Marmato, Caldas. (Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA)

Este martes la Sala Plena de la Corte Constitucional definió el pleito que mantenía la multinacional Gran Colombia Gold con los mineros artesanales del municipio de Marmato (Caldas). Después de diez años de dimes y diretes, se le dio la razón a los habitantes sobre que el título otorgado a la empresa canadiense en la mina Villonza en la parte alta del cerro El Burro va en contra de sus tradiciones culturales y los dejaría en una difícil situación ya que el 80% de los pobladores del municipio viven de actividades relacionadas con la minería.

La Sala PLena falló a favor de la ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien en 159 páginas pide la realización de una consulta previa de los mineros tradicionales y de los grupos étnicos, para que ellos mismos decidan cual será el futuro minero de la zona. La votación final fue de 5 magistrados a favor y 3 en contra.

Con esta decisión, el Ministerio del Interior, la Gobernación de Caldas, la Personería municipal de Marmato y la Agencia Nacional de Minería; deberán adelantar los preparativos para que los ciudadanos se expresen en las urnas. Asimismo, en la ponencia se hizo un llamado a que no se presenten este tipo de casos en los que se desconocieron de entrada los impactos sociales y económicos para el otorgamiento del título minero en cuestión.

La defensa de Gran Colombia Gold se cimentaba en que las autoridades colombianas le habían otorgado el título CGH-081 del 2008 para exploración y explotación de oro en el municipio caldense, algo que nunca se llegó a materializar por la ocupación que hicieron los mineros de Marmato en las zonas demarcadas por el título.

Ante esto la multinacional anunció que demandará al Estado colombiano por 700 millones de dólares, una posibilidad que está amparada en los reglamentos del Tratado de Libre Comercio que suscribió Colombia con Canadá. En la demanda se reclamará que la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la alcaldía de Marmato, nunca dieron soluciones para impedir la ocupación de las zonas de explotación sobre las cuales la minera tenía titulación. Asimismo, Gran Colombia Gold se escuda en que en septiembre de 2010 la justicia colombiana ordenó que los predios ocupados fueran devueltos a Gran Colombia Gold para efectuar los trámites de la licencia ambiental e iniciar la extracción de oro en la parte alta del cerro El Burro.

Volviendo a la decisión tomada este martes, parece ser que para la Corte Constitucional pesó más la problemática social en la zona, por lo que la resolución 751 de 2010 desde este martes queda sin sustento jurídico. Faltará ver en que termina la demanda de la multinacional canadiense, en un caso que refleja que la desconexión de la institucionalidad colombianapara la expedición de títulos mineros.

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