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Cuando recientemente Murrawah Johnson llegó a Townsville, no podía creer lo que veía. A las puertas de la Gran Barrera de Coral australiana le sorprendieron dos carteles enormes publicitando al grupo Adani, el gigante minero indio que pretende construir una mina de 450 kilómetros cuadrados de carbón en sus proximidades.

Johnson se encontraba en Townsville para dar un discurso de apertura en la conferencia más grande de Australia sobre el “native title” (derecho indígena): el mecanismo legal a través del cual los pueblos indígenas australianos pueden reclamar la propiedad de las tierras ancestrales que han ocupado durante más de 60.000 años. Casualmente, Johnson es miembro y portavoz del Consejo de Familia del pueblo indígena Wangan y Jagalingou (W&J), que reclama el derecho sobre la tierra, que Adani quiere excavar en busca de carbón.

Aunque fue a la escuela en la ciudad costera, la joven de 22 años regresa ahora a Townsville como “saboteadora” en sentido figurativo. “Mi nombre es sinónimo de un no a Adani”, dice a DW.

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Ubicada en la costa tropical del norte del estado australiano de Queensland, la ciudad de Townsville se encuentra en el epicentro de los esfuerzos para construir la mina de carbón Carmichael (que tendrá un coste de cerca de 14,1 mil millones de euros) en la cercana cuenca de Galilea. Será una de las minas de carbón más grandes del mundo.

El argumento principal es la creación de empleo. La otra cara de la moneda son las emisiones de CO2 esperadas. Duplicar las exportaciones de carbón de Queensland también bombeará 120 millones de toneladas más de CO2 a la atmósfera terrestre anualmente y empeorará el calentamiento global que ya amenaza la Gran Barrera de Coral. Asimismo, la industria del turismo, que es el motor económico de la región, también sufrirá según ecologistas comoBob Brown, ex diputado del Partido Verde de Australia.

Pocos en Townsville, ahora paralizada por el alto desempleo y la delincuencia, quieren hablar de esta verdad incómoda, o sobre la promesa, sobrestimada en gran medida, de la creación de empleos. Adani ha afirmado que creará 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Sin embargo, un informe de expertos de la propia empresa estima que solo se crearán alrededor de 1.400 empleos nuevos.

Firmes contra la minería

El conflicto entre W&J y Adani se remonta a 2012, cuando la compañía solicitó permiso para construir seis explotaciones a cielo abierto y cinco subterráneas en las tierras de Wangan y Jagalingou. Los miembros del clan de W&J se han negado consecuentemente a conceder la autorización necesaria, incluso bajo la presión de los gobiernos de Queensland y Australia.

“No hemos dado nuestro consentimiento. No daremos nuestro consentimiento. Y seguiremos luchando hasta el final”, manifestó Johnson en Wall Street (Nueva York) durante una gira mundial en 2015 para crear conciencia y presionar a los bancos para no financiar el proyecto minero. Desde entonces, varios grandes bancos internacionales se han comprometido a no proporcionar ayuda económica.

Mientras tanto, Adani reunió apoyos entre indígenas locales y obtuvo su consentimiento por medio de un Acuerdo de Uso de Tierra Indígena (ILUA, por sus siglas en inglés), es decir, un convenio que permitía a la compañía hacer uso de las tierras de los aborígenes. Sin embargo, un tribunal australiano anuló el ILUA en febrero porque no fue firmado por todos los propietarios tradicionales de tierras, después de que los miembros del Consejo de W&J presentaran un recurso legal contra el mismo. Se dijo que el pacto había llegado a través de un “proceso fraudulento”, gracias parcialmente a incentivos monetarios.

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Con la mina en el limbo legal, la semana pasada el gobierno australiano logró enmendar la Ley de Derechos Indígenas en beneficio de Adani para que los acuerdos de uso de la tierra se puedan obtener sin el consentimiento unánime de todas las partes que poseen un derecho de tierra. Un senador lo llamó “la ley Adani”.

Pero los propietarios tradicionales de W&J se oponen diciendo que la mina no puede continuar hasta que su caso sea visto por el Tribunal Federal, en marzo de 2018. “Hasta aquí hemos llegado. Declaramos nuestro derecho a nuestra tierra. No nos rendiremos. Nos oponemos al Acuerdo de Uso de Tierra Indígena”, manifestó Adrian Burragubba, el miembro más veterano de W&J, en una declaración del pasado 14 de junio.

Un día después, un propietario tradicional de Wangan y Jagalingou, Craig Dallen, retiró su apoyo al ILUA, diciendo que el convenio no compensaba “la destrucción que el proyecto causará a la cultura tradicional y a las tierras de nuestro pueblo”.

Incluso en un contexto de incertidumbre legal y financiera, un día después de que Johnson llegara a Townsville, Adani abrió una oficina local como símbolo de que la mina seguía delante. Al día siguiente, la compañía emitió de nuevo una declaración desde Townsville confirmando la ejecución del proyecto.

¿Quién se beneficia realmente?

Johnson creció en la región de la Cuenca de Bowen, en el interior de Townsville. El área posee las mayores reservas de carbón de Australia, el tercer mayor productor de este mineral en el mundo. Al igual que la madre de Johnson, la población indígena habitualmente vive entre las muchas minas a cielo abierto de la región. Son ellos los que presencian “la violenta extracción que otras personas nunca verán”, lamenta Johnson a DW.

Adani afirma que se adherirá a las regulaciones ambientales y protegerá los recursos naturales como el agua. Pero los ecologistas y W&J temen que la nueva mina contamine las fuentes de Doongmabulla y el río Carmichael, aguas conectadas a la Gran Cuenca Artesiana contigua, el mayor acuífero subterráneo de Australia y un importante humedal. También señalan el pobre historial ambiental que ha demostrado Adani en la India.

“La mina contaminará y consumirá mil millones de litros de agua subterránea y destruirá importantes sistemas de manantiales”, criticaba Adrian Burragubba en una declaración de 2015. "Dejará literalmente un gran agujero negro de proporciones monumentales en nuestras tierras de origen. Estos efectos son irreversibles. Harán desaparecer nuestra tierra”, lamenta.

Adani y los parlamentarios australianos argumentan que el proyecto inyectará miles de millones en impuestos y regalías a la economía local, que se podrán gastar después en infraestructura, escuelas y hospitales.

Pero después de décadas de minería en la región, según Johnson los pueblos indígenas no se han beneficiado nunca de las promesas hechas por empresas como Adani. Las comunidades aborígenes aún sufren de pobreza extrema, presentan la mayor tasa de suicidios en el mundo entre hombres jóvenes, así como muertes prematuras por enfermedades tratables como la diabetes. Johnson asiste a una gran cantidad de funerales.

“No conozco ninguna situación en la que la minería haya hecho a una comunidad mejor, social, económica o políticamente”, critica Johnson. “No existe”, sentencia.

Los argumentos a favor de la mina siguen centrándose en la promesa de crear puestos de trabajo, ignorando el impacto ambiental y el cambio climático. Para Johnson, es responsabilidad de los vecinos de W&J hablar a favor de sus tierras y llevar adelante “la mayor historia de sostenibilidad del mundo”.

“Estamos hablando sobre nuestros tótems”, dice Johnson: “sobre el agua y la tierra, porque ellos no pueden hablar para sí mismos”.

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