La Corte Constitucional acaba de producir una de las noticias ambientales más importantes en lo que va corrido del año. Con la derogación de seis artículos del Plan Nacional de Desarrollo no solo reiteró la prohibición tajante de hacer minería en los páramos, sino que le recordó al gobierno que los municipios y los departamentos también tienen la posibilidad de decidir sobre las actividades económicas que se realizan en sus territorios.

Este es el sentido de la decisión en la que tumbó el artículo 51 de ese Plan, que pretendía centralizar en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales los trámites para la aprobación de los permisos para ejecutar los 78 Proyectos de Interés Nacional Estratégico que, según el gobierno, son fundamentales para el crecimiento económico del país en los próximos años. Entre ellos están las carreteras 4G y proyectos mineros de la magnitud de La Colosa en el Tolima.

Con la sentencia de la Corte, parte de esa competencia retorna a las Corporaciones Autónomas Regionales. El argumento es que esta iniciativa vulnera la autonomía de estas entidades e implica un desconocimiento del deber de protección del medio ambiente en lo territorial. Como explica el abogado experto en temas ambientales Carlos Lozano, “el Plan de Desarrollo le intentó dar un zarpazo a la descentralización, que es uno de los ejes de la Constitución del 91. Entonces lo que hizo la corte fue simplemente defender ese principio”.

Ahora bien, lo que aún no está claro es cuál es el alcance de esa decisión. Para Diana Rodríguez, investigadora de Dejusticia y quien participó en el proceso de demanda ante la Corte, “lo más posible es que se vuelva a aplicar el decreto 2041 de 2014, que distribuía las competencias sobre los trámites de licencias ambientales entre la Anla y las Car dependiendo de la ubicación, el tipo y la magnitud del proyecto”. Sin embargo, hasta el momento todo es especulación, pues la sentencia no se ha publicado y lo único que se conoce es el comunicado de prensa que emitió la Corte el martes.

Lo que sí es un hecho es que, debido a la sentencia, el gobierno tiene otra oportunidad de asumir de una vez por todas la transformación y el fortalecimiento de las Corporaciones Autónomas Regionales. A pesar de que al inicio de su gobierno el presidente Santos se comprometió con una reforma a fondo desde estas entidades, la realidad es que seis años después muchas de ellas siguen siendo focos de corrupción, ineficiencia y politiquería. Por eso muchos se están preguntando si el retorno de las competencias a las Car significará un verdadero avance en términos de gestión ambiental.

Y no es porque la Anla funcione perfectamente. De hecho cada día son más evidentes los problemas que afronta esta agencia por cuenta de la tercerización de su planta de personal que ha llevado a un debilitamiento de su capacidad técnica, así como las continuas denuncias por presiones políticas que interfieren en los conceptos que emite. La razón es que ante las debilidades manifiestas de las corporaciones, existe el temor de que estas sean más susceptibles a las influencias económicas y políticas de los interesados en sacar adelante los grandes proyectos que se tienen previstos.

Con todo, para Diana Rodríguez el panorama no es tan desalentador. Según ella, la gestión ambiental de las corporaciones es heterogénea: hay unas que hacen muy buen trabajo, mientras otras son presas fáciles de las situaciones descritas. Aun así, es imprescindible que el gobierno asuma la voluntad política de fortalecer a las corporaciones para evitar que por el afán de aprobar los llamados Pines, se abra el espacio para una nueva ola de conflictos socioambientales en el país.

Para Lozano el diagnóstico está muy claro, “hay que sustraer a las Corporaciones de las lógicas políticas que imperan en las regiones, dotarlas de mayores recursos tanto económicos como humanos para que su gestión sea más eficiente y, sobre todo, brindarles autonomía técnica para que los funcionarios que emitan los conceptos no puedan ser obligados por sus superiores a modificarlos para satisfacer los intereses de las empresas o del gobierno central”.

Para el presidente Santos ese análisis también era acertado en algún momento. Sin embargo, como explica Rodríguez, “decidió coger el camino fácil y quitarles las competencias centralizando la gestión en la Anla. Pero con la decisión de la Corte queda claro que se perdió un tiempo y unos recursos valiosos que se hubieran podido aprovechar para hacer una tarea que no aguanta más aplazamientos”.

Por ahora el gobierno ha dicho que está a la espera de la publicación de la sentencia para pronunciarse al respecto. Entre tanto, el país seguirá a la expectativa sobre si Santos se decidirá a sacar adelante una reforma profunda de las Car que fortalezca la gestión ambiental en las regiones de cara a un inminente posconflicto. O si intentará nuevamente un atajo para sacar adelante los Proyectos de Interés Estratégico vulnerando el derecho de las comunidades a decidir sobre el futuro de sus territorios.

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