En cuanto a su biodiversidad, es sabido que Colombia es uno de los países más ricos del planeta. Pero nada indica que, hoy por hoy, se esté teniendo en cuenta esta realidad como parte de los esfuerzos de preparación para el posconflicto.

Es como si la abrumadora mayoría de los municipios que ya han sido identificados como claves para el posconflicto no gozaran de alguna figura de protección ambiental o de uso sostenible; es como si muchos de los parques nacionales colombianos no estuvieran invadidos por la siembra ilícita de coca y cantidades de otras actividades ilegales altamente dañinas, tanto para el medio ambiente como para el bienestar de las poblaciones locales. Es además como si las iniciativas de protección ambiental que pese a las durezas del conflicto armado se han ido implementando en las últimas décadas entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil, no existieran o no valieran nada.

Por cierto, el tema ambiental no está entre los seis puntos centrales de la agenda de negociación en La Habana. Pero esto no significa que no se le debe asignar prioridad y que el sector ambiental colombiano -de la mano de sus contrapartes internacionales- no plantee una discusión rigurosa sobre estos asuntos cruciales para el porvenir de la nación.

Es de fundamental importancia que en Colombia no se cometan los mismos errores que han plagado a tantos otros países ricos en recursos naturales, pero pobres en gobernanza y en el manejo de los asuntos medioambientales en las transiciones de la guerra a la paz. Todos sabemos que la guerra es mala para la biodiversidad. Pero también es cierto que la paz puede ser aún peor si no nos preparamos para ella.

La evidencia indica que desde el fin de la segunda guerra mundial, la mayoría de los sitios más biodiversos del mundo, conocidos en inglés como biodiversity hotspots, han sido afectados por diferentes tipos de conflicto violento. Aunque falta ampliar y consolidar nuestro conocimiento sobre este asunto, sabemos que la conservación ambiental no solamente continúa a lo largo de los conflictos sino que además sostiene estructuras y procesos de gobernanza en los territorios afectados por la violencia.

Es decir, donde el ejercicio de la autoridad pública se hace cada vez más endeble e impugnado, la conservación de la biodiversidad crea una ventana de oportunidad muy valiosa para la transformación de los conflictos. He aquí un potencial enorme para que el sector ambiental colombiano haga una contribución a la construcción de paz.

Debería aportar experticia respecto a la gestión ambiental del territorio y la búsqueda de alternativas a las economías ilícitas, como la coca y la explotación ilegal de los bosques o de los yacimientos de minerales. Y trabajar de la mano con otros sectores, incluida la Fuerza Pública, para hacerle frente a la pesadilla de las minas antipersona, que están regadas por los campos y bosques colombianos y constituyen la amenaza más infame y nefasta para los pobladores rurales.

Pero, valga la sugerencia, las organizaciones ambientales del país también deberían hacer honor a un giro en su discurso sobre el valor intrínseco de la naturaleza. Lo que hace falta son perspectivas frescas sobre el valor económico de los servicios ecosistémicos (agua, alimentos, captura de carbono, medicinas tradicionales) que son fundamentales para el bienestar humano y, específicamente, las comunidades locales en las zonas de reconstrucción.

Con todo, la conservación de los bosques es una llave para la paz en Colombia. No se debe perder.

*Coordinadora visión amazónica WWF; candidata a doctorado en la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo, Alemania


Panelista del evento “Bosques y construcción de Paz, una oportunidad para el posconflicto”, una iniciativa liderada por la Unión Europea,  el Gobierno Nacional  y la CARDER, con el apoyo de WWF, PNUD, FAO FLEGT, el Instituto Forestal Europeo, Fedemaderas, Embajadas de Finlandia y Suecia en Colombia y la Cooperación Alemana. Que se lleva a cabo esta semana en Bogota.

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