Histórica multa a Drummond

Las medidas que ha tomado el gobierno contra la empresa carbonera Drummond podrían ser un punto de quiebre de la protección de los recursos naturales en Colombia. La empresa carbonera acaba de ser multada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales por  6.965 millones depesos por cuenta del derrame de carbón en la Bahía de Santa Marta del pasado 13 de enero. “Tomamos esta medida para que nunca se vuelva a repetir”, aseguró en una rueda de prensa la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento (Vea: La generala del ambiente, perfil de la ministra). Es la sanción más alta por un tema ambiental impuesta en Colombia.

La historia de la multa a Drummond comenzó el pasado 13 de enero cuando se conoció que la empresa había tenido un accidente en alta mar en el cual se había arrojado al mar cerca de 500 toneladas de carbón. Días después el presidente Juan Manuel Santos anunció la suspensión del cargue de carbón de Drummond. Dijo que la medida se tomaba “simple y llanamente para sentar un precedente” y agregó que las empresas extranjeras “son bienvenidos siempre y cuando cumplan con su responsabilidad social y con su responsabilidad ambiental” (Vea casos internacionales semejantes a este). Al primer mandatario se sumó el entonces ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, y la Fiscalía. Ambas entidades prometieron una investigación profunda y sanciones ejemplares.

Durante todo el año en el sector ambiental se rumoró sobre la multa de Drummond. Se dijo que podría llegar a ser del orden de los 10 millones de dólares y que se convertiría en un hito sobre la importancia de proteger los recursos naturales. Pero con el pasar de los meses, el tema fue bajando de tono. Tanto que el ex ministro de Ambiente, Manuel Rodriguez, ponía sagradamente todas las semanas un Tweet en el que se preguntaba ¿Qué pasó con la multa a la Drummond? (Vea entrevista con Manuel Rodríguez acá)

La razón por la cual la sanción a la Drummond se había “embolatado” era en gran parte jurídica. Drummond entabló una serie de peticiones judiciales, según ellos  con el fin de tener mayor claridad y garantías en los procesos que tenían en su contra. Lo primero que hicieron fue elevar una consulta al Consejo de Estado para establecer si la competencia de juzgar el derrame de carbón la tenían las entidades ambientales. Según la empresa, no era la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales sino la Dimar quien debía revisar el caso.

Ese punto era importante porque las multas en La Dimar son de máximo 1.000 salarios mínimos, su prioridad no es evaluar daños al ecosistema y una de los puntos clave de la acusación, que es no haber avisado a las autoridades ambientales, no existiría. Pero más allá de eso, los ambientalistas advirtieron en ese momento que quitarle la competencia a la ANLA sobre este tema generaría un precedente desfavorable para la protección de Colombia de sus recursos marítimos.

El Consejo de Estado finalmente les dio la razón. Aseguró que ambos organismos podían castigar el derrame de carbón al mar, pues mientras Dimar sanciona la violación de normas que regulan las actividades marítimas, a la Anla le correspondía la investigación por violación de normas legales o administrativas en materia ambiental.

La empresa también interpuso otra tutela pues consideró que Luz Helena Sarmiento, quien en ese entonces era la directora de la Anla y el ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, prejuzgaron contra ellos cuando calificaron de muy grave el vertimiento de carbón en varias entrevistas a medios de comunicación. Ambos funcionarios dijeron en su momento que las sanciones podrían ser ejemplarizantes.

¿Por qué castigaron  a Drummond?

Por el derrame de carbón, Drummond enfrenta tres procesos distintos. Todas buscan establecer qué responsabilidad tuvo la empresa y qué daño causó el vertimiento al mar de entre 300 y 500 toneladas de carbón. Hay dos administrativos, el de la Anla y la Dimar, y una investigación preliminar que adelanta la Fiscalía por contaminación, un delito que hoy es castigado severamente (hasta 6 años de prisión y hasta 25.000 salarios mínimos de multa). La decisión que salió hoy es la de la Anla.

Drummond transporta el carbón en barcazas desde un puerto en Ciénaga, cerca de Santa Marta, hasta unos buques ubicados a 8 kilómetros de la playa.  Según relató  la empresa, a las 6 de la mañana del 13 de enero, se reportó que la barcaza ts-115 estaba “semisumergida y en situación de emergencia”. Luego de intentar sacarla a flote sin éxito, los operarios vaciaron parte de su contenido al mar. Posteriormente, la compañía reportó el incidente a la capitanía de puerto, pero no a las autoridades ambientales.  

Aunque la empresa sostuvo que se trató de "un accidente industrial”, el caso tomó relevancia luego de que el periodista Alejandro Arias lo denunció . Por cuenta del escándalLuz Helena Sarmiento, cuando era directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, suspendió  el cargue de carbón de Drummond y abrió  una investigación por alterar, deteriorar o afectar el ecosistema marino.

La fiscalía hizo lo mismo pues cree que puede existir el delito de contaminación. A pesar de que aparentemente el caso podría ser muy sencillo, ya que la empresa aceptó haber vertido el carbón y existen fotos y testimonios de lo sucedido, su desenlace en esa entidad no es fácil. Una de las razones es que en Colombia no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas y porque en Colombia no es fuerte la investigación penal por delitos ambientales. Incluso se rumora que la unidad de delitos ambientales podría desaparecer por cuenta de la reorganización interna que se está haciendo en la Fiscalía.

Los ambientalistas, sin embargo, están divididos: para algunos el monto de la multa es irrisorio, comparado con las ganancias totales de la empresa cada año y para otros es un hecho histórico que marca el comienzo de un gobierno en el que las autoridades ambientales por fin están dispuestas a cumplir su labor sancionatoria.(vea las opiniones de diferentes ambientalistas del país)

Pero el caso de la Drummond no es el único. Este tema no es de poca monta en un país que se precia de ser uno de los más biodiversos del mundo y que no ha superado el debate de cómo salvaguardar su riqueza natural frente a la explotación minera. La industria extractiva siempre ha prometido que puede cumplir con los más altos estándares ambientales y el gobierno que una de sus prioridades será hacerlos respetar. La ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, aseguró ayer en la inauguración del parque nacional Playona de Acandí en el Chocó que en el tema del medio ambiente “todo el mundo cree que tiene derechos, pero nadie que tiene deberes”. Sarmiento (ver perfil), quien se ha caracterizado por tener mano dura frente al sector minero, anunció que la sanción tiene también el mensaje para las empresas sobre el respeto y el cuidado que deben tener con los recursos naturales.