Fabrizio Hochschild

Semana Sostenible: Una de las recomendaciones del estudio es que se tome en cuenta la vocación biofísica del territorio en la distribución de tierra que se plantea dentro de los acuerdos de La Habana. El Estado, entonces, puede imponer restricciones productivas a los propietarios de la tierra, cuando no existe proceso de licenciamiento alguno para la actividad agrícola o ganadera. ¿Cómo sugieren ustedes que se implementen legalmente las recomendaciones sobre uso y vocación?

Fabrizio Hochschild: El documento no propone medidas restrictivas sobre el uso del suelo. Eso está en los planes de ordenamiento territorial. Lo que señala es la necesidad de que en el proceso de planeación para la implementación de los acuerdos de La Habana se tomen en serio las vocaciones de los suelos. Como todos lo reconocen, hay inmensos desequilibrios entre vocación y uso del suelo en Colombia, y es un tema decisivo no solo para el desarrollo, sino para la construcción de una paz duradera. 

Nuestra sugerencia es que, en la planificación de la implementación de los acuerdos, se valore y reconozca la gran biodiversidad de Colombia. De no encarar seriamente el uso del suelo y la protección de los humedales, las reservas forestales, y otras áreas vitales para un desarrollo sostenible –más de 50 por ciento del territorio nacional–, se les entregarían potreros en lugar de buena parte de esa biodiversidad única a las generaciones venideras. En Colombia solo 12 millones de hectáreas son aptas para la ganadería, pero esta ocupa el triple, entre 30 y 37 millones de hectáreas. Los líderes de hoy deben pensar tanto en el desarrollo, como en el paisaje que van a dejarles a los nietos. 

S.S.: Y en el tema rural, ¿qué no se puede pasar por alto?

F.H.: Es esencial que el ordenamiento se consulte con los actores locales y no se decida simplemente desde el nivel central. En el marco de lo que resulte de La Habana, hay que tener cuidado con que, en materia de desarrollo rural, no se destinen a comunidades, víctimas o excombatientes tierras con fines productivos contrarios a su vocación. Eso puede generar mucha frustración. 

S.S.: Hay muchas discusiones sobre el futuro de las reservas forestales, particularmente las de la Ley Segunda; para muchos, este ordenamiento jurídico recluye la posibilidad de un ordenamiento honesto del territorio. A la luz del estudio, ¿cuál sería la recomendación de las agencias en cuanto al futuro de esta ley? 

F.H.: Más allá de la discusión sobre la ley segunda, que corresponde a todos los colombianos, uno de los puntos ya acordados en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP contempla el compromiso de elaborar, en un plazo de dos años, un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y caracterice el uso de áreas de manejo ambiental especial, entre ellas las de reserva forestal, las cuales, como usted dice, ocupan un área importante. Sin duda, el futuro de esas zonas es parte de la discusión y hay toda clase de presiones, desde campesinos hasta la agroindustria, para sustraerlas a la protección. En esa discusión se debe dar más peso al hecho de que Colombia es uno de los países de mayor biodiversidad del mundo y que, lastimosamente, cuenta con pocos mecanismos para su protección y uso sostenible. Este país tiene una riqueza que muchos no valoran.

S.S.: En el mundo son muy pocos los ejemplos de programas productivos escalables con base en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. ¿Conoce alguno viable para las comunidades que se establezcan en los territorios que hasta ahora han tenido como actividad económica principal la guerra y los cultivos ilícitos?

F.H.: Mire, yo quiero invitarlos a ustedes y a los colombianos a imaginar. Sé que es difícil imaginarse a Colombia sin el conflicto armado. Pero piense por un momento cómo sería el Catatumbo sin coca. ¿Ha estado allí? Imagínese si ahí se acabara el negocio de la coca y se organizara un turismo sostenible y respetuoso del medioambiente, como en Costa Rica.

Y no es solo este ejemplo. Naciones Unidas puede aportar su conocimiento de otras partes del mundo; tenemos referenciados más de 60 países con experiencias exitosas en el aprovechamiento respetuoso de la biodiversidad. 

