65 millones de toneladas de emisiones de Gases de Efecto Invernadero dejaría de emitir Colombia del año próximo al 2030.

En poco más de un mes, los líderes del mundo se reunirán en París con la obligación de llegar a un acuerdo que le ponga un límite al calentamiento global. Luego del fracaso de la Conferencia de Copenhague en 2009, en la que no se lograron avances concretos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las expectativas están puestas sobre los compromisos reales que asumirán los países para enfrentar un fenómeno que amenaza la supervivencia de los seres humanos.

Para ajustarse a ese propósito, el presidente Juan Manuel Santos afirmó en julio pasado que Colombia reducirá en un 20 % sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Aunque en ese momento el Ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, dijo que para lograr esa meta estaban contempladas estrategias de adaptación y mitigación, aún no está claro cuáles van a ser esas acciones que permitirán que el país deje de enviar aproximadamente 65 millones de toneladas de estas sustancias a la atmósfera.

Sin embargo, este viernes se lanzó una iniciativa que, según sus promotores, será fundamental para cumplir ese objetivo. Se trata de una plataforma tecnológica a través de la cual se podrán hacer transacciones financieras con bonos de carbono colombianos. Creada por la Fundación Natura y administrada por la Bolsa Mercantil de Colombia, esta herramienta permitirá la consolidación de un mercado nacional de créditos de carbono que sirva como punta de lanza para reducir las emisiones del país a los niveles a los que se comprometió Santos.

Los bonos de carbono son un mecanismo establecido desde el Protocolo de Kyoto para mitigar los impactos de las emisiones contaminantes sobre el medio ambiente. Funcionan bajo la premisa de que los actores cuyas actividades generan gases de efecto invernadero (principales causantes del calentamiento global) pueden compensar esos efectos mediante la adquisición de certificados que acreditan que están financiando proyectos de captura o abatimiento de estos gases, así sea en lugares diferentes del que operan.

Según Roberto León Gómez, subdirector de desarrollo local de la Fundación Natura, en Colombia se hacen desde hace varios años este tipo de transacciones, pero de una manera muy incipiente, “por ejemplo si necesito créditos de carbono me toca salir a buscar, casi que con un letrero en la mano, quién me vende créditos de carbono. Si lo encuentro, hago el negocio y el registro por mi propia cuenta porque no hay ninguna entidad que se encargue de facilitar esos trámites”, explica.

Por eso, el objetivo de la nueva plataforma es crear un sistema de información, registro y transacción de bonos de carbono que visibilice los proyectos de reducción de emisiones y promueva la demanda de estos títulos por parte de los empresarios que necesiten hacer uso de ellos, pero también de intermediarios que los compren y los vendan posteriormente para sacar algún tipo de rentabilidad. “La idea es que estos negocios se hagan mayoritariamente entre empresas colombianas y que sus resultados sean contabilizados en el registro de emisiones que lleva el Ministerio de Ambiente”, añade Gómez.

El director de la oficina de negocios verdes y sostenibles de esa cartera, Mauricio Mira, dice que “en el Ministerio vemos con muy buenos ojos esta iniciativa porque en Colombia estamos en mora de generar un mercado de carbono que nos sintonice con una tendencia que ya se está aplicando en varios lugares del mundo”. En ese sentido, según el funcionario, el gobierno está estudiando alternativas como el establecimiento de límites e impuestos a las emisiones contaminantes que puedan servir para estimular la demanda de créditos de carbono.

Ese es tal vez el principal obstáculo que debe sortear la plataforma de bonos de carbono: el poco interés de las empresas y, sobre todo, del sector financiero en un negocio que no genera incentivos para involucrarse ni garantiza una buena rentabilidad. A pesar de que los mercados de carbono se han implementado en Europa y en varios países del continente como México y Costa Rica, el hecho de que la participación sea voluntaria y que las compañías lo asuman más como un asunto de responsabilidad social empresarial impide que se conviertan en instrumentos efectivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

De ahí que Gómez enfatice en el rol protagónico que debe jugar el Estado en la implementación de la plataforma. “Para que esto funcione se deben crear tasas al carbono y esquemas de transacción de derechos de emisiones que permitan que las empresas puedan comprar reducciones por anticipado o que actores intermediarios compren esos bonos para venderlos cuando las empresas tengan que demostrar que cumplieron con los compromisos estipulados”, afirma.

Por lo pronto, la plataforma tecnológica para la transacción de bonos de carbono entrará en funcionamiento en enero de 2016. Un mes antes, una delegación colombiana se reunirá en París con los líderes mundiales para acordar las medidas que evitarán que el calentamiento global supere los dos grados centígrados. Lo que ocurra en ese histórico encuentro seguramente influirá en el funcionamiento de esta idea que, a juicio de Gómez, puede ser el pilar de la estrategia del país para cumplir el compromiso de reducir el 20 % de sus emisiones contaminantes en 2030.

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