Inundaciones en noviembre del 2011 en Chía. (Foto: León Darío Peláez / SEMANA)

Más allá de si se repiten las devastadoras inundaciones de 2010 y 2011, la pregunta más álgida será qué tanto se preparó el país en estos cinco años para adaptarse al cambio climático y a eventos extremos como La Niña. Como dice un científico climático, “veremos si la infraestructura se construyó evaluando los impactos de 2010 y qué tanto el país está incorporando ese aprendizaje”.

Por ejemplo, se comprobará si tienen sentido las obras que hizo el Fondo de Adaptación para reconstruir zonas inundadas y fortalecer diques. A través del fondo se comprometieron recursos para buena parte de los 130 Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental de Cuencas (Pomca) con cuya realización se comprometió el gobierno después de la última época de inundaciones y de los que aún no se tiene mayor noticia. Se verá también si, pese a que el Ministerio de Vivienda fortaleció su política de reducción de riesgos en la construcción, es sostenible que comunidades enteras sigan viviendo y modificando el curso del agua en zonas de humedales como el sur del Atlántico, la Mojana sucreña o el Canal del Dique.

“Dudo que hayamos aprendido porque muchos de los lugares que se inundaron con la última Niña, están sufriendo ahora la sequía. Eso habla mal de la resiliencia de esos ecosistemas”, dice Gustavo Wilches-Chaux, uno de los mayores expertos en el país en gestión del riesgo y una de las personas que más ha advertido que esas inundaciones fueron amplificadas por una mala gestión ambiental.

También se verá si las grandes obras que se están construyendo en zonas sensibles son realmente sostenibles. Un caso es la ampliación de la vía de Barranquilla a Santa Marta que ha devastado la Ciénaga Grande de Santa Marta y cuyo impacto podría reducirse drásticamente con un viaducto elevado y más costoso.

“El problema es que le apostamos al desarrollo sostenible siempre y cuando sea barato”, dice un exfuncionario del sector.

Mucho de eso se jugará en la nueva orientación que tendrá el Fondo de Adaptación, que nació en 2010 para reconstruir las zonas devastadas pero que ahora tiene – desde el último Plan de Desarrollo– facultades en prevención y manejo del riesgo climático. Por eso, en el sector están pidiéndole al gobierno que cree un consejo científico para la entidad, que asegure que sus decisiones son técnicamente sólidas.

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