Rio Nechi.

Las empresas y especialmente aquellas que por su alto riesgo requieren mayor regulación ambiental, atribuyen buena parte del rezago en alcanzar sus metas a deficiencias de esta autoridad. La expansión de la extracción de petróleo y de la generación eléctrica, así como las expectativas de crecimiento de la minería y la urgente necesidad de crear la infraestructura requerida, generan cada vez mayores retos de protección de recursos naturales estratégicos. 

Todos los sectores reconocen, en el papel, que deben ser responsables con el medio ambiente. Sin embargo, se quejan de que existen normas poco claras, inestables, inconsistentes y con inexplicables excesos burocráticos.

Antes de cumplirse los primeros diez años de que, en cumplimiento del mandato de la Constitución de 1991, se estructuraran las autoridades ambientales del país, esta institucionalidad entró en una profunda crisis. Se desmontó el Ministerio del Medio Ambiente, asignándole cada vez más funciones a un precario viceministerio. Se debilitaron las corporaciones autónomas regionales (CAR) como vigilantes de los grandes proyectos de inversión, con una notable pérdida de la calidad técnica de las que ya estaban consolidadas. 

Se archivaron los instrumentos económicos para enviar señales virtuosas a los usuarios de la naturaleza, que sirven para mostrar que es más rentable racionalizar el uso de estos recursos que despilfarrarlos. Se desactivaron mecanismos como las tasas retributivas para aplicar el principio de que “el que contamina, paga”, que existen en el país desde hace cuatro décadas y que orientan las políticas ambientales de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a los cuales queremos adherirnos. Se desmontaron las tasas por uso del agua que permitían captar recursos de los grandes consumidores con alta capacidad de pago, para canalizarlos hacia los sectores rurales más vulnerables a quienes se les exige conservar las cuencas hidrográficas. Se debilitaron esfuerzos que por décadas se venían concretando en una red de información hídrica y meteorológica, reduciéndola a su más mínima expresión. 

En fin, se desmontaron buena parte de los avances que, palmo a palmo, se venían construyendo especialmente en las últimas cuatro décadas desde la expedición del Código de los Recursos Naturales.

El mismo presidente Santos planteó un revolcón al respecto, comprometiendo su palabra ante los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, a quienes aseguró el día de su posesión en su primer mandato que no actuaría de espaldas a la tierra y al agua, recursos para ellos sagrados. Volvió a crear el Ministerio de Ambiente y le segregó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), instituciones tan nombradas y polémicas en estos días. Se dieron señales aparentemente claras como las sanciones a grandes mineras que no cumplen con los requisitos de ley; y se creó la Agencia Nacional de Minería, como regulador de esta delicada actividad. Todo esto parecería estar marcando un cambio de visión. Pero hoy se afirma, por ejemplo, que es posible y necesario adelantar procesos de fracturamiento del subsuelo (fracking) para extraer recursos petroleros no convencionales, argumentando que ya se cuenta con una regulación estricta que minimiza los riesgos, como si estop bastara. Además, se sostiene que no se justifica seguir otorgando licencias ambientales en plazos que demoran más de año y medio, sino que “Colombia quiere llevarlo a 3,5 [meses] pero manteniendo la rigurosidad técnica”, como lo dijo el ministro Gabriel Vallejo a El Espectador. 

Es indudable que algunas de estas decisiones fueron adecuadas. Otras, son francamente cuestionables. De todas formas, una condición sine qua non para resolver los obstáculos que está generando la actual gestión ambiental, es reconocer el origen de estos obstáculos. Y aquí hay poca voluntad para reconocer que, frente a la magnitud de la debilidad institucional, son insuficientes los pretendidos remedios que se están implementado. 

Si no se analiza a fondo la capacidad de actuar consistentemente con los mandatos constitucionales y legales en relación con el medio ambiente, será poco lo que se logrará avanzar en la superación estos obstáculos. Afirmar, por ejemplo, que se requiere “mantener la rigurosidad técnica” desconoce de fondo que dicha rigurosidad es muy precaria en Colombia. Basta con revisar los miles de folios del pretendido seguimiento a los informes de cumplimiento ambiental que tiene sistematizados la ANLA, pero que se niega a liberar al público eliminando el ilegal requisito de tener una clave secreta para poder acceder a ellos en la página web de la entidad. 

Si algo se demuestra con estos expedientes, es que la calidad técnica del seguimiento ambiental es prácticamente nula. Y esto no es una limitación de los funcionarios actuales; es un desenfoque de quienes toman las decisiones de alto nivel, asumiendo que no hay problemas estructurales de fondo. Decir, por ejemplo, como lo hizo el director de la ANLA Fernando Iregui a El Espectador, que “tengo que ajustarme al presupuesto que hay”, que en esa institución “no falta gente” sino que “lo que falta es un procedimiento y ubicar a la gente donde es”, resulta al menos paradójico.


Para ilustrar la veracidad de este diagnóstico, habría que analizar los resultados de la gestión ambiental en los últimos años. Pero ante la precariedad de la información ambiental, síntoma también evidente de la deficiente gestión ambiental, basta con observar la evolución de la prioridad asignada a este tema en los últimos años (ver gráfico). En 1998, el gobierno le asignó un modesto 0,72 por ciento del presupuesto general de la Nación (PGN) a la institucionalidad ambiental, que representaba un 0,18 por ciento del PIB total. 

En los últimos años, a pesar del crecimiento de la economía, esta asignación se redujo a apenas una tercera parte: 0,24 por ciento del PGN, equivalente a apenas 0,06 por ciento del PIB. Esto significa que la institucionalidad ambiental tiene ahora sólo una tercera parte de la gente que tenía hace 15 años; o que tiene la misma gente, pero con niveles de competencia reducidos en dos terceras partes. 

¿Habrá otro sector estratégico al que, en los últimos tres o cuatro gobiernos, se le hayan mermado su nivel de prioridad en esta magnitud? Afirmar que hay que ajustarse al presupuesto que hay, y que no se necesita más gente sino reubicar la que hay, es querer tapar el sol con la mano. Es tratar de resolver los problemas estructurales, vendiendo el sofá. Hay que replantear la definición de prioridades y por tanto la asignación de recursos financieros y humanos. Plata sí puede haber, pero no se está recaudando lo que debería ser. Y cuando se tienen recursos, se asignan de manera atomizada y caótica. Y predomina la mala administración de los mismos, por  falta de gente con excelencia técnica en los cargos claves de las instituciones actuales.

Prioridad Ambiental en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 



Fuente: Econometría Consultores. Evaluación institucional y de resultados de la Política de Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – Sinap. DNP, Bogotá, 2012.

*Economista. Profesor universitario y miembro del comité académico del Foro Nacional Ambiental

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