En octubre vence el plazo que tiene el gobierno para presentar planes de implementación para cada uno de los 230 temas en los que la Ocde le ha hecho observaciones. De ese total, la tercera parte corresponde al sector ambiental. Y aunque Colombia tiene todo montado para tratar de ingresar este año, hay un tema clave en el que aún no hay luz verde: la licencia ambiental para la exploración minera.

Esa licencia obligatoria que existió en Colombia hasta el Código de minas de 2001 y que la exministra de Ambiente Luz Helena Sarmiento prometió resucitar hace dos años, ha sido el objeto de una dura discusión dentro del gobierno.

Pero hasta ahora no ha habido Ocde que valga. No fue incluida en el nuevo Plan de Desarrollo– que se esbozó con el ingreso a la organización como faro – pese a que esa fue una de sus diez recomendaciones en lo ambiental. La razón es que el gobierno considera que podría desincentivar la inversión, una preocupación agudizada por esta época de vacas flacas.

Sin embargo, en octubre el gobierno tendrá que presentarle un plan de acción sobre este punto a la Ocde, que considera que la última reforma a las licencias en 2014 redujo el nivel de exigencia sin tener en cuenta la dimensión de las actividades y que, por lo tanto, no hay buenas prácticas en el licenciamiento.

Esta exigencia se une a otras dos de gran envergadura: la inclusión de criterios ambientales en la distribución de tierras y los subsidios al agro y el incremento a la inversión ambiental total. El club de países desarrollados decidirá si le pone un chulo al plan o si le pide nuevos cambios al país. “¿Las buenas prácticas nos interesan, independientemente de a quién afectan? Este será el termómetro”, dice un técnico del sector.

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