En enero Arias denunció el derrame.

“Estamos celebrando desde ayer”, dice Alejandro Arias, un periodista y abogado oriundo de Santa Marta. La felicidad de Arias por la multa que le impuso el ministerio de Medio Ambiente a la Drummond (Vea: la generala del ambiente) se le nota en cada palabra. Él fue quien hizo públicas las fotos que denunciaron el derrame de cientos de toneladas de carbón que hizo esa empresa al mar de Santa Marta el pasado 13 de enero. Por cuenta de ese trabajo, Arias fue galardonado con el premio de periodismo Simón Bolívar por su artículo titulado “Drummond su última fechoría ¿y el Anla?”.

Arias, quien cuenta que lleva varios años investigando las “negligencias” cometidas por la compañía norteamericana, cuenta que hasta hoy había sido testigo de cómo la Drummond salía inmune de las denuncias por contaminación ambiental a la bahía de Santa Marta (Vea:entrevista con Manuel Rodríguez sobre la multa).

El periodista dice que se enteró del impacto ambiental de la compañía minera cuando los trabajadores de esa empresa comenzaron a enfermarse por la continua respiración de las micropartículas que suelta el carbón. Por el cercano contacto con el mineral negro se enfermaron de cáncer y comenzaron a sufrir de dificultades en las vías respiratorias.

Arias afirma que ahí comenzó “un seguimiento permanente de 24 horas”. Durante los años de ardua investigación, Arias tuvo contacto directo con la Drummond una sola vez cuando, con un tono “insultante y desobligante” lo llamaron después de que publicara un crítico artículo en El Heraldo. El periodista aún no había publicado las famosas fotos que registran el derramamiento de 2.000 toneladas de carbón.

La multa impuesta por el ministerio deja a Alejandro Arias con sentimientos mezclados. Por un lado está feliz y satisfecho de que el gobierno se haya manifestado ante el derrame de Drummond. Por eso celebra. “Este es un primer paso que da un grado de esperanza –afirma-. Espera uno que temas como Santurbán puedan evitarse y que pueda darse algún tipo de cambio positivo. Pero por el otro lado espera uno una sanción mucho mayor y más ejemplarizante. Pero para eso habría que cambiar la ley porque el ministerio impuso la máxima sanción posible”. (Vea: los ambientalistas reaccionan)

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