El fin del conflicto armado con las Farc no se traducirá automáticamente en la paz para el medioambiente. Aunque el cese de la guerra promete muchos beneficios en este aspecto, su materialización dependerá de que el gobierno logre consolidar un modelo de desarrollo sostenible que concilie las necesidades de crecimiento económico con la protección de los valiosos recursos naturales del país.

Esta es la conclusión de un reciente informe del Diálogo Interamericano titulado ‘La paz y la protección ambiental en Colombia: propuestas para un desarrollo rural sostenible’, escrito por el periodista y profesor universitario Lorenzo Morales. En 36 páginas, el documento resume los impactos ambientales que ha causado la guerra en Colombia, haciendo énfasis en la deforestación y en la contaminación por el derrame de hidrocarburos. Luego analiza los riesgos que implica el desarme de la guerrilla, pues para nadie es un secreto  al mismo tiempo su presencia ha mantenido aisladas tanto las actividades ilegales como el desarrollo depredador.

“El fin del conflicto armado, aunque crucial para el futuro del país, puede desencadenar una mayor depredación de los recursos naturales. El retiro del poder armado de las FARC permite suponer que se suprimirán algunos de los factores de deterioro ambiental asociados al conflicto. Algunos paisajes y ecosistemas se estabilizarán, otros podrán regenerarse. Pero al mismo tiempo se levantará el cerrojo que mantuvo inaccesibles muchas áreas, algunas de ellas de inmenso valor ambiental”, advierte el informe.

Para evitar esa destrucción, el documento identifica algunos retos, tanto institucionales como financieros, que el gobierno tendrá que enfrentar en el corto plazo. “En el primer caso, deberá reconocer y aprovechar las instituciones ambientales que ya operan en el territorio, a veces de manera informal pero efectiva, y priorizar la atención allí donde los riesgos ambientales asociados al posconflicto sean más marcados. Asimismo enfrenta desde ya el desafío de proteger la vida de los líderes ambientales y sociales y de ofrecer garantías para que puedan permanecer en sus tierras”.

Finalmente, el informe hace una serie de recomendaciones que incluyen la mejora de los datos existentes sobre la tierra, con clara delimitación de las áreas ambientales y la frontera agrícola. También será fundamental la reubicación responsable de personas desplazadas por la guerra, evitando ubicar a poblaciones vulnerables en tierras no productivas y frágiles, o tierras sin acceso a infraestructura o servicios básicos. Igualmente, el gobierno deberá apostarle al fortalecimiento de las autoridades locales, los gobiernos indígenas y afrocolombianos y las instituciones ambientales locales e informales.

También se subraya que el desarrollo sostenible requiere la reasignación de los recursos estatales en apoyo a la política ambiental, por ejemplo mediante incentivos fiscales, acuerdos de pago para servicios ambientales y creación de capacidad en los gobiernos locales. La vinculación de la planificación para el cambio climático con los planes de acción del posconflicto también podría optimizar las inversiones actuales y atraer el apoyo adicional de organizaciones internacionales. El desarrollo de nuevos mercados “verdes” y la implementación de tecnologías sostenibles en las industrias extractivas también son estrategias que se deben incluir en el menú de acciones para aprovechar las oportunidades ambientales que abre la paz.

Vea el informe aquí.

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