Fotomontaje: Semana Sostenible

A mediados de mayo, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó la suspensión de las fumigaciones con glifosato en los cultivos de coca, los únicos que protestaron no fueron los críticos del proceso de paz que lo consideraron como una concesión a las Farc. La decisión, tomada con base en un reporte de la Organización Mundial de la Salud que clasificó este producto como “probablemente cancerígeno”, también generó la preocupación de los gremios y de las instituciones gubernamentales relacionadas con la agricultura.

La razón es clara. Desde principios de los años 80, el glifosato es el herbicida más empleado en Colombia para controlar las malezas en los cultivos de maíz, papa, café, plátano, arroz y pastos para ganadería. Según el Ministerio de Agricultura, de los casi 10 millones de litros de glifosato que se utilizaron en el país en 2013, solo 450.000 se destinaron a las aspersiones contra los sembrados de coca, una cifra que ilustra la importancia de la sustancia.

De ahí que cuando se mencionó la posibilidad de que la prohibición se extendiera a los cultivos lícitos, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, dijera que eso convertiría a Colombia en un gran potrero lleno de malezas. El gremio arrocero, por su parte, se quejó de que el uso del glifosato en la agricultura se quiso satanizar con base en una probabilidad de riesgo cancerígeno que no ha sido comprobada. (Vea: La polémica en torno a los superalimentos)

Después de todo, el gobierno anunció que este producto se seguirá utilizando en la agricultura tradicional y que se iniciará una campaña para promover las buenas prácticas en su aplicación. A pesar de que con esta decisión parecía zanjado el debate, surge la pregunta sobre la razón por la que se prohíbe el uso del glifosato para la erradicación de las plantaciones de coca pero se permite en los cultivos de los alimentos que consumen los colombianos.

Semana Sostenible consultó con varias fuentes oficiales y encontró que la explicación de esta aparente contradicción se fundamenta en tres argumentos concretos. El primero es de carácter práctico, según el ministro de Salud Alejandro Gaviria, quien fue el que hizo la recomendación de suspender las fumigaciones, esta decisión se limitó a los cultivos ilícitos porque es más sencillo transformar la política antidroga, que depende enteramente del gobierno nacional, que intervenir en toda una cadena productiva que tiene varios actores y muchas más implicaciones.

El segundo es meramente económico y tiene que ver con el impacto negativo que tendría la interrupción repentina del uso de este producto sin tener un sustituto eficaz para cumplir esa misma función. Como explica Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, “si no tuviéramos la disponibilidad del glifosato, pues simplemente el arroz tendría que entrar a competir con un sinnúmero de plantas y eso bajaría el rendimiento de los cultivos. También se incrementarían los costos de producción porque habría que hacer varios controles de maleza cuando el glifosato lo hace en una sola aplicación”. Y eso mismo ocurre con todos los productos en los que se utiliza el herbicida.

El tercer argumento es técnico y está relacionado con las dosis y la forma en que se aplica el herbicida en ambas actividades. De acuerdo con José Roberto Galindo, director de insumos agrícolas del Instituto Colombiano Agropecuario, “para la fumigación de cultivos ilícitos se usa una dosis de 10 litros por hectárea y se asperja a 40 metros de altura, mientras que en la agricultura se emplean cantidades de máximo tres litros por hectárea y se fumiga principalmente de forma manual o a través de maquinaria. Cuando se hace por vía aérea, las avionetas pasan a máximo diez metros de las plantas”.

Según este mismo funcionario, en lo que se refiere al uso del glifosato en la agricultura, la afectación de las comunidades circundantes a los lugares que son fumigados se reduce sustancialmente. “En esta discusión hay que tener en cuenta que en las aspersiones contra la coca no se avisa previamente y muchas veces el químico le cae encima a las personas y a los animales. En cambio cuando se usa en la agricultura los campesinos deben estar equipados con elementos de protección que evitan el contacto directo con el herbicida”, aclara Galindo.

¿Y el cáncer qué?

De esto último se desprende que no es posible equiparar la utilización del glifosato para erradicar los cultivos ilícitos con la que se hace en la agricultura convencional. Según este argumento, el problema no está en el herbicida sino en la cantidad y en los mecanismos que se ejecutan para aplicarlo. “Llevamos más de 30 años usando este producto y no hemos conocido de ninguna afectación a los obreros que trabajan con nosotros. La clave está en seguir los protocolos establecidos por el ICA y por los fabricantes”, afirma Rafael Hernández.

Sin embargo, no todo el mundo está satisfecho con esta explicación. Germán Vélez, director del Grupo Semillas, dice que aunque en Colombia no hay suficientes estudios al respecto, en otros países del continente ya se han demostrado los efectos nocivos que tiene el glifosato para la salud de las personas. “En Argentina, donde hay más de 20 millones de hectáreas de soya transgénica y se utilizan grandes cantidades de glifosato, hay ejemplos que muestran cómo ha aumentado el número de enfermos de cáncer y de personas nacidas con malformaciones genéticas”. (Vea también: Freno al fracking)

Vélez se refiere al caso del barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en la provincia de Córdoba, cuyos habitantes estuvieron expuestos a las fumigaciones con herbicidas hasta que se detectaron abortos espontáneos y malformaciones que llevaron a la suspensión de estas actividades y a la judicialización de los dueños de las plantaciones de soya. “Obviamente estamos hablando de otra escala, pero si el gobierno tiene planeado expandir su modelo agroindustrial, tal como lo está haciendo con los cultivos transgénicos de algodón y maíz en varias zonas del país, no puede desestimar todas estas evidencias”.   

Así las cosas, está claro que por el momento el glifosato va a seguir siendo uno de los productos fundamentales para la agricultura colombiana. Pero el debate está lejos de cerrarse. Si bien existe un consenso en que es imposible transformar de un día para otro el modelo productivo que se ha venido aplicando durante varias décadas, con la suspensión del uso de este herbicida en la erradicación de la hoja de coca el país ha dado un paso hacia la búsqueda de alternativas menos riesgosas para la salud de las personas que habitan los entornos rurales.

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