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“El fracking está prohibido en Francia, pero la francesa Total fractura en Argentina, incluso en zonas declaradas reserva natural. Los dobles estándares y la injerencia son una realidad que vivimos ya con derrames, incendios, derrames, incendios, pérdidas de pastillas radioactivas, desplazamiento de actividades productivas”, dijo a DW Felipe Gutiérrez, del Observatorio Petrolero Sur durante la asamblea Eurolat, en Lisboa.

Ésta es una de las 200 organizaciones de la sociedad civil que manifestaron su alarma en la Asamblea Euro-Latinoamericana (Eurolat) ya hace dos años, cuando el informe que se iba a aprobar parecía dictado por las empresas extractivas. (Vea: Los ríos en llamas que traería el fracking a Colombia)

Por el contrario, el informe que aprobaron este miércoles los diputados del Parlamento Europeo -y de varios parlamentos latinoamericanos- reunidos en Lisboa descarta la idea del fracking como combustible puente hacia la transición energética.

Y aunque no habla de la moratoria que pedían los medioambientalistas, sí resalta el principio de la precaución. “Es un informe contradictorio, pero será una herramienta geopolítica útil”, afirma Gutiérrez.

Prohibiciones y tentaciones

Las posibilidades de una extracción respetuosa del medio ambiente se subrayaba en aquel primer informe de 2014, que pedía trabajar por un marco regulatorio previo a la utilización amplia de este tipo de extracción, que fue popularizada primero por Estados Unidos y China, seguidos más tarde por Canadá y Argentina.

Pero el probado deterioro medioambiental que causa, la cantidad de agua que se requiere para este procedimiento de explotación en zonas donde este recurso escasea, la polución de las aguas profundas y la poca certeza de las reservas reales movieron a países como Bulgaria, Alemania, España, Francia, Reino Unido y República Checa a prohibirlo; por lo menos por el momento.

Sin embargo, las reservas que se detectan en México, Colombia, Ecuador yBolivia despiertan la codicia. Y los cantos de sirena de las empresas extractivas son muy sugestivos.

“Los pueblos tienen derecho a elegir su propio desarrollo” y “Europa no puede imponer sus prohibiciones a otros países” son los argumentos que se esgrimen más comúnmente. Ese criterio proviene de quienes no jerarquizan el impacto socioambiental como el principal problema y ponen la mira en las inversiones para el desarrollo tecnológico, que, se supone, convertirá a ese método de extracción en algo limpio y seguro.

Pero esto, según activistas como Gutiérrez, es un mito. “La universidad de Columbia demuestra en un informe que tanto el gas de esquisto como el petróleo de esquisto son, a largo plazo, más contaminantes que el gas y el petróleo convencional en términos de emisión de gases de efecto invernadero. Los países que optan por el fracking están perpetuando una matiz energética contaminante”, insiste Gutiérrez.

El informe aprobado

“Hemos podido consagrar y reforzar el principio preventivo y precautorio. Aunque no se ha podido introducir la recomendación de la moratoria, insistimos en que sí hay que conocer los efectos en materia de contaminación de agua y de impacto en las comunidades antes de optar por esto y enfrentarnos luego a desastres”, dice a DW Alfonso de Urresti Longton, diputado chileno presente en la Eurolat.

“Para el componente latinoamericano en esta asamblea es importante también que hayamos podido incluir el punto del respeto irrestricto a los pueblos originarios y la consulta previa, libre e informada en cumplimiento de la resolución 169 de la OIT”, recalca de Urresti.

“Para nosotros, el principal criterio es el conservar la salud pública. Bolivia se abstiene de cualquier opinión hasta que no se haga un trabajo científico profundo sobre sus efectos”, explica a DW, por su parte, Edgar Mejía Aguilar, diputado boliviano. Además, recuerda, “que otros países produzcan gas y petróleo de esquisto ha impactado a nuestro país con la baja de los precios del petróleo”.

Así las cosas, aunque las resoluciones de Eurolat no son vinculantes -y ésta tendrá que pasar aún por la siguiente sesión plenaria de septiembre en Montevideo- “son una herramienta geopolítica que abre o cierra ciertas puertas. Aunque la sensación que tenemos es agridulce, nos servirá para dar la batalla a nivel regional, porque lo que estamos buscando es su prohibición”, concluye Gutiérrez.

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