Este es el valle de la vereda San Ramón, en Santa Rosa de Osos, en el que se ubicará la planta de procesamiento del proyecto.

La última vez que en Colombia se inauguró un proyecto minero a gran escala fue en 1995, cuando Drummond empezó a explotar un yacimiento de carbón de 10.000 hectáreas en el corregimiento de La Loma, en el occidente del Cesar. En los 20 años que pasaron desde entonces, y a pesar del auge de precios altos que experimentaron las materias primas y de que los títulos mineros se multiplicaron por cuatro en la última década, no entró en operación ninguna mina nueva.

Esta racha se romperá el próximo mes de agosto, cuando la empresa canadiense Red Eagle Mining comience la construcción del proyecto San Ramón en el municipio antioqueño de Santa Rosa de Osos, ubicado 65 kilómetros al norte de Medellín. Se trata de una mina subterránea de la que se extraerán 50.000 onzas de oro cada año durante los ocho que durará inicialmente la explotación, lo que la convertirá en una de las principales productoras de este mineral en el país.

Para lograr este propósito, cada día se removerán 1.000 toneladas de tierra para tratarlas en una planta que ocupará 16 de las 500 hectáreas que comprende el contrato de concesión minera aprobado por la Secretaría de Minas de Antioquia. Rafael Silva, gerente del proyecto San Ramón, afirma que en ninguna fase del proceso se utilizará mercurio y que en la producción de cada gramo de oro se consumirán 40 litros de agua, de los cuales el 72 por ciento serán reutilizados. (Ver: Minería y licencias exprés al PND, el medio ambiente el gran perdedor)

Toda esta operación fue aprobada por Corantioquia a través de la licencia ambiental que le otorgó a la Red Eagle Mining en marzo de este año. Con ello se convirtió en el primer proyecto minero que logra ver la luz verde en una coyuntura muy convulsionada. Aunque los últimos gobiernos han apostado por un modelo de desarrollo basado en las actividades minero-energéticas, la realidad es que los intentos de materializar esta iniciativa en los territorios han estado marcados por múltiples conflictos y manifestaciones sociales.



En primer plano, la proyección de lo que será la mina San Ramón y al fondo el valle donde se ubica el proyecto. En rojo, el depósito de 400 mil onzas de oro que se extraerán en 8 años.

Basta recordar las marchas multitudinarias, así como las controversias jurídicas y ambientales que han obstaculizado la ejecución de proyectos de la magnitud de La Colosa en el Tolima y Santurbán en Santander, por citar los ejemplos más representativos. De ahí la importancia de la puesta en marcha de San Ramón. Como explica Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, “en el gremio existe mucha expectativa por lo que puede representar San Ramón para el futuro de esta actividad en el país”.

Para explicar el hecho de que la Red Eagle haya obtenido la licencia de explotación en medio de este entorno, hay que tener en cuenta dos factores fundamentales. El primero es que desde su llegada a Santa Rosa de Osos, en julio de 2010, constituyó un equipo de profesionales encargados de la relación con la comunidad. A diferencia de otras empresas que realizan sus labores exploratorias de una manera soterrada y casi secreta, la Red Eagle hizo ejercicios de divulgación desde el momento en que sus geólogos comenzaron a recolectar las muestras de suelos.

Thyana Álvarez, directora de Responsabilidad Social de Red Eagle en San Ramón, dice que esta decisión ha marcado la diferencia porque lograron desactivar muchos conflictos por medio de la entrega oportuna de información a los habitantes del municipio. “El error de muchas empresas es que no hacen los trabajos de cara a la comunidad y eso le genera muchas sospechas a la gente. Y luego, cuando la desconfianza ya está creada, es casi imposible revertir esa situación y recuperar la credibilidad”, explica Álvarez.

Para Silva, esto ha sido posible gracias a una política corporativa que busca que la empresa se inserte dentro de la sociedad y se convierta en un actor más dentro de ella. Verónica Zapata, funcionaria de la secretaría de desarrollo social de Santa Rosa de Osos, cuenta que la posición de la administración municipal ha sido facilitar la comunicación entre la gente y la empresa y aprovechar la presencia de Red Eagle para llevar a cabo varios proyectos que tenían represados por falta de financiación. (Ver: “La única vía para detener el daño ambiental es la paz”)

“Como los municipios no podemos oponernos a la minería en nuestros territorios, hemos tratado de asociarnos con Red Eagle para ejecutar obras como la construcción de centros deportivos y el mejoramiento de la infraestructura educativa, principalmente”, describe Zapata. Luego aclara que la idea no es que la empresa remplace al Estado sino que ambos puedan trabajar de la mano para que los réditos económicos que trae esa actividad se traduzcan en beneficios para todos los habitantes.

