Páramo de Pisba.

“Los páramos son ecosistemas estratégicos, para su conservación es necesario construir un diálogo participativo con las comunidades”, esta fue la principal conclusión del simposio ‘Páramos, territorios en disputa’, organizado por el Instituto Humboldt y en el que se discutieron temas críticos para la conservación de estos ecosistemas. 

En nuestro país existen cerca de 36 páramos en las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos ecosistemas suman cerca de tres millones de hectáreas que representan el 50 por ciento de los páramos andinos. (Vea: Un humedal artificial en medio de Bogotá)

Los páramos se consideran estratégicos porque prestan importantes servicios ecosistémicos, dentro de estos el agua es el servicio ambiental más importante. En estos ecosistemas nace la mayoría de ríos y lagunas del país, y en épocas de variabilidad climática, como las que actualmente sobrelleva el planeta y en particular el país, estos ecosistemas son muy importantes porque cuentan con reservas de agua que pueden ir liberando poco a poco. 

Un dato que quizás no es conocido es que la mayoría de las ciudades colombianas toman su agua de los páramos. Al respecto, el Instituto Humboldt estima que un 70 por ciento de la población colombiana depende del agua de los páramos. Incluso, 399 municipios del país tienen jurisdicción en páramos que benefician a cerca de 20 millones de personas viven en esas poblaciones. Mientras que según cifras del Proyecto Páramo, la población que vive en los páramos asciende a 150.000 personas.

Fuentes de agua en peligro

De acuerdo con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” (IAvH), un metro cúbico de suelo de páramo es capaz de almacenar un litro de agua. Carlos Sarmiento, geógrafo que coordina el Proyecto Páramo del IAvH, señala que “el páramo, más que una fábrica de agua, es un regulador y retenedor de la misma”.

Es precisamente por la importancia socioambiental y la vulnerabilidad ecológica de estos ecosistemas, que el IAvH dio inicio al Proyecto Páramo en 2010. Esta iniciativa, en la que participan más de 400 personas (tanto del IAvH como de otras entidades gubernamentales), busca aportar información para que las autoridades ambientales tomen decisiones de manejo acertadas.

Se espera que para septiembre de 2015 se entreguen, al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, los estudios socioambientales y económicos sobre 25 complejos de páramos de los 36 existentes en el país. Según Sarmiento, “se ha tratado de acortar la distancia entre la academia y los entes gubernamentales”. 

Pero como suele suceder con la mayoría de los ecosistemas estratégicos en el planeta, los páramos se encuentran en riesgo. Son particularmente vulnerables al uso del suelo. Los efectos limitantes sobre la recuperación y resiliencia propios de este tipo de ecosistemas, los hace más sensibles a las actividades desarrolladas por el hombre. (Vea: Cuidar el agua, un buen negocio)

El uso del páramo hace parte de uno de los tantos conflictos por la tenencia y el uso de la tierra que existen en el país. Al respecto, una de las panelistas invitadas al simposio citó una frase que le escuchó decir a un habitante de Tororó, Cauca: “Los terratenientes nos presionaron a subir y la protección del ambiente nos quiere sacar (del páramo)”. Resulta indudable que las decisiones deben ser consultadas con los campesinos. 

En este aspecto Sarmiento considera que, más que el uso que los campesinos le dan al páramo, importa la forma en que se esté produciendo. “El verdadero impacto se produce cuando es a gran escala, de la mano de grandes papicultores que promueven la producción intensiva mediante el uso de maquinaria y agroquímicos que contaminan el suelo”, asegura el investigador. Esta realidad ha llevado a que el Proyecto Páramo estudie las formas de producción de los campesinos hacia la sostenibilidad y busque establecer, en conjunto con las comunidades, buenas prácticas ambientales.   

También, la minería en los páramos genera otro conflicto relacionado con el uso de la tierra. Si bien en Colombia esta actividad está sometida a reglas y varios instrumentos de control, genera una problemática socioambiental en diferentes regiones del país. (Vea: El drama de la minería ilegal y criminal en Colombia)

“Es importante que las comunidades y las multinacionales entiendan que la minería no solo es posible en el páramo. Se deben buscar otras alternativas”, explica Sarmiento. En esto coincide Alix Mancilla, miembro del Comité para la defensa del agua y del páramo de Santurbán, “el problema es que todas las licencias ambientales están en el territorio del páramo”, afirma. 

Lo que ha concluido el Proyecto Páramo es que, más que delimitar los páramos, es importante crear soluciones dentro de los mismos. Para esto es clave la participación de todos los actores del conflicto. “Las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) han sido activas en el desarrollo de los documentos. Y las comunidades, por ejemplo en el caso del Páramo de Santurbán, también han sido escuchadas”, enfatiza Sarmiento.

Hacia una gobernanza ambiental

Varios expertos coincidieron en que la problemática generada alrededor de los páramos en Colombia es producto de una falta de presencia del estado. “La guerrilla se ha establecido en páramos como el de Las Hermosas o el de Sumapaz como parte de una estrategia de guerra, pero también ha ejercido un papel dentro de las comunidades que viven en el páramo. Las multinacionales pueden reemplazar al estado al construir una escuela para la comunidad. Esta ausencia del estado genera un conflicto social que pone en riesgo la conservación de los páramos”, concluyó el Instituto Humboldt. 

La institucionalidad del gobierno colombiano no conoce la situación social en los territorios de páramos. Entidades como las Corporaciones regionales, no cuentan con el personal para hacer una presencia continua en los páramos de su jurisdicción. Esto es producto de debilidad institucional y falta de presupuesto estatal. 

En este sentido el Proyecto Páramo ha permitido identificar que la mejor estrategia que debe implementar el estado es reconocer las comunidades como aliados para construir gobernanza ambiental. Es por esta razón que el gobierno cada vez debe estar más sensible a escuchar a las comunidades y plantear un esquema de costos compartidos por toda la sociedad. 

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