Este viernes se escribirá un nuevo capítulo de la disputa por la minería en el páramo de Santurbán. Una marcha convocada por diversas organizaciones ambientales recorrerá las calles de Bucaramanga y mostrará la magnitud de la oposición social al proyecto Soto Norte de la empresa árabe Minesa, que pretende extraer 9 millones de onzas de oro durante 23 años en las inmediaciones de la montaña que surte de agua a la capital de Santander y a varios municipios de esa región del oriente del país.

Hace exactamente un mes, Minesa radicó ante la Anla el Estudio de Impacto Ambiental que sirve de requisito para obtener la licencia de explotación. Aunque está por fuera del páramo delimitado en 2014 (el punto más cercano está a 140 metros del límite trazado), se haría de forma subterránea con la mejor tecnología disponible y sin utilizar mercurio ni cianuro, la resistencia de las organizaciones ambientalistas al proyecto Soto Norte es igual de férrea que hace nueve años cuando comenzó este conflicto.

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“Para nosotros es impensable que se haga megaminería en el páramo”, dice Carlos Sotomonte, intregrante del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. “Así digan que están por debajo de la línea que trazaron en la delimitación, estos no son ecosistemas aislados sino que están interrelacionados con el subpáramo y el bosque altoandino. Además, la extracción se va a hacer por encima de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga y eso puede poner en peligro el abastecimiento de agua para los 2.5 millones de personas que vivimos en esta región”, afirma.

El tema de la generación de desechos es otra de las principales preocupaciones de los grupos ambientalistas. Aunque Minesa ha afirmado que gran parte del material que se va a remover durante la explotación se va a utilizar para rellenar los túneles, los opositores temen que las excavaciones liberen metales pesados al ambiente y que contaminen las aguas superficiales y subterráneas.

De hecho, los estudios ambientales realizados por la empresa Eco Oro para el primer proyecto de este tipo que fracasó en Santurbán mostraron que en esas montañas se concentran altos niveles de elementos químicos que están presentes naturalmente, pero que pueden ser potencialmente riesgosos. Por ejemplo, por cada gramo de oro hay 40 de arsénico y 39 de uranio, que al entrar en contacto con la atmósfera se convierten en un peligroso contaminante para las aguas y el ambiente.

“Eso sin contar con que la otra parte de los residuos van a ser almacenados en un dique de cola ubicado en una pendiente del municipio de Suratá. Aunque nos prometan que utilizarán la mejor tecnología y los controles más estrictos, a nosotros no se nos olvida que en Brasil a una de las empresas mineras más importantes del mundo se le rompió una de esas represas y los lodos tóxicos se esparcieron por 800 kilómetros matando todo lo tocaba a su paso”, dice Sotomonte.

Un nuevo round de la pelea por Santurbán

La marcha de este viernes es la continuación de una pelea que comenzó en 2009, cuando otra empresa, esta vez la canadiense Eco Oro, solicitó a la Anla una licencia ambiental para explotar oro a cielo abierto en Santurbán. La petición generó una controversia que alcanzó dimensiones nacionales, pues puso en evidencia las tensiones causadas por la entrega indiscriminada de títulos mineros en los ecosistemas estratégicos para la vida de los colombianos.

En 2011, y como respuesta al escándalo suscitado, Eco Oro modificó el esquema de extracción hacia uno subterráneo y volvió a solicitar la licencia ambiental. Pese a los reparos de numerosos grupos ambientalistas y académicos, la Anla decidió otorgar el permiso bajo el supuesto de que se trataba de un proyecto de interés nacional. La respuesta de los opositores fue una multitudinaria marcha en Bucaramanga que puso en blanco y negro la discusión sobre la minería en Santurbán: agua u oro.

La disputa que se vivía en Santurbán demostró que el país tenía una gran deuda, pues la mayoría de sus páramos no estaban delimitados. Eso en la práctica significaba que era muy difícil establecer exactamente dónde se podía o no hacer minería. La falta de claridad generaba que muchos lugares que deberían estar protegidos fueran vulnerables frente a la intervención humana, pero también que no existiera seguridad jurídica para las empresas que invertían millonarias sumas en territorios vedados para esa actividad.

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En el intento de solucionar esta disyuntiva, el gobierno de Juan Manuel Santos delimitó el páramo de Santurbán en 2014, después de varios años de controversia. El problema radicaba en que esa delimitación no podía ser solamente ambiental, pues dos pueblos completos, Vetas y California, habrían sido considerados como parte del páramo. Eso significaba que en esas tierras quedaba vetada no solo la minería, sino también la agricultura o la simple construcción de una casa.

Para esas comunidades la delimitación era una tragedia. Por siglos ambos municipios han vivido solo de la minería y sus pobladores sentían que una decisión tomada desde Bogotá los podía dejar sin sustento. Finalmente el gobierno planteó un esquema flexible. Aunque trazó una línea desde donde comenzaba el páramo, intentó dejar vigentes los títulos que habían sido entregados previamente.

Pero una sentencia de la Corte Constitucional de 2016 que prohíbe de forma tajante la minería en estos ecosistemas no solo puso en vilo la continuidad de esta actividad tradicional en Vetas y California, sino que hundió definitivamente el proyecto de Eco Oro porque la mayoría de sus títulos se encontraban encima del límite trazado por el Ministerio de Ambiente. Más tarde, acudiendo al Tratado de Libre Comercio con Canadá, la empresa demandó al Estado colombiano por una suma multimillonaria argumentando que se afectaron sus derechos y expectativas legítimas al tratarse de un caso de expropiación indirecta y trato desigual.

Mientras todo esto pasaba, la compañía AUX del brasileño Eike Batista se asentaba en California y comenzaba actividades de exploración aurífera en inmediaciones de Santurbán. En 2014, los títulos de AUX fueron adquiridos por Minesa por un valor de 400 millones de dólares. De inmediato, la empresa renunció al porcentaje de los títulos que se sobreponían con el páramo delimitado y empezó a perfilar un proyecto de explotación por debajo de esa línea.

Ese proyecto es el que está en estudio actualmente en la Anla y que ha suscitado nuevamente la reacción de los ambientalistas del país. La empresa ha intentado demostrar las ventajas que traería Soto Norte, que sería la mina subterránea más moderna de Colombia y que permitiría la creación de 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos, generaría 5,9 billones de pesos en regalías e impuestos y pagaría más de 4,8 billones de pesos en compras y salarios locales.

Sin embargo, para los líderes de la marcha los argumentos ambientales tienen un peso absoluto e indiscutible en la discusión. Alrededor de los temores sobre el agua y la contaminación no solo han logrado aglutinar a diversas organizaciones sociales y ambientales del país. También han alineado importantes apoyos políticos como el alcalde de Bucaramanga, que se ha pronunciado duramente contra Minesa y que hoy decretó día cívico para alentar la participación en el evento. Allí también estarán dirigentes nacionales como Claudia López e Iván Cepeda, quienes han liderado la oposición al proyecto desde el Senado de la República.

Con todos estos respaldos, Sotomonte espera que a la marcha de este viernes asistan al menos 100.000 personas para manifestarse en contra del proyecto minero de Minesa. A pesar de que la decisión final está en manos de la Anla, la manifestación será un nuevo pulso sobre la minería cuyo resultado no solo afectará el futuro de Santurbán y toda la región circundante, sino que sentará un precedente sobre la posibilidad de que los ciudadanos decidan sobre el desarrollo de esta actividad.

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