El segundo factor es que la Red Eagle ha entendido que hay lugares cuya importancia ecológica y ambiental no puede ser sacrificada bajo ninguna consideración económica. Muestra de ello es la renuncia a explotar un área de 5.000 hectáreas que, aunque tenía titulada a su favor, se sobrepone con el cerro San Jorge, una reserva en la que abundan los bosques de niebla y en la que nacen las fuentes de agua que abastecen los acueductos de Santa Rosa y de varios municipios del Valle de Aburrá. El cerro también es el hábitat de 80 especies de aves, de 140 árboles nativos y de mamíferos como el puma y el oso de anteojos.

Lo curioso es que esa zona no fue declarada por el Estado sino por un ambientalista llamado Rodrigo Castaño, quien aprovechó las 900 hectáreas que heredó de su familia para constituir la Fundación Guanacas y prohibir allí cualquier tipo de actividad que pusiera en riesgo ese espacio de conservación. “A finales de 2013, me enteré de que algunos trabajadores de la Red Eagle estaban explorando en los predios de Guanacas. Yo sentí que la labor a la que le había dedicado los últimos 25 años de mi vida estaba en riesgo de ser destruida”, recuerda Castaño. (Vea: el drama de la minería ilegal y criminal en Colombia)


Una de las fuentes de agua que nace en los predios de la Fundación Guanacas y que abastece varios acueductos de la región. (Cortesía Fundación Guanacas).

De inmediato se comunicó con los funcionarios encargados de los temas ambientales en la Alcaldía y convocó a una manifestación para exigirle a la empresa que abandonara sus labores en el cerro San Jorge. A principios de 2014, el Concejo de Santa Rosa convocó una audiencia pública para tratar el tema de la exploración en ese sitio. A ella asistieron Rodrigo Castaño y Rafael Silva para exponer sus puntos de vista.

Al final de la reunión, Silva se le acercó a Castaño a pedirle que se sentaran a conversar para encontrarle una solución a ese problema. Ambos acordaron ir juntos a los terrenos de la Fundación Guanacas para que Silva pudiera ver de primera mano las razones por las que hacer minería en ese lugar era un gran error ambiental. “Bastó una visita para darnos cuenta de que allá no se puede hacer minería de ninguna índole. Red Eagle tiene muy claro que hay sitios en los que es posible extraer minerales y otros en los que definitivamente no. El cerro San Jorge es uno de ellos”, afirma Silva.

Este directivo también asegura que esta decisión fue la que les otorgó la “licencia social” para seguir adelante con el proyecto de San Ramón. Según él, “eso le demostró a la gente que la empresa sí tiene voluntad de aportarle y no está aquí solo para llevarse las riquezas”. Ahora bien, hay que aclarar que en Santa Rosa todavía persiste un grupo de jóvenes que se hacen llamar los Vigías de los Osos y que se oponen radicalmente a la apertura de la mina en el municipio.

Ellos argumentan que la minería está remplazando a la agricultura y la ganadería, que son las actividades tradicionales del municipio, y que los daños ecológicos que va a causar la explotación son imposibles de recuperar. Sin embargo, Castaño considera que en esa posición hay cierta contradicción porque “en términos ambientales ha sido peor la deforestación de la mayoría del territorio para hacer ganadería extensiva que una mina que va a ocupar menos del uno por ciento del municipio”.

Más allá de este debate puntual, lo cierto es que San Ramón ya cuenta con todos los requisitos para entrar en operación y pronto será la primera mina que se inaugura en el país en los últimos 20 años. Por esa razón se ha convertido en el ejemplo a mostrar por parte del gremio minero, el cual desea que estos casos se repitan más a menudo. No obstante, para que ello sea posible es necesario que en otras partes del país se empiece a emular la transparencia y la construcción de consensos que caracterizaron la actuación de Red Eagle en Santa Rosa de Osos.

Así será la planta de tratamiento que se construirá en 16 hectáreas del Valle de la vereda San Ramón. (Cortesía Red Eagle Mining).

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