Foto: Juan Carlos Sierra / Revista Semana.

Luis Gilberto Murillo llegó a la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible en medio de grandes expectativas por su experiencia y conocimiento del sector. Después de semanas de zozobra, no se le permitió nombrar a Rodrigo Suárez como director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en lo que se interpretó como una victoria del vicepresidente Germán Vargas Lleras por el control sobre esa entidad. Hoy, en medio del cuestionamientos sobre su liderazgo real, el ministro se ha concentrado en viajar por el país resolviendo conflictos, unos más ambientales que otros.

En entrevista con Semana Sostenible, Murillo comparte las metas que ha establecido para su gestión. Promete ser un ministro concentrado en la implementación de los acuerdos de paz y en los objetivos del desarrollo sostenible. Quiere centrar su trabajo en dos frentes: el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (Sina) y la reducción de la conflictividad ambiental.

SEMANA SOSTENIBLE: ¿Qué legado busca dejar en el ministerio? 

LUIS GILBERTO MURILLO: El ministerio tiene que ser muy efectivo en garantizar el proceso de construcción de un nuevo país y del momento histórico que vivimos. La implementación de los acuerdos de paz se debe anclar en el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no solo en aquellos de énfasis ambiental.

También tiene que ser el ministerio de la ciudadanía, que deja oír la voz de las regiones y de las comunidades que tradicionalmente han estado por fuera de los circuitos de toma de decisiones.

Debemos avanzar hacia la meta que trazó el presidente de tener 2,5 millones de hectáreas protegidas declaradas en 2018 y avanzar en la protección del recurso hídrico y la delimitación de páramos. Hay que tener en cuenta que está pendiente una tremenda tarea de recuperación y restauración de ecosistemas y aunque la conciencia ambiental ha aumentado mucho, las herramientas del sector no han crecido proporcionalmente. Además, es importante fortalecer el Sina, las corporaciones regionales y otras entidades territoriales que nos lleven a las metas que nos exige la sociedad.

S.S.: ¿Cómo logrará fortalecer el Sina?

L.G.M.: Lo primero es garantizar la sostenibilidad financiera del sector. Hay ajustes de normatividad necesarios para usar herramientas existentes como las tasas retributivas y las tasas por uso, pero hay que preparar un paquete de reformas legislativas que implica aumentar los recursos para el sector. Eso incluye considerar los tributos verdes en el marco de la reforma tributaria integral. También es necesario presentar un proyecto de ley de Pago por Servicios Ambientales.

S.S.: ¿Eso incluiría una reforma a la Ley 99? ¿Con la experiencia que tuvo dirigiendo una corporación, se le mediría a reformar las CAR?

L.G.M.: La ley 99 ha jugado un papel importante, es necesario complementarla con instrumentos adecuados para la etapa de reformas que está abordando el país. Estamos en un diálogo con las corporaciones, hay algunas propuestas que se han ventilado pero nada concluyente por ahora. Fortalecer las capacidades técnica y financiera son las prioridades por el momento.

S.S.: Usted ha mencionado la necesidad de devolver la Anla al ministerio. ¿En qué va esa propuesta?

L.G.M.: La Anla ha estado en la picota y hay que hacer algunos ajustes, sobre todo en la manera cómo opera actualmente. Es necesario articularla mejor con las corporaciones y los monitoreos de licencias. También debe revisarse la capacidad de tener un mayor rigor en los análisis de resiliencia de los ecosistemas y no de proyectos aislados. La entidad tiene poco personal y muchos contratistas, ese es un obstáculo para el normal desarrollo del talento que requiere la institución.

S.S. :¿Dejará en el cargo a la exsubdirectora o continúan en búsqueda de director?

L.G.M.: Claudia Victoria González está asumiendo esa responsabilidad. Realmente no lo he decidido, pero la situación se ha normalizado y de las propuestas de ajuste dependerá la definición de equipos.

S.S.: Sus propuestas requieren de muchos recursos, ¿cuáles serán sus principales argumentos en la negociación del presupuesto para el sector ambiental?

L.G.M.: El más fuerte es la indudable importancia de los asuntos ambientales en la agenda pública nacional y eso requiere que el fortalecimiento del sector sea proporcional. Ambiente y Desarrollo Sostenible ha sido muy castigado en los recortes presupuestales y requiere de un esfuerzo adicional para poder cumplir con las metas que nos hemos trazado y que el mismo presidente ha definido. La materialización de los dividendos ambientales tras la implementación de los acuerdos de paz solo se logrará con un sector ambiental fortalecido.

S.S.: Usted se convirtió en ficha clave del presidente para mediar en conflictos sociales. ¿Cómo conjugar ese rol con el de ministro y sobre todo, cómo no quemarse con tantos chicharrones?

L.G.M.: De eso se trata la gestión pública y sobre todo el papel de este ministerio. La instrucción que he recibido del presidente Santos es de conectar sectores y regiones que requieren una ampliación de sus voces. Eso implica mucha interlocución, diálogo social para conciliar intereses y definir agendas conjuntas. El objetivo es disminuir la conflictividad: cerca del 85 por ciento de la conflictividad en el país tiene relación con temas ambientales y por eso la institucionalidad debe tener un papel fundamental en esos diálogos. Un ejemplo es la gran discusión que se dio hace dos meses sobre el Valle del Cocora en torno a la conservación de los ecosistemas asociados a la palma de cera. Pasamos del conflicto a la colaboración para tener un plan concreto de restauración de los ecosistemas.

S.S.: Finalmente, ¿qué diálogo ha tenido hasta ahora con otras carteras y con la Vicepresidencia sobre los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines), especialmente cuando la corte quiere darle mayor espacio a los gobiernos locales?

L.G.M.: Tenemos comunicación fluida con Minas, Agricultura, Transporte, Comercio y Vivienda. Por ejemplo, con Minas hemos hecho una serie de sesiones de trabajo internas para llegar a planes mineros que permitan soluciones concretas, teniendo en cuenta la expectativa de los sectores, los empresarios y la sociedad civil. En cuanto a la formalización minera en el Chocó, hemos desarrollado planes piloto con las comunidades de la zona. Estaremos atentos a los procesos de reglamentación y expedición de normas que interpreten los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional.

En cuanto a infraestructura trabajamos con el Ministerio de Transporte, la ANI y la Vicepresidencia en el marco de los Pines para cumplir con los estándares ambientales y a su vez revisar las medidas de viabilidad ambiental.

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