Fotos: Cortesía Cornare

En Colombia, del legado de Pablo Escobar se ha dicho de todo. Sin embargo, entre todos los males que el capo le produjo al país, hay uno que ha pasado casi inadvertido: la destrucción ambiental que han implicado sus extravagancias. Han pasado más de 30 años desde que el narcotraficante importó ilegalmente cuatro hipopótamos rosados desde África, entre otras especies exóticas, para su zoológico personal en la Hacienda Nápoles del municipio antioqueño de Doradal, y el rastro que han dejado estos animales en esa región ha generado uno de los debates ambientales más álgidos de los últimos tiempos.  

Tras la muerte del capo, mientras las jirafas, los rinocerontes y las avestruces encontraron espacio en otros lugares más adecuados para ellos, los hipopótamos quedaron a la deriva sin que ninguna institución pública o privada asumiera en un principio su control o cuidado. Así fue como se fueron apoderando del lago que quedaba dentro de la hacienda y se reprodujeron hasta el punto que las tres hembras y el macho que llegaron al principio se convirtieron en una población de al menos 40 ejemplares que está causando un verdadero desastre en los ecosistemas del Magdalena Medio.

Cada tanto, y de forma cada vez más frecuente, el escape o la invasión de un hipopótamo a las fincas vecinas se convierte en noticia nacional. La última vez fue hace un par de semanas, cuando uno de ellos apareció en un video captado por un pescador en el río Magdalena. En la grabación queda en evidencia cómo el animal sale violentamente del agua al notar la presencia del trabajador, que luego envió un mensaje de alerta a las autoridades sobre el peligro que representa la presencia de estos gigantes rosados en los lugares donde ellos realizan sus actividades.

La noticia revivió un debate que ha estado latente durante años y que aún parece lejos de resolverse: ¿qué hacer con estos animales que afectan los ecosistemas y generan peligro para la gente que vive en ellos? Una de las más activas en la controversia ha sido Brigitte Baptiste. Para la directora del Instituto Humboldt, el hecho de que los hipopótamos sean tan territoriales y agresivos hace que otras especies como los manatíes se tengan que desplazar de su hábitat natural y que las personas que se les acerquen puedan ser atacadas por ellos.

“Los hipopótamos ya son una especie invasora. Cumplen todos los requisitos establecidos en los protocolos para declararlos en esa categoría: tienen un potencial efecto letal para el ecosistema porque amenazan a la fauna silvestre y también a los humanos, como mostró el video del pescador. No creo que nadie de la comunidad científica se oponga a la idea de que representan un problema ecológico grandísimo”, afirma Baptiste.

Sin embargo, no hay estudios científicos rigurosos que lo demuestren. Quienes más cerca de entender el tema han sido los funcionarios de Cornare, la corporación ambiental que tiene jurisdicción en la zona donde habitan los hipopótamos. David Echeverry, uno de los biólogos de ese equipo, dice que si bien no hay una cuantificación del daño, lo que se ha visto hasta ahora es que los hipopótamos representan cambios en las dinámicas propias de los ecosistemas de la región.

“Los hipopótamos compiten por el espacio con manatíes, chigüiros y nutrias y los terminan desplazando por su mayor tamaño y fortaleza. Además defecan en los lagos porque ahí pasan todo el día. La descomposición de ese estiércol provoca un exceso de nutrientes que genera plantas invasoras. Como no tienen depredadores, se reproducen más rápidamente que en África. Hace nueve años eran 20, hoy ya son alrededor de 40. Si no se controlan, dentro de poco serán tantos que se convertirán en una amenaza para la biodiversidad, pero también para la población civil de la región”, advierte Echeverry.

Pero la palabra controlar tiene en este caso un significado muy elástico. “Acá vienen entidades internacionales a ayudarnos y nos dicen que la solución es la caza controlada”, dice el biólogo Echeverry, evidentemente de acuerdo con esa postura. Baptiste tampoco rechaza esa posibilidad, o al menos no la descarta, pues “convivir con los hipopótamos tendría un costo muy alto en términos de biodiversidad”.