S.S.: Hoy se registra presencia de grupos armados en 23 de los 57 parques del país. En 25 hay enterradas minas antipersonales; en 12, minería ilegal, y en 15 es tan álgido el conflicto, que ni los funcionarios de Parques Nacionales pueden llegar con facilidad.  De firmarse la paz antes que ordenar el territorio, cuidarlo de la minería o inyectarle más dinero, el Estado debe  pisar fuerte y asegurar que ninguna otra forma de ilegalidad se los tome, ¿o no?

F.H.: Creo que se debe avanzar paralelamente en varios procesos. El ordenamiento territorial es importante para el desarrollo sostenible, pero igualmente es necesario avanzar en seguridad. Se necesitan modelos innovadores de seguridad local y de aplicación del Estado de derecho, además de incentivar la cultura de la legalidad en lugares que, a menudo, no se aplica. 

La situación que menciona de los parques nacionales refleja la baja prioridad que tienen los temas ambientales aquí, especialmente en materia de inversión. Colombia tiene un sistema de parques que, por su magnitud, es de los más importantes del mundo, pero solo tiene un funcionario por cada 32.000 hectáreas, cuando el promedio mundial es de uno por cada 6.000. Además, el presupuesto total de la Unidad de Parques es apenas de 74.000 millones de pesos, aproximadamente; esto es completamente insuficiente si piensan que el presupuesto de inversión en minas y energía es diez veces mayor al de ambiente.

S.S.: Uno de los cuatro puntos clave del documento es el de la importancia del fortalecimiento técnico y financiero de las instituciones ambientales. Sin embargo, año tras año vemos cómo la inversión destinada al medioambiente es menor. ¿Qué podría cambiar esta tendencia?

F.H.: Esa es una realidad. En Colombia, los recursos destinados a la gestión ambiental son entre 4 y 8 veces menores que lo que invierten países de la OCDE. La aspiración de este gobierno de entrar a la OCDE implica, entre otros, aumentar drásticamente la inversión en protección del medioambiente. Hace falta mucha voluntad política para definir prioridades y enfrentar presiones poderosas.

S.S.: ¿Cómo conciliar el desarrollo sostenible del país si en el mismo espacio geográfico encontramos que las grandes ciudades cuentan con unos índices de desarrollo parecidos a países europeos, como República Checa y Polonia, y las poblaciones ubicadas lejos de los centros urbanos tienen índices que se asemejan a los países más pobres de África, como Chad?

F.H.: A esto le contesto dos cosas. La primera es que, mientras más grandes concentraciones urbanas tenga un país, más deseo tendrán sus habitantes de áreas donde puedan disfrutar la naturaleza. Usted puede tener a 8 millones de personas viviendo en Bogotá, con los páramos alrededor de la capital protegidos, proveyendo agua y visitados los fines de semana.

La segunda es que sí, es cierto, Colombia es dos países: uno con índices como el de Europa del Este y otro con índices como los de países más pobres. Uno de los fines del proceso de paz es cerrar esa inmensa brecha entre el mundo rural y el urbano. Los tres puntos acordados en La Habana se refieren, de hecho, a cómo hacerlo: el de desarrollo rural, mediante planes de distribución de tierras y de llevar al campo los bienes públicos que se le han negado históricamente; el de participación política, con el énfasis en la participación de las comunidades, y el de cultivos ilícitos, mediante planes de sustitución que provean al campesinado cocalero una economía viable. 

S. S.: Según todo lo que ha dicho el desarrollo bien implementado va a definir muchas cosas, ¿cierto?

F.H.: Aquí la noción de desarrollo sostenible es clave. Muchos de los territorios que tienen los peores indicadores sociales en Colombia son los más estratégicos en términos ambientales. Cerrar la brecha de inequidad y de acceso a bienes públicos en esos lugares implica pensar en formas diferentes de generar desarrollo, que combinen inversión convencional en vías, infraestructura, producción agropecuaria, etc., con proyectos innovadores, responsables con el aprovechamiento de los recursos, y respetuosos con el medioambiente y la biodiversidad.

El problema de fondo es la responsabilidad frente a futuras generaciones. Hoy se pueden aprovechar muchas cosas en nombre del desarrollo. Pero, ¿qué les va a quedar a los nietos? Esa es la pregunta del millón para los políticos en el mundo y en la Colombia de hoy.

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