Una de las reacciones más esperadas sobre el tema ambiental de la semana era la del Ministerio de Ambiente. Tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la delimitación del páramo de Santurbán porque no había tenido en cuenta a las comunidades afectadas por la misma, todos los reflectores apuntaban hacia esa entidad que fue la responsable de esa decisión.
Y la respuesta no tardó en llegar. Este miércoles, el ministro Luis Gilberto Murillo les salió al paso a las especulaciones y afirmó que su cartera respetará e implementará "con todo el detalle posible" el fallo de la Corte Constitucional.
Al fallar una acción de tutela, el alto tribunal derogó la delimitación realizada por el Ministerio de Ambiente en el año 2014, con lo que el futuro de este ecosistema que surte de agua a 2,5 millones de personas en el norte del país quedó en un limbo. 
Sin embargo, según Murillo la sentencia representa "una muy buena oportunidad para profundizar  la participación de las comunidades en la delimitación de este tipo de ecosistemas que lleve a considerar no solamente elementos técnicos y ecológicos, sino sociales y económicos".
La decisión de la corte fue fallada por una sala de revisión que le dio la razón a los argumentos del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, que interpuso una acción de tutela en julio de 2015. Según el magistrado ponente, Alberto Rojas Ríos, el Ministerio de Ambiente vulneró los derechos al debido proceso y a la participación de las comunidades que habitan en los alrededores de Santurbán.
Al respecto, Murillo dijo que se va a definir un procedimiento que sea claro para el Ministerio y para todo el Sistema Nacional Ambiental, pero también para toda la ciudadanía de cómo se delimita un páramo. "Tenemos que desarrollar ese proceso de participación y llegar a la delimitación concertada con la comunidad para la tranquilidad de la opinión pública", afirmó Murillo.
Sobre la incertidumbre que generó la decisión del alto tribunal en torno a la protección del páramo, Murillo dijo que la actual delimitación se mantendrá por un año durante el cual seguirá vigente "el blindaje de esas casi 100.000 hectáreas frente a cualquier actividad que ponga en riesgo ese ecosistema".

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