Pero esa solución ortodoxa choca con dos realidades contundentes. El “carisma” de los hipopótamos, que lleva a las personas a creer que son inofensivos y que por tanto es un crimen matarlos. Y el avance en los años recientes del animalismo, que ha logrado sacar una ley contra el maltrato de estos seres y tiene en vilo la permanencia de las corridas de toros en todas las ciudades del país. Ambos factores hacen que una decisión de ese tipo sea profundamente impopular, e incluso pueda tomar visos de carácter penal.

Puede leer: 20 años a la sombra de Pablo Escoba

Basta recordar la polémica por la caza de Pepe, el “popular” hipopótamo de Escobar cuya muerte en julio de 2009 fue noticia mundial por cuenta de las nutridas protestas de los animalistas. “En ese momento lo que dijimos es que esos animales estaban ahí porque fueron víctimas del tráfico ilegal por culpa de un narco que quería exhibirlos. Y aunque reconocíamos el impacto, el sacrificio solo podía ser la última opción para ellos”, recuerda Natalia Parra, directora de la Plataforma ALTO.

Todas las alternativas previas, que son la esterilización, el encerramiento, la alimentación y la búsqueda de zoológicos adentro o afuera del país donde los reciban; requieren un esfuerzo económico e institucional para el cual el Estado no ha tenido aún capacidad. “Nosotros no podemos dedicarle nuestros escasos recursos al control de los hipopótamos porque por ley la prioridad debe ser para las especies nativas”, dice el biólogo Echeverry.

Lo poco que se ha invertido provino de una sanción que en 2013 Cornare le impuso a la Dirección Nacional de Estupefacientes, que es la entidad que administra los bienes incautados a los narcotraficantes, por los impactos ambientales de los hipopótamos. Con los 400 millones que pagaron luego de “dos años de pataleo”, como dice Echeverry, financiaron una primera fase de esterilizaciones y el alistamiento de un terreno para confinarlos.

Recomendamos: Pablo Escobar, la maldición del general Noriega

“Pero un cautiverio controlado para todos los ejemplares como el que se necesita cuesta al menos 2.000 millones de pesos anuales, eso es un infierno de plata”, calcula el funcionario. “Lo ideal es que el Estado en vez de gastar recursos en matarlos hiciera la gestión para cuidarlos mientras logra que los reciban en zoológicos o santuarios en otros países”, propone Parra. “Esto es un dilema ético profundo con una dificultad administrativa de por medio. Solo se necesita voluntad política para solucionarlo”, insiste.

Mientras esa solución definitiva llega, en Cornare están haciendo lo que pueden para mantener bajo control a los hipopótamos. Y aunque este año firmaron un convenio con el Ministerio de Ambiente para formular un plan de manejo en el que no está contemplada la caza, el tamaño del reto supera por mucho la capacidad de las herramientas existentes para enfrentarlo. "Los pocos recursos que tenemos se nos van en alimentar esos animales y en su esterilización. Hasta ahora llevamos cuatro ejemplares, pero es muy complicado cuando el ritmo de reproducción avanza mucho más rápido que las acciones de control", se lamenta Echeverry.

Le podría interesar: Así fue la operación que dio de baja a Pablo Escobar

Mientras tanto, los hipopótamos rosados que Pablo Escobar le heredó al país seguirán creciendo en silencio, hasta que otro episodio de fuga o invasión sea reportado por los pobladores de Puerto Berrío o Puerto Nare, y el hecho se convierta en noticia nacional. "Hay una razón ética importante en reconocer que todos los seres vivos tienen derechos y no pueden sufrir por causa humana, pero tampoco se pueden obviar los impactos ni permitir que sigan su curso como si nada. Es el momento de tomar decisiones definitivas porque es posible en diez años la invasión sea tan gigantesca que ya no quede nada por hacer", concluye Baptiste.

Relacionados

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.