Por: Jorge Cote*

El pasado 2 de agosto, en un hecho sin precedentes, el procurador Fernando Carrillo y la Corte Constitucional en pleno se desplazaron a Nabusimake en la Sierra Nevada de Santa Marta para escuchar los reparos que el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada tiene sobre la política minera y ambiental del gobierno nacional.

Durante tres horas los líderes y mamos de los pueblos kogi, arhuaco, wiwa y kankuamo expusieron los problemas por los que atraviesa la Sierra y entregaron el informe de afectaciones culturales y ambientales causadas por la actividad minera. En términos generales, el documento presenta un preocupante panorama del estado medioambiental de la Línea Negra (territorio sagrado para esos grupos reconocido por el gobierno nacional mediante una resolución de 1973 y otra de 1995), de la expansión de la minería legal e ilegal y de la amenaza a la que está sometida la cultura y modo de vida de los pueblos ancestrales por el modelo económico que ha llevado a cabo el gobierno nacional en la región. Además, denuncia la falta de garantías que tienen para el ejercicio de la consulta previa.

Tras la evaluación de la situación de la Sierra Nevada, el Consejo Territorial le pidió a la Corte que declare a la Sierra y a la Línea Negra como sujeto con derechos para garantizar su protección: “El territorio tiene que protegerse como sujeto de derecho vinculado directamente a la integralidad de nuestros derechos étnicos y derechos como sujetos individuales”, afirma. Los pueblos ancestrales aseguran que esa petición está respaldada en la evidencia de que ellos y su forma de organización basada en la Ley de Origen, es la que mejor ha permitido la “conservación ambiental de la Sierra Nevada en beneficio de la población regional, nacional y mundial”. La solicitud está consignada en una tutela interpuesta por el Consejo en 2015 y tras ser negada en las distintas instancias y de ser devuelta por la Corte, vuelve a llegar otra vez al alto tribunal para que pueda ser seleccionada para revisión.

Le recomendamos: La preocupante radiografía de la Sierra Nevada por cuenta de la minería

De aprobarse esta petición por parte de la Corte Constitucional,  la Sierra Nevada sería el segundo ecosistema en ser declarado sujeto de derechos, como sucedió con el río Atrato en el Chocó en abril de 2017 y este mecanismo jurídico se convertiría en una nueva herramienta de las comunidades y los ambientalistas para defender el medioambiente Colombiano. ¿Pero qué tan eficiente sería este mecanismo para defender los derechos ambientales si se tiene en cuenta que Colombia tiene una importante legislación sobre el tema pero que constantemente se incumple o que el Estado no tiene la suficiente capacidad para aplicarla?

Por el momento, el pasado julio, el gobierno designó como representante legal institucional de los derechos del río Atrato, su cuenca y afluentes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el 1 de septiembre la comunidad nombró a sus 14 guardianes. Sin embargo, empieza a preocupar que los tiempos dados por la Corte para implementar un plan de resguardo del río comiencen a incumplirse. Tan solo en agosto el gobierno propuso crear cinco comités técnicos, que serán los encargados de la implementación de las órdenes de la Sentencia, cuando la corte dio un plazo de 3 meses desde la notificación que fue a finales de abril de este año.

Por otro lado, la sentencia ordena que en un año “se diseñe y ponga en marcha un plan para descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los territorios ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región”. Si bien instituciones como la Procuraduría están designando personal para cumplir esa orden, a cinco meses de la notificación no hay avances importantes.

También preocupa  el cumplimento del mandato de que en seis meses se debe diseñar e implementar “un plan de acción conjunto para neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen no solo en el río Atrato y sus afluentes, sino también en el departamento de Chocó”. Por ahora en las oficinas de la Procuraduría, la Fiscalía y otras dependencias del Estado ronda un proyecto de decreto para crear altos delegados en estas intuiciones para luchar contra la extracción ilegal de minerales, sin que haya mayores resultados.

Lea también: La lucha de un Consejo Comunitario contra la mineria ilegal en el Chocó

Funcionarios de estas instituciones dijeron a Semana Sostenible que aunque están comprometidos, la lentitud en su aplicación de la sentencia se debe a problemas burocráticos y a falta de dinero. “La sentencia implica crear comités, dependencias, reacomodar personal  y destinar numerosos funcionarios para rescatar un río al que llevan contaminando por muchos años. Desafortunadamente la sentencia llega en un momento en que no hay plata para hacer esos arreglos institucionales, aun así creemos que es importante cumplir lo ordenado por la Corte”, señaló un funcionario que pidió la reserva.

Pese a estos atrasos que todavía son subsanables, las comunidades del Atrato y ambientalistas consideran que esta sentencia es la mejor vía para salvar el río y mantiene viva la esperanza de que el  gobierno cumpla. Con el caso de Atrato surge la siguiente pregunta: si hay un alto riesgo de incumplimiento ¿Por qué el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada cree que declarar su territorio es la mejor manera de preservarlo?

La razón radica en que, de acuerdo con el informe presentado por esta organización a la Corte Constitucional y con la tutela que está pendiente de selección para revisión, ellos están cansados de los incumplimientos del Estado y de que este, en temas como la consulta previa, tome partido por las empresas y utilice el mecanismo para legitimar la explotación minera y no como una herramienta para la protección y el amparo de los derechos colectivos indígenas. “No importa que digamos que determinado proyecto nos afecta gravemente, el gobierno decide llevarlo a cabo el sin importar las afectaciones”, se lee en las páginas del documento.

De hecho, el pasado 13 y 14 de septiembre en un encuentro de Autoridades y líderes del Pueblo Kankuamo realizado en Atanquez, la comunidad volvió a concluir que “a pesar de algunos avances en el cumplimiento de los acuerdos por parte de algunas entidades del estado, es muy preocupante la falta de voluntad política y desconocimiento de los derechos de la población Kankuama”.

Para Luisa Castañeda Quintana, abogada y asesora de los pueblos indígenas del Consejo Territorial, la Sierra tiene decenas de medidas y leyes que ordenan su preservación pero aun así en la actualidad hay 132 títulos vigentes dentro de la Línea Negra y 244 solitudes más estructurales. Según ella, convertir a la Sierra sujeto de derechos sería un triunfo de los indígenas, y si bien está consciente de que una sentencia de este estilo no da garantías de cumplimento, sí es un avance “porque en el caso que la sentencia sea desconocida por el Estado le permite a los pueblos ancestrales asistir a organismos internacionales ya que adquieren un derecho que puede ser defendido en la cortes de fuera del país”.

*Periodista e historiador

Relacionados

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.