El pasado 8 de junio no fue un buen día para una de las universidades más reconocidas de Colombia. La Secretaría de Ambiente de Bogotá determinó que la gran obra de infraestructura que el Externado lleva a cabo en los cerros orientales de la capital afectaba las aguas de una quebrada cercana y por eso decidió suspenderle las actividades de vertimientos.

“La medida de suspensión de actividades a los vertimientos de la obra denominada ‘Plan de Regularización y Manejo Universidad Externado de Colombia’, se tomó luego de que la Secretaría Distrital de Ambiente evidenciara que estaban siendo arrojados desechos a la quebrada Padre de Jesús y a la red de alcantarillado del sector de La Candelaria sin los permisos respectivos”, dice un comunicado de la entidad distrital.

Además, en los operativos adelantados por la autoridad ambiental, también se restringieron las actividades de acopio de material de excavación, ya que estaban causando daños a los árboles ubicados en el área donde se adelanta la obra.

Las medidas se mantendrán hasta que la Universidad Externado presente un plan para atender las irregularidades evidenciadas y subsanen los daños causados a la quebrada y al alcantarillado del centro de Bogotá. Además, la Secretaría anunció que iniciará el proceso sancionatorio correspondiente a la Ley Ambiental, cuyas multas podrían llegar hasta los 3.500 millones de pesos.

Problemas de tiempo atrás

Las construcciones en cercanías a los cerros orientales de Bogotá han sido un tema caliente en los últimos años y el proyecto del Externado hace parte de la polémica. Se trata de 48.329 m2 de obra en uno de sus predios ubicado en la avenida Circunvalar.

Así se veía la construcción hace dos años.

La Universidad enfrenta hoy un traspié en su proyecto, pero habitantes y comerciantes de La Candelaria le aseguraron a Semana Sostenible que ese es un problema menor comparado con otros que ellos cuestionan desde antes que se iniciaran las obras.

Para entender por qué se ha formado la controversia es necesario poner el espejo retrovisor en 1976. En ese año se habló por primera vez de la delimitación de la reserva forestal. El antiguo Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) creó un acuerdo con el que planteó los límites del área protegida y uno de ellos fue el Paseo Bolívar (Carretera de Circunvalación). Posteriormente, una resolución de 1977 aprobó el acuerdo y declaró la zona como Área de Reserva Forestal Protectora.

Los límites estuvieron vigentes hasta el año 2005, cuando el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial emitió una resolución que redelimitó la Reserva. Con dicha decisión, se excluyeron 973 hectáreas que deberían conformar una franja de adecuación entre la zona de reserva y la parte urbana.

El acuerdo fue demandado a través de una acción popular y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en noviembre de 2006 ordenó “prohibir a las autoridades distritales y curadores urbanos, expedir licencias o permisos de urbanismo y construcción en la “franja de adecuación", así como en el área de la reserva ". De esta manera quedó vigente la resolución de 1977.

Coincidencialmente, en el 2006 la Universidad solicitó licencia de construcción para dos torres de siete pisos ante la Curaduría 2, pero dicha licencia fue negada. Voceros de la población del centro histórico aseguran que los documentos que soportan esa solicitud no aparecen en la Curaduría ni en el archivo de la Secretaría Distrital de Planeación.  

Pero el asunto no paró allí. En agosto de 2012 la Universidad solicitó de nuevo la licencia ante la Curaduría 3. La licencia sí fue otorgada, pero esta vez para dos torres de ocho pisos y tres sótanos para parqueaderos.

Un año más tarde, cuando la comunidad quiso conocer la resolución que otorgó la licencia, Ana María Cadena Tobón, la curadora urbana 3 de esa época, contestó que esta fue otorgada por la curadora anterior y que “(...) tampoco puedo asumir responsabilidad alguna frente a dicho trámite (…) Sugiero consultar el expediente respectivo en el archivo de la Secretaría Distrital de Planeación con el fin de esclarecer cualquier inquietud”.

Sin embargo, la licencia tampoco se encontró en el archivo de Planeación, a pesar de que ésta vez sí había sido otorgada, y así lo constata un informe de la Veeduría Distrital. “Hay una resolución que autoriza movimiento de tierras en el predio, pero no contiene los soportes técnicos para justificar dicho movimiento". La Veeduría tampoco encontró la licencia.

A pesar de que todo esto llamaba la atención de los ciudadanos, a finales de 2014 la Subsecretaría Jurídica de Planeación Distrital le dijo a Semana Sostenible que la construcción era legal y no presentaba irregularidades dado que en febrero de 2009 solicitaron concepto técnico al Ministerio de Ambiente y este dijo que el predio no hacía parte de la reserva forestal ni de la franja de adecuación.

Crece la controversia

Llegados a este punto hay dos detalles que causan polémica. El primero es que la resolución de 1977 establecía al Paseo Bolívar (Avenida Circunvalar) como uno de los límites, pero en dicho año solo existía la Circunvalar Occidental, mientras que hoy existen dos tramos. En segundo lugar, el Ministerio de Ambiente, la CAR y la Curaduría 3 ignoraron las medidas cautelares del Tribunal de Cundinamarca que estaban vigentes y prohibían expedir licencias.

El fallo final del Consejo de Estado en 2013 le dio validez a la Zona de Adecuación y dejó en firme sólo las licencias otorgadas antes de las medidas cautelares del Tribunal, con lo cual en teoría, se dejaría por fuera el proyecto de la Universidad.

Sumado a lo que los pobladores consideran dudoso en este caso, la construcción también es cuestionada desde el punto de vista urbanístico.  William Alfonso, arquitecto y urbanista, asegura que el sitio tiene dificultades para construcción, se encuentra en zona de riesgo medio- alto y la pendiente genera peligro de remoción en masa. “Eso es evidente, incluso el Fopae ha gastado una gran cantidad de dinero en muros de contención en zonas de la Circunvalar muy cercanas al predio de la Universidad. Paisajísticamente esto afecta la vista tanto de los cerros como de la sabana de Bogotá, en un sitio histórico de la ciudad”.

Alfonso también plantea que se afectará la movilidad del sector y que al ser una zona de curvas pronunciadas, podría representar peligro para la misma comunidad universitaria.

El asunto es complejo, pero directivas de la Universidad han manifestado que todo está en orden y no infringen ni han infringido la ley en ningún momento. No obstante, los habitantes del sector aseguran que nunca les socializaron el proyecto y sus opiniones no fueron tenidas en cuenta. Es más, desde hace tres años enviaron cartas en las que solicitaban reunión con las directivas de la institución pero este es el momento que no han obtenido respuesta. De hecho, actualmente una acción popular contra la Curaduría 3 reposa sin respuesta en el Consejo de Estado, mientras que los líderes de la localidad de La Candelaria no dan su brazo a torcer.

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