Al contrario de lo que la gente de las ciudades cree, los páramos del país no son lugares aislados y prístinos en los que no existe la presencia humana. La realidad es que en estos ecosistemas montañosos habitan alrededor de 500.000 personas, la mayoría de las cuales depende de la agricultura y la ganadería para subsistir. Sin embargo, según la política de delimitación de páramos que se ha incluido en los dos planes de desarrollo del actual gobierno, estas actividades deberían desaparecer.

Esa determinación, por supuesto, ha generado conflictos sociales en esos lugares, pues sus habitantes no pretenden cambiar su vocación y mucho menos abandonar sus tierras. Como dice Gisela Torres, vocera de una agrupación de comunidades de los páramos, “lo que queremos es que se nos garantice la permanencia en nuestros territorios y que se permita la realización de actividades agropecuarias que aseguren la conservación de los ecosistemas, pero también la calidad de la vida de la gente que vive en ellos”.

Le recomendamos: ¿Qué hacer con la gente que vive en los páramos? 

Pero esta exigencia no ha sido tenida en cuenta en las 23 delimitaciones que se han realizado hasta el momento en Colombia. Todo lo contrario, las resoluciones firmadas por el Ministerio de Ambiente incluyen la prohibición expresa de las actividades agropecuarias en los páramos. Por esa razón, y a propósito del Congreso Internacional de Páramos y Ecosistemas de Montaña que se está realizando esta semana en Bogotá, las comunidades lideradas por Torres le enviaron una dura carta al ministro Luis Gilberto Murillo, así como a la Corte Constitucional, a la Comisión Quinta del Senado y a la Procuraduría.

En la comunicación, los representantes de más de 20 páramos del país se quejan de que el Ministerio no propició los espacios pertinentes para que sus habitantes dieran la respectiva discusión. Por tanto, exigen que se revisen las resoluciones  firmadas hasta el momento y que no se ejecute ninguna más hasta no realizar una delimitación de la mano con las comunidades en la que se permita la producción agropecuaria.

“En este sentido se debe garantizar el cuidado de los páramos y la permanencia de sus habitantes, lo cual debe estar ligado a políticas de recuperación de cuerpos de agua afectados por la industria y el consumo de las ciudades, que se debe garantizar con una participación amplia del campesinado en la construcción de la visión de territorio, por lo que creemos que no es claro el futuro de vida de los campesinos, no se tiene en cuenta el conocimiento real y empírico ni la experiencia de sus habitantes”, dice un aparte de la misiva.

Le puede interesar: El Sumapaz ya tiene listo su plan de desarrollo para el posconflicto

En la misma, solicitan al Murillo que lidere la modificación del artículo 173 de la ley 1753 de 2015, el cual reza que “en las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos”. La propuesta es que se elimine la referencia específica a la agricultura, pues “en los páramos esta no es la principal amenaza, como sí lo constituye la minería multinacional, ilegal y actividades ilícitas dentro del territorio”.

Asimismo, las comunidades sugieren la creación de una comisión estratégica regional para la revisión de ajustes y aportes al decreto de delimitación de los páramos y exigen la realización de una zonificación concertada predio a predio con el fin de levantar el inventario de las condiciones sociales y económicas de los habitantes localizados allí. Solo con este insumo, afirman, se podrán definir los requerimientos de inversión y participación institucional para consolidar una verdadera política pública dirigida a la conservación efectiva y sostenible de estos ecosistemas.

La inconformidad manifestada por las comunidades parece haber encontrado eco en el Ministerio de Ambiente. De hecho, durante la apertura del Congreso de Páramos, el ministro Murillo prometió que propondrá un régimen de transición para la reconversión productiva en los páramos. “Estamos discutiéndolo, dado que conocemos las dificultades a la hora de consolidar nuevos procesos productivos. Hemos dispuesto distintos programas y proyectos bajo el esquema de Pago por Servicios Ambientales, que les permitan a las comunidades recibir un pago por conservar los páramos en donde se incluye el turismo de naturaleza”.

en su totalidad ¿Vender el carbono que atrapan los páramos de Boyacá?

Por ahora, el tema se encuentra en suspenso mientras la Corte Constitucional se pronuncia sobre una demanda interpuesta por las comunidades del páramo de Santurbán por las afectaciones sociales y económicas que causó la delimitación de ese ecosistema. Según Murillo, “se espera que en esta decisión se otorguen las herramientas para responder de manera sostenible a las necesidades y preocupaciones de quienes han habitado por décadas en estos lugares”.

De no tener una respuesta favorable, el ministro Murillo anunció que se tendrá que llegar al Congreso de la República para plantear ajustes legislativos que permitan avanzar en este objetivo de manera gradual. En cualquier caso, las comunidades esperan ser las protagonistas de todo el proceso. “Los páramos tienen que seguir siendo habitados por gente. Eso es posible, solo necesitamos que tengan en cuenta nuestra vision del territorio”, concluye Gisela Torres.

Lea la carta en su totalidad aquí

Relacionados

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.