol no respeta la normatividad ambiental, al perforar encima de acuíferos”. No considerar la zona de alto riesgo durante la planeación, ya había tenido como consecuencia un derrame de 40 barriles de crudo en enero de 2011.

Según Eduardo Uribe, vicepresidente de Desarrollo Sostenible y HSE de Ecopetrol, la probabilidad de que un acuífero se contamine dentro del proceso de exploración y/o explotación de petróleo convencional y aún en el caso del fracking, es cero, debido a los diseños herméticos con los que se maneja el proceso. 

No obstante, como se ha podido ver aquí, esgrimir soluciones técnicas no es suficiente para garantizar la integridad de los ecosistemas, y la actuación de la ANLA parece no trascender las advertencias. La autoridad se ha quedado muy corta en realizar una gestión ambiental eficiente, y el panorama no es alentador si lo miramos a la luz del presupuesto nacional proyectado para 2018, por lo que anunciar medidas más estrictas de manejo no tranquiliza a nadie.

Con el plantón de la vereda Pio XII se reabrió esta discusión que viene desde 2012 ¿Por qué las autoridades ambientales se ven tan limitadas en su capacidad de acción efectiva? Pero las movilizaciones abren otra pregunta: ¿Por qué si el petróleo produce empleo, movimiento inmobiliario, regalías y otros beneficios parciales, las comunidades se siguen oponiendo a la actividad? La acumulación histórica de impactos, la dificultad para admitir los riesgos de la actividad, y su creciente expansión parecen ser la respuesta.

“Ecopetrol dice una cosa y hace otra” dice Fernando Ombita, de la vereda Pio XII. Y es que los habitantes de la región han visto cómo poco a poco los 30 pozos aprobados para el bloque CPO-9 en el 2012, pasaron a ser 50 en el área de perforación exploratoria Taray, o 468 en el Campo 50 K en el 2015. La empresa sostiene que la actividad siempre genera más beneficios que costos y que ha hecho un trabajo juicioso de socialización y de gestión del entorno, mientras que las comunidades sostienen que por el contrario, no cumple sus compromisos de socialización ni de manejo de impactos ¿Quién tiene la razón?

En momentos así, vale la pena preguntarse por qué la gente siente que su territorio agoniza en nombre del progreso, no solo en el Meta sino a lo largo y ancho de un país donde 26 de las 44 consultas populares que se están cocinando a lo largo del territorio, son para que los habitantes de los municipios decidan si quieren que se realice exploración y explotación de hidrocarburos en sus municipios. El país necesita más reflexión, menos represión y que se cierren filas en torno al patrimonio ambiental.

*El Observatorio de Conflictos Ambientales hace parte del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Para mayor información, visite oca.unal.edu.co